Por Miriam Telma Jemio Flores para Guardiana (Bolivia)
Lunes 5 de junio de 2023.- Hoy se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente en un planeta que se va acercando aceleradamente hacia el abismo. Bolivia no es la excepción. La devastación de bosques y la contaminación provocada con la minería del oro están entre los mayores problemas no resueltos del país, cuyo impacto recae en las poblaciones rurales, principalmente en los territorios indígenas y las áreas protegidas, donde a la par están lidiando con las sequías, heladas e inundaciones.
Y al menos unas 27 normas aprobadas en los últimos 14 años han dado lugar a una mayor deforestación para la ampliación de la frontera agropecuaria y también más contaminación minera. En esta revisión realizada por Guardiana no se toma en cuenta otro tipo de afectación ambiental como la provocada por la industria, entre otros actores y factores que también están atentando contra el medio ambiente en Bolivia.
Los problemas a los que nos referimos en este artículo se han agudizado en los últimos años. Y los reclamos, acciones y demandas de parte de activistas, investigadores y los propios impactados han girado en torno al rechazo a ciertas normas que favorecen las actividades agroindustriales y mineras en desmedro del aspecto ambiental y la salud de los impactados.
Si tomamos las dos últimas décadas, hay un conjunto de normas – entre leyes, decretos, resoluciones ministeriales, entre otras- que son favorables a las actividades depredadoras, frente a aquellas que las regulan, pero que en la práctica no se las cumple.
A pesar de ello, nada ha cambiado, no hubo eco en el Gobierno, señalan analistas, ambientalistas y los impactados consultados por Guardiana. Por ejemplo, las normas incendiarias que permitieron la quema de los bosques en 2019 siguen vigentes, las que favorecen a los cooperativistas mineros también. Más bien se han incrementado, como acaba de ocurrir con la aprobación de la Ley del Oro, que sólo ve el tema económico.
Guardiana quiso hablar sobre estos problemas con el ministro de Medioambiente y Agua, Rubén Alejandro Méndez Estrada; sin embargo, debido a que recién fue posesionado en el cargo, indicaron desde su despacho que aún no daría entrevistas.
Metas no compatibles con el cuidado del medio ambiente
Mientras estén vigentes la Agenda Patriótica y el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, que dan la línea a seguir, nada cambiará, aseguran los consultados. Unos consideran que no se necesitan más leyes, sino hacer cumplir las ya existentes en materia ambiental como las que regulan las actividades agroindustrial y minera. Otros consideran necesaria una ley integral del oro que también vea el tema ambiental y que permita al Estado un rol protagónico.
La ampliación de la frontera agrícola y ganadera está lejos de parar, mientras estén vigentes la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que renueva el PDES 2016-2020, sentencia Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, entidad que centra sus investigaciones en la tenencia de la tierra y los conflictos socioambientales.
La Agenda Patriótica 2025 contempla la meta de triplicar la superficie cultivada de 3,5 millones de hectáreas (2015) a unos 10 a 12 millones de hectáreas (hasta 2025) y duplicar la población vacuna de 9 millones a 18 millones de cabezas, en el mismo periodo.
Tomando en cuenta que metas como las de la Agenda Patriótica 2025 no son compatibles con las normas que protegen los bosques, los gobiernos del MAS hicieron varias reformas regresivas a las políticas y prácticas sobre bosques, tierras y medioambiente. Esta flexibilización anula varios avances para la protección de los bosques, ecosistemas y medios de vida de las poblaciones rurales más vulnerables.
Por eso en agosto de 2020, el Tribunal Internacional de Defensa de los Derechos de la Madre Tierra emitió una sentencia para que el Estado boliviano abrogue 14 normas legales que las calificó de “incendiarias”, entre ellas seis leyes nacionales y cinco decretos supremos: Ley N° 337, Ley N° 502, Ley N° 739, Ley N° 741, Ley N° 952, Ley N° 1171, Ley N° 1098, Decreto Supremo 1578, Decreto Supremo 3973, Decreto Supremo 3874, Ley Departamental 93/2019, Decreto Supremo 4232, Decreto Supremo 4238 y Resolución Administrativa 084/2020 Senasag.
