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Guardiana (Bolivia) y diseño de portada Ramiro Moncada

Jueves 24 de septiembre de 2020.- Cuando una persona pone un pie en un juzgado, no sabe cuánto tiempo y dinero terminará a la larga gastando. Por eso, uno de los mayores beneficios de la conciliación en Bolivia es el tiempo y dinero ahorrados, además del estrés evitado.

El juicio más rápido en los tribunales de justicia dura 243 días, mientras que la conciliación más larga, en promedio, 50 días, de acuerdo con un estudio del Proyecto de Acceso a la Justicia de la cooperación suiza en Bolivia.

Como ya se vio en entregas anteriores de la #SerieJusticia, existen la conciliación judicial y la extrajudicial. En la primera es el Estado el que asume los costos y quien es conciliador tiene incluso la posibilidad de pedir que trámites ante Derechos Reales, Sereci y Segip para la solicitud de algún documento sean gratuitos si así lo ve por conveniente como se verá en la historia de don Clemente y en la conciliación extrajudicial hay costos no altos que las partes en conflicto tienen que asumir (en las dos próximas entregas de esta serie podrás conocer los costos en detalle y también los pasos a seguir).

En los centros de conciliación extrajudicial un problema se puede resolver en una, dos o tres sesiones, a razón de una sesión por semana. Solo los casos complejos han necesitado entre cinco y siete sesiones.

En términos de costos, la conciliación también muestra su cara amable. Un estudio econométrico –encargado por Cosude—refleja que un proceso judicial le cuesta al Estado al menos 13 mil bolivianos, mientras que una conciliación judicial puede demandarle si se prolonga 1.800 bolivianos. En otras palabras, un juicio le significa al Estado siete veces más que una conciliación.

La conciliación  allana el camino hacia el acceso a la justicia para la gente que no puede pagar un abogado por lapsos largos y encarar un proceso judicial, junto con otro presupuesto adicional para trámites.

Un proceso judicial le cuesta al Estado al menos 13 mil bolivianos, mientras que la conciliación puede llegar a costarle unos 1.800 bolivianos.

Estudio econométrico de Cosude

Las siguientes historias corresponden a procesos de conciliación judicial en los que las partes no gastaron dinero.

Historia 1: Perdieron $15 mil y 10 años

Todo empezó hace una década en la ciudad de El Alto. Allá, 32 personas iniciaron la compra de terrenos en una urbanización ubicada en esa ciudad. Si bien luego estuvieron en posesión de sus lotes, ellos no tenían el Folio Real que da Derechos Reales una vez que una persona ha terminado su trámite de traspaso de un lote, una vivienda o un departamento.

No sabían lo que les esperaba y no tardarían mucho en enterarse... Los lotes tenían otro dueño. Pero ninguno de los 32 lo aceptaría como tal. “Tú no eres el dueño, nosotros vamos a conseguir nuestros papeles por nuestra vía”, le decían. Y el otro les contestaba: “Yo voy a hacer mi propia planimetría y los voy a sacar a ustedes sea como sea”.

Este tipo de problema es muy común en Bolivia. Una o más personas compran un lote a precio módico, pero no les dan todos los papeles en orden, incluyendo los de Derechos Reales. A veces, esto cuenta solo con la minuta de compra-venta. Luego comienzan los problemas.

Durante los diez años en que duró el proceso judicial, los vecinos debían aportar en dinero para poder pagar abogados y gastos que implicaba el mismo. No faltó un dirigente que los estafó.

Por eso, de los 32 que empezaron con el proceso judicial, como cuentagotas algunos vecinos comenzaron a hacerse a un lado, al final un total de 10 decidieron abandonar el mismo. Estaban cansados de pagar sus cuotas sin ver resultados. Y no faltaron los que terminaron peleando entre ellos.

La pelea llegó hasta el nivel máximo de las instancias judiciales: el Tribunal Supremo de Justicia, como recurso de casación, es decir, de revisión, y los magistrados declararon nulo el proceso, en otras palabras, volvió a fojas cero.

El proceso retornó al juzgado de origen y, de acuerdo con el Código Procesal Civil, el juez lo derivó a una conciliación judicial previa.

