La organización WJP, que desde 2015 evalúa la situación del Estado de derecho en decenas de países, identificó a Bolivia como el país más corrupto de América Latina y el segundo en el mundo, después de la República Democrática del Congo. El Gobierno nacional reaccionó y puso en duda la veracidad de los resultados del índice internacional elaborado sobre la base de datos de 2024.