Puedes leer más sobre esa sentencia en: Tribunal internacional pide abrogar 14 normas por “incendiarias”: 11 de la etapa de Evo y 3 de Áñez
Y dicha flexibilización de las normas en desmedro de lo ambiental ha sido identificada en tres áreas de desregulación agroambiental por la Fundación Tierra:
- En la primera área están las normas de los “perdonazos”, que eliminaron las sanciones por los desmontes ilegales (contempladas en la Ley Nº 117 de 2013 y cuyo plazo se amplió tres veces).
- En la segunda están tres normas referidas a los cultivos transgénicos: La Ley Nº 1098 (2018), referida a la producción, uso y mezcla de “aditivos verdes” con gasolina y diésel; el Decreto Supremo Nº 3874 de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento Intacta; y el los decretos supremos 4232 y 4238 (2020), que instruyen la adopción de procedimientos abreviados en tan solo diez días para el uso de cultivos transgénicos de maíz, caña de azúcar, trigo, algodón y soya.
- En la tercera área están la reducción de las restricciones legales para desmontes y quemas, por lo cual, desde 2015, para los desmontes menores a 20 hectáreas no se necesitan Planes de Ordenamiento Predial y los requisitos fueron simplificados para obtener la autorización de la ABT. En 2020, la ABT anuló la exigencia a las comunidades de una certificación actualizada del estado de saneamiento emitido por el INRA.
Estas medidas flexibilizadas están por detrás de los asentamientos irregulares de nuevas comunidades campesinas e interculturales en la Chiquitanía y la Amazonía, concluye la Fundación Tierra, en su investigación sobre deforestación y la Agenda Patriótica.
Y esas medidas allanaron, además, el camino para que aumenten la deforestación y los incendios forestales sin que haya sanciones. El promedio de deforestación en el periodo 2016-2021 ha sido de alrededor de 300 mil hectáreas anuales, lo que representa un incremento del 73% comparado con las 173 mil hectáreas del periodo anterior (2011-2015), según la Fundación Tierra.
En el caso de los incendios forestales, en 2019 se dio el mayor impacto: se quemaron más de seis millones de hectáreas en el país; en 2020, la cifra llegó a cuatro millones de hectáreas; en 2021, según el sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales, la superficie de bosques afectados por los incendios llegó a 688 mil hectáreas entre enero y octubre, y en 2022 el fuego devoró 800 mil hectáreas.
A pesar de los pedidos de diferentes sectores, el gobierno no ha escuchado las demandas y no se ha derogado ninguna de las normas mencionadas. Al inicio de su gestión, en 2021, el presidente Luis Arce se comprometió a eliminar los decretos transgénicos del gobierno de Áñez y a apoyar la agricultura orgánica, pero no se ha emitido normas legales al respecto, dice Colque, quien hace notar lo siguiente: “Desde inicios de este año, eso tiene mayores libertades. El gobierno ha vendido dos promesas: Hay que promover las exportaciones para superar la falta de dólares y hay que exportar más”.
No sólo la situación ha empeorado porque se han flexibilizado normas, sino porque no se cumplen las leyes. Ni el Estado cumple, dice el investigador, y recuerda que Emapa introdujo desde Argentina maíz transgénico, lo cual va en contra de las normas legales.
Descontrol de la contaminación en la minería del oro
La proliferación de la minería del oro, principalmente a través de las cooperativas, preocupa a varios sectores del país, a investigadores, ambientalistas y, por supuesto, a los impactados, que en su mayoría son indígenas de la Amazonía.
Los cooperativistas mineros se consolidaron, en los últimos tres lustros, como un poder económico y político en el país. Actualmente son socios del gobierno del MAS, sus miembros son autoridades en el Ejecutivo y también ocupan curules en el Legislativo.