Hasta ese momento, los vecinos habían gastado unos 15 mil dólares en abogados y procesos legales durante 10 años hasta que ya cansados de tanto pelear acudieron a la conciliación judicial y lograron en dos meses consolidar el derecho propietario de sus lotes sin pagar un solo centavo.

Así fue el principio de la conciliación...“Ya conocemos prácticamente a todos los abogados especializados en la materia, ninguno nos ha resuelto el conflicto. No sabemos qué hacer”, lamentó uno de los vecinos el día en que acudieron por primera vez ante la persona que mediaría en el proceso conciliatorio.

Fue en ese momento en que conocieron a la abogada conciliadora Ana Cáceres, quien cuenta que, además de revisar el proceso legal en su conjunto, es necesario llegar al corazón de las partes y generar empatía entre estas.

Cáceres recuerda que al principio en la atención de este caso, el problema estaba “bastante peleado porque después de tantos procesos (las partes) se llenan de un sentimiento negativo, de rabia, de dolor”.

El proceso de conciliación comenzó con la revisión de la documentación correspondiente como el estado de los lotes en Derechos Reales (DDRR), cuya solicitud tiene un costo, pero el mismo es gratuito si es requerido por un conciliador, al igual que la documentación del Segip, para la determinación de domicilios, o Sereci para casos de fallecimiento.

Luego de cinco audiencias, los vecinos terminaron por reconocer la titularidad del dueño y éste, luego de recibir el pago por cada lote, otorgó los títulos de propiedad correspondientes y se solucionó el conflicto.

“Por fin vamos a descansar. Nos vamos a dedicar a construir nuestras casas. No podíamos hacerlo por el temor de que en algún momento nos puedan desalojar”, dijo uno de ellos.

La solución del caso tomó cerca a dos meses en cinco audiencias y sin ningún costo. Esto después de haber pasado por un juicio que duró 10 años y un gasto de 15 mil dólares.

Historia 2: El hombre que peregrinó por Bs100

Un buen día, a un agricultor llamado Clemente se le ocurrió que debía buscar a un abogado para legalizar los papeles de una pequeña propiedad en su comunidad. Sabía que ya no era joven y que el otoño podría seguir avanzando sobre su vida y era mejor pensar en el futuro de los hijos.

No tenía dinero para grandes ni largos trámites. Si acudía a los estrados judiciales, tendría que haber gastado por lo menos unos dos mil bolivianos según los aranceles vigentes.

Hay personas como don Clemente que no pueden perder sus 100 bolivianos y, por ello, inician una peregrinación detrás de quien no quiere devolverles ese dinero.

Se dirigió a la ciudad de El Alto y al pasar por una edificación llena de oficinas de abogados se encontró con una abogada en la puerta. A ella le pidió que le hiciera el trámite. La profesional aceptó y se quedó con los papeles de la propiedad y un adelanto de 100 bolivianos para iniciar la tarea. Fue un acuerdo verbal.

Una semana después, don Clemente buscó a la abogada para saber cuánto había avanzado en su caso. No la encontró. Fue el inicio de un peregrinaje semana tras semana. Ella no lo atendía o lo sacaba de su oficina con algún pretexto. Tampoco respondía a sus llamadas telefónicas y, lo peor, no le devolvía sus papeles ni su dinero.

“Se hacía de la vista gorda”, contó el anciano, quien se sentía estafado.

Este agricultor no tenía mucha idea sobre lo que significa iniciar una demanda en contra de la abogada con respecto a procedimientos, tiempos y gastos; aunque sospechaba que intentarían cobrarle más de lo que en realidad él podía pagar.

Luego de escuchar en la radio sobre los procesos de conciliación ciudadana, don Clemente se aproximó a la Oficina de Conciliación en Sede Judicial, en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto y pidió ayuda.

Ingresó al proceso de manera directa. Solo presentó su cédula de identidad, se registró y contó los hechos. No necesitó memorial alguno.

Sortearon qué conciliadora debía tocarle. Le tocó la número 1, la abogada Ana Cáceres, quien desde ese momento se hizo cargo de la angustia del agricultor.