“Se han blindado de tal manera (los cooperativistas mineros, que al 2022 ocupan el 99,6 por ciento de la producción nacional de oro. Se ha vuelto casi un monopolio, entonces urge regular esta actividad del sector cooperativo, más ahora que venderán el oro al Banco Central”.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)
Una investigación de Guardiana encontró más de una docena de normas legales que favorecen la actividad de los cooperativistas mineros, desde la Constitución Política del Estado que los reconoce como actores productivos hasta la Ley de Minería y Metalurgia de 2014 y varios decretos que flexibilizan la regulación ambiental y tributaria a su favor.
Aquí encontrarás el detalle: 15 años de normativa a la medida de los cooperativistas mineros en Bolivia
A especialistas como Zaconeta les preocupa que se haya consolidado a ese sector no sólo por el daño al medio ambiente, sino porque este hecho está dando lugar a conflictos sociales ocasionados sobre todo por avasallamientos en los territorios indígenas y áreas protegidas. No hay que olvidar que se trata de una actividad ilegal porque no cuenta con licencia ambiental, además de que no produce importante beneficio para el país por las bajas recaudaciones tributarias y fomenta la presencia ilegal de empresas internacionales con las que los cooperativistas mineros del oro se asocian tras bambalinas.
Al impacto ambiental que dejan en los ríos y las áreas protegidas como Apolobamba, Cotapata y ahora el Madidi, se suma el impacto en la salud de los indígenas, quienes tiene rastros de mercurio en su organismo por encima del límite considerado permitido por la Organización Mundial de la Salud, según tres investigaciones realizadas en los últimos tres años en comunidades indígenas de La Paz y Beni, que consumen rutinariamente pescado que extraen del río Beni.
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"Tras la inhalación o ingestión de distintos compuestos de mercurio o tras la exposición cutánea a ellos se pueden observar trastornos neurológicos y del comportamiento, con síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras. En trabajadores expuestos durante varios años a niveles atmosféricos de al menos 20 μg/m3 de mercurio elemental se pueden observar signos subclínicos leves de toxicidad para el sistema nervioso central. Se han descrito efectos en los riñones que van de la proteinuria a la insuficiencia renal".
Organización Mundial de la Salud
Ambientalistas, investigadores y los principales afectados han realizado diferentes acciones para exigir que las autoridades del Estado como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), entre otros, cumplan con su rol de control de esta actividad y que se eliminen normas como las que permiten el ingreso de la actividad minera a áreas protegidas.
Entre otras irregularidades, Córdova menciona que la ley de las cooperativas prohíbe contratar a obreros o personas para hacer su trabajo, pero lo hacen violando dicha normativa; también les prohíbe asociarse con empresas privadas, pero sí se asocian, sobre todo con empresas chinas y colombianas.
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Sin embargo, quienes reclaman, como en el caso de la deforestación e incendios forestales, no han obtenido respuestas favorables desde el Estado.
El sector minero depredador consiguió favorecerse con un decreto que le otorga preferencias para tributar montos ínfimos comparados con las ganancias que obtiene con la explotación del oro. En 2022, Bolivia alcanzó su mayor producción histórica de oro: 53,3 toneladas que significó un valor de 3.026 millones de dólares, pero “sólo generó para el Estado 63,2 millones de dólares”.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)
La reciente promulgación de la Ley del Oro es otro ejemplo del favoritismo que hay por el sector. “Esta ley permitirá que el modelo siga proliferando hacia otras zonas de la Amazonía”, remarca el investigador del Cedla.
Para Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo, la Ley del Oro sólo está enfocada en el tema económico y no toca los aspectos sociales y ambientales que tienen que ver con la proliferación de la actividad aurífera.
Es otra norma paliativa -dice Zaconeta- que no mira integralmente el oro como un recurso estratégico.
Las acciones frente al extractivismo
Desde la población afectada hasta investigadores y ambientalistas se ha realizado una serie de manifestaciones demandando soluciones a los problemas de deforestación y la contaminación por la minería del oro.
Se ha pedido el cambio o abrogación de las “normas incendiarias” y que se hagan cumplir las normas que regulan la actividad minera en materia ambiental.
“Ningún cambio, ninguno por lo menos que alcance para reducir el desastre, mucho menos para evitarlo. Esto se debe a que tenemos en este momento un Estado extractivista, facilitador de la devastación porque se la entiende como parte del desarrollo y finalmente un Estado cómplice de la ilegalidad”, comenta la senadora opositora Cecilia Requena.
Esa es la manera de generar gobernanza y apoyos de grupos sociales tanto en el área de minería como en el área agropecuaria, dice la legisladora.
Desde su posición ha realizado más de una decena de peticiones de informe a los ministerios de Minería y Medio Ambiente, principalmente para que respondan sobre la actividad minera del oro. Pero en la mayoría de los casos no ha obtenido las respuestas esperadas. Y también ha planteado acciones de inconstitucionalidad sobre las normas que permiten el extractivismo.
Las acciones populares también son otros instrumentos que se han usado con el fin de detener por ejemplo la actividad minera en áreas protegidas o la construcción de represas en territorios indígenas.
Requena dice que los logros son pequeños, pero significativos, sobre todo en el Legislativo donde el MAS tiene mayoría. Asegura no se cansará de interpelar y realizar las acciones que le corresponda para enfrentar y frenar el extractivismo que causa daños en el medio ambiente y en la salud.
En mayo se conoció la disposición de un juez del Tribunal Agroambiental que ordenó a la AJAM suspender y rechazar todo trámite que pretende la otorgación de derechos mineros sobre el río Tuichi, además, ordenó apoyo militar para proteger al Área Protegida Madidi de la minería ilegal.
Puedes leer más al respecto en: Un juez agroambiental ordena que las FFAA ayuden a defender el Madidi
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz ha anunciado que iniciará un proceso judicial contra las autoridades del Ejecutivo por permitir la actividad minera en el Parque Madidi.
Los indígenas se movilizaron el pasado año tras la firma de un convenio entre el Sernap y los cooperativistas mineros para ingresar a esa área protegida. Lograron que quedara sin efecto el convenio. Sin embargo, los cooperativistas mineros están trabajando en el Madidi, principalmente en el río Tuichi, sin que haya control de las autoridades.
Además de los impactos ambientales y en la salud, con la actividad minera en áreas protegidas se han producido en los territorios indígenas la división y la discordia entre familiares debido a la intromisión de las cooperativas mineras, lamenta Ruth Alípaz, lideresa de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
“A pesar de que venimos denunciando constantemente sobre los impactos en la cuenca del río Beni por la minería y la deforestación, incluso durante la pandemia denunciamos sobre la cantidad de dragas en la zona aurífera de Mayaya y que nos estaría afectando porque nuestras comunidades aún bebían aguas del río, no hemos sido escuchados”.
Ruth Alípaz, lideresa de la Contiocap
Por eso realizaron el estudio de la contaminación por mercurio junto al Cedib y la Universidad de Cartagena en 2021. Los resultados fueron presentados en audiencia temática a la CIDH en marzo de 2022, dando cuenta de la presencia de mercurio en el organismo de los indígenas de varias comunidades de la región amazónica y sobre la constante turbidez de los ríos debido a la minería en las partes más altas, que están contaminando los peces y los suelos. A pesar de esas evidencias, aún las autoridades no se están ocupando de la salud de los afectados.
“La minería nos está extinguiendo a los pueblos indígenas, tanto por los efectos de la contaminación como por la pérdida de nuestros territorios, por la pérdida de nuestra identidad, por la pérdida de nuestra cultura como pueblos indígenas y por la pérdida de nuestras formas ancestrales de convivencia en nuestras comunidades”.