En este proceso de conciliación judicial, después de conocer el caso, la conciliadora solicitó que se notifique a la abogada que le debía dinero y papeles a don Clemente. Incluso vieron la manera de evitarle cualquier gasto al agricultor por ese trámite. “He tenido que interceder para que el Oficial de Diligencias colabore, porque sino gran parte de sus 100 bolivianos se le iban a ir en la notificación”, contó la conciliadora.

En la reunión de conciliación, la abogada dijo que estaba dispuesta a continuar con los trámites de don Clemente. Aseguró ante la conciliadora que no había estafado a este adulto mayor. Sin embargo, creía que no tenía por qué devolver el dinero pues, según ella, ya había gastado en la consulta a Derechos Reales.

“Hemos buscado -contó la conciliadora Cáceres- empatizar con la abogada y finalmente ha entendido que el señor es de escasos recursos y había que devolverle sus 100 bolivianos porque no había resultados”.

Al final de la única audiencia de proceso de conciliación en El Alto que fue necesaria en este caso, don Clemente recuperó sus 100 bolivianos sin gastar un solo centavo.

Historia 3: Conciliación en más de un idioma

Luego del fallecimiento de sus papás, seis herederos se enfrascaron en un pleito por la división y partición de un bien inmueble que les dejaron en herencia. Se trataba de una casa de 500 metros cuadrados, con una construcción de cinco pisos, en la populosa y comercial zona 16 de Julio de El Alto. Su valor era de 1,5 millones de dólares.

Cuando los padres aún vivían, permitieron que los hijos construyan en el inmueble su “lugarcito” para vivir y cada quien lo hizo de acuerdo con sus ingresos: algunos edificaron un lujoso departamento, con un gasto de hasta 10 mil dólares; otros un par de cuartos. Incluso una de las hermanas financió solo un pequeño cuarto de adobe.

Este era el origen del conflicto porque los hermanos no aceptaban la división en partes iguales porque habían invertido en el inmueble.

Uno de los hermanos interpuso la demanda de partición y división en un juzgado y el juez remitió el tema al conciliador en lo que sería una conciliación judicial.

No sería fácil... Las y los hermanos tenían entre 60 y 70 años. Una de ellas solo habla aymara y otro tiene alzheimer. Estas condiciones dificultaban un acuerdo entre ellos.

Ramiro López, conciliador Nº 6, quien también habla aymara, comenta que fue uno de los casos más dificultosos que enfrentó en su larga carrera como abogado y conciliador ciudadano. Sin embargo, después de unas seis audiencias, que tomaron un total de tres meses, y luego de identificar los intereses y necesidades de cada uno de ellos, se culminó con un acuerdo que benefició a todos.

“Teníamos que manejar el idioma aymara para la hermana, que era aymarista cerrada, y traducirlo al castellano para algunos de los hermanos que no manejaban el idioma”, recuerda López.

Inclusive se hicieron audiencias por separado, con cada uno de los hermanos, “lo que llamamos caucus” para entender a cada una de las partes. Luego se realizaron las reuniones conjuntas, en la búsqueda de soluciones que fueron propuestas por los hermanos.

El acuerdo culminó con la venta del inmueble, la división del valor en partes iguales, previa devolución de la inversión a cada uno.

El conciliador no solo recuerda hoy la alegría de las y los hermanos al ver solucionado el problema porque incluso eso les permitió restablecer su relación resquebrajada. La persona con alzheimer lloró de emoción el día del acuerdo.

“Luego de firmar el acta de conciliación -relató el conciliador- hice el seguimiento particular, porque era un casito muy especial. He sido testigo de que se ha vendido la casa, se ha dividido el valor y todos han quedado conformes. Tengo entendido que dos hermanos ya fallecieron”.

El conflicto se resolvió en dos meses y medio, lo que les habría llevado unos tres años. No gastaron en abogado ni en la redacción de memoriales, ni en diligencias, ni en audiencias, ni en notificaciones, entre otros. Según los aranceles judiciales, por el trámite de división y partición de bienes, habrían tenido que pagar unos dos mil bolivianos, además del 10 por ciento sobre el bien litigado si llegaban a juicio.

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