Ruth Alipaz, lideresa de la Contiocap
Jorge Campanini, investigador del Cedib, concluye que la normativa ambiental en Bolivia no funciona. “La gestión ambiental en Bolivia es meramente administrativa. Son procedimientos y requerimientos administrativos -unos más, unos menos-, pero en el fondo la gestión ambiental no es una práctica de control, de supervisión, de prevención de monitoreo, de cuantificación etcétera, etcétera, etcétera, etcétera”, puntualiza.
En las áreas protegidas, los guardaparques “están confundidos” por las normas que el mismo Estado promueve para dar paso a las actividades extractivas, dice Marco Uzquiano, jefe de protección de la Estación Biológica del Beni. “Qué estamos conservando, qué es lo vamos a cuidar. El término de área protegida está quedando en la teoría porque están siendo afectadas por tantas actividades”.
¿Qué hacer para cambiar la situación actual?
A pesar de existir mucho pesimismo porque nada cambia en la situación de la deforestación y la contaminación por la minería del oro, hay algunas propuestas que nacen desde la sociedad civil.
- Alfredo Zaconeta del Cedla plantea que lo primero que debe hacer el Gobierno es un diagnóstico y una autocrítica para entender la problemática cuando se habla de exportación de oro. Tiene que ver hacia dónde se está expandiendo y quiénes son los actores de esa expansión. “Lo que se necesita es una ley integral del oro que agrupe los problemas ambientales, sociales, económicos y jurídicos, para que realmente el Estado sea el actor principal que ingrese a la fase de explotación en sus diferentes áreas a través de la Comibol”, remarca el investigar del Cedla, contrariamente a quienes piensan que Bolivia tiene normas suficientes y que sólo se requiere que las autoridades las hagan cumplir.
- El Cedla también plantea que se identifiquen a las cooperativas que han perdido esa condición al asociarse con capitales privados, para que se las eleve a rango de empresa y que se uniforme el pago de regalías.
- El investigador Héctor Córdova señala que la situación actual de la minería cooperativizada se puede corregir si el Estado genera empleos alternativos y se instalan plantas procesadoras de minerales.
- Para Gonzalo Colque, la solución no está por hacer más normas de control, sino por aplicar las que ya existen. “Se sabe lo que se tiene hacer para que la economía tenga un carácter sostenible, cuidando el medio ambiente. Hay estándares internacionales, tenemos por ejemplo en nuestra legislación la sanción por los desmontes, pero lo que ha pasado en los últimos años es que incluso teniendo leyes flexibles, no se las cumple”.
- La Fundación Tierra lanzó una propuesta en la que recomienda diseñar e implementar un nuevo modelo económico en lugar del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y la política de Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI), porque considera que el programa económico vigente no es el adecuado para la gestión de la economía en tiempos de crisis. Plantea que se eliminen los privilegios económicos y tributarios. “Las reformas deben contemplar: i) nuevo régimen tributario para regular la minería del oro, ii) reforma del Régimen Agrario Unificado (RAU) para regular las afectaciones ambientales de la mediana y gran agricultura, iii) reducción progresiva de las subvenciones al diésel y gasolina”.
- Jorge Campanini piensa que es necesaria una nueva Ley de Medio Ambiente que se vincule con los lineamientos del respeto de los derechos de la naturaleza e incluya el cambio climático, lo que no tiene la Ley 1333 de 1992. La nueva norma debe contemplar una institucionalidad ambiental, un marco ejecutivo, eficiente, técnico, independiente y jurídico efectivo.
- Para el guardaparque Uzquiano, no hay necesidad de más normas legales. “Necesitamos endurecer esas normas y sensibilizar a la sociedad y a los tomadores de decisión, porque ahora no tenemos respeto a la ley ni a la autoridad”.
Las y los entrevistados por Guardiana coinciden en que la situación va a empeorar debido a la crisis económica, toda vez que tanto el Gobierno como el sector productivo privado buscan mejorar la economía con las actividades extractivas, sin reparar en los costos ambientales y sociales.
Así está Bolivia hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente...
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