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Guardiana (Bolivia), diseño de portada e infografías Ramiro Moncada

Martes 22 de septiembre de 2020.- A pesar de haber transitado por más de dos décadas de reformas, la justicia en Bolivia sigue atrapada entre los mismos problemas y los avances apenas se perciben. Un botón de muestra: en 2019 se tuvo un porcentaje de 64,33 por ciento de personas encarceladas preventivamente sin sentencia y 17 años antes, en 2002, el porcentaje era el mismo: 64,83 por ciento.

La justicia se desenvuelve en una especie de estado "pendiente". Pendiente de solución que se le aumente el presupuesto. Pendiente de solución que todos los municipios puedan tener juez, fiscal y defensor público. Pendiente de solución que añadan los juzgados que faltan, incluyendo juzgados exclusivos para los casos de violencia hacia la mujer. Pendiente de solución que no le den a cada fiscal del eje del país 943 casos al año en promedio. Pendiente de solución el hacinamiento carcelario producido porque el 64,33 por ciento de las personas sigue con detención preventiva, es decir, sin sentencia. Pendiente de solución que las y los políticos dejen de politizar la justicia.

¿Y los avances? Los hay; aunque apenas se perciben... Disminuyó un poco el hacinamiento carcelario y se espera que baje más con la aplicación de la nueva Ley 1173, también cuestionada.

Y, tal vez lo más importante: empezó la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos judiciales. Ahora los operadores y los usuarios pueden tener acceso a los procesos desde su celular. Pero, aún falta camino por andar.

El presupuesto anual

A pesar de los serios problemas por los que atraviesa la justicia en el país, el Gobierno de Bolivia destinó para la gestión 2019 de todo el sector judicial solo el 0,54 por ciento del presupuesto general. Así lo ha hecho notar El “Estado de la Justicia en Bolivia 2019” de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos (integrada por 60 organizaciones vinculadas a derechos humanos en Bolivia). Hay que aclarar que ese monto no solo incluye al Órgano Judicial, sino a las diferentes instancias que son:

  • Órgano Judicial
  • Fiscalía General
  • Servicio Plurinacional de Defensa Pública
  • Tribunal Constitucional Plurinacional
  • Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima 
  • Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
  • Escuela de Jueces del Estado

Solo como dato de una de las inversiones necesarias se puede decir que la mitad de los municipios del país no tiene acceso oportuno a la justicia como se verá más adelante.

Municipios sin justicia

¿Sabías que en pleno siglo XXI no existe un juez, un fiscal y un defensor de oficio en cada municipio de Bolivia? Ya en 2017 se había visto que de los 324 municipios que entonces había en el país, los jueces llegaban a un 48 por ciento, la Fiscalía a un 41 por ciento y los defensores públicos a un 29 por ciento. Y en el caso del Servicio Plurinacional de la Víctima, únicamente está presente en cinco de los nueve departamentos del país.

A 2019, eso no ha cambiado mucho. Se trata, por donde se mire, de un hecho crítico porque quiere decir que en la mitad de los municipios la gente no puede acceder a una justicia pronta, sobre todo en el área rural.

Este problema va, incluso, contra las leyes y la propia Constitución que en 2009 en su nuevo texto aseguró un acceso a la justicia por parte de todas y todos los bolivianos. Y no es así...

Sin juzgados suficientes

Según el Tribunal Supremo de justicia de Bolivia, en 2019 se crearon 41 nuevos juzgados de sentencia penal, 30 en ciudades capitales y 11 en provincias. Los departamentos del país más favorecidos con ese medida fueron Santa Cruz y Cochabamba, donde se crearon 10 juzgados en cada uno de ellos.

Y a eso habrá que añadir la creación de un nuevo Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer y un Juzgado de Instrucción.

Sin embargo, siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, siguen creando como cuentagotas juzgados que tratan tanto casos de corrupción como de violencia hacia la mujer cuando, más bien, se necesitan juzgados expertos en género que sean suficientes en número para evitar la retardación en la atención de las víctimas.

Solo como dato: del total de feminicidios atendidos desde el año 2013 en que se aprobó la Ley 348 (con la que se suponía se disminuiría la violencia hacia la mujer en Bolivia), solo el 32 por ciento de los casos de feminicidio tienen sentencia, mientras la cantidad de feminicidios ha aumentado en 450 por ciento desde 2013 hasta 2019.

Te puede interesar leer: Feminicidios suben 450% desde 2013 y solo 32% tiene sentencia

Fiscales contra la pared

"En lo referente a los casos atendidos a nivel nacional -indica el 'Estado de la Justicia en Bolivia 2019'- el Ministerio Público habría contado durante la gestión 2019 con un total de 376.181 casos, de los cuales 121.902 fueron resueltos, iniciándose la gestión 2020 con 254.279 casos. El Informe incide en el hecho de que de acuerdo a los datos
del eje central del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) se evidencia una saturación del sistema penal por cuanto 290.343 casos son asignados a 308 fiscales, teniendo cada fiscal un promedio de 943 casos al año. No existen datos de los otros departamentos del país".

Por tanto, la carga procesal que existe sobre quienes deben dirigir las investigaciones durante un juicio, más conocidos como fiscales o representantes del Ministerio Público, es equivalente a ver un escritorio atestado de papeles que en vez de disminuir solo aumentan.

Y no se trata de una metáfora. Es así cómo lo recuerda quien durante 13 años trabajó en el Ministerio Público y durante siete años fuera fiscal hasta el 2019 y hoy es representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Cochabamba, Ricardo Arellano.

Este abogado de 40 años que manejó como fiscal casos importantes como, por ejemplo, el denominado "Caso Mochilas" que involucra al alcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes, cuenta que llegó a manejar hasta 700 casos en un año con otros tres fiscales. Fue pesado.

Arellano relata que 24 horas en la vida de un fiscal implica varias actividades y no solo estar tras un escritorio abarrotado de papeles que siguen aumentando y aumentando. También debe estar presente en las audiencias para luego volver a la oficina. Y cuando llega a esta, sobre su escritorio hay más papeles. A ello se suman otras tareas que obligan llevarse trabajo a casa. Sin embargo, desde que han empezado a trabajar virtualmente por Covid-19, de algún modo quienes son operadores de la justicia en general se han visto beneficiados porque pueden atender más de un asunto, a través de plataformas virtuales, sin tener que ir de un lado a otro.

Este abogado penalista destaca que poco a poco toda la carga procesal sobre las espaldas de los fiscales ha empezado a disminuir a partir de la aprobación de la Ley 1173 en 2019. Se trata, en lo procesal, de una serie de medidas mediante las que los casos ya pueden tener seguimiento virtual de jueces, fiscales y las partes a través de sus celulares. Aún hay camino por andar al respecto, pero se está avanzando.

Hacinamiento carcelario

A diciembre de 2019, Bolivia contabilizaba 48 recintos penitenciarios, 20 urbanos y 28 rurales, con capacidad para albergar a 6.769 personas privadas de libertad. Sin embargo, la cantidad de gente que allá vivía ascendía a 18.208 personas.

Esto significa que entre el 2018 y el año pasado, bajó un poco el hacinamiento carcelario de 330 por ciento a 269 por ciento. El 75% de la población carcelaria se encuentra en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

“En los 17 años de vigencia plena del sistema acusatorio en Bolivia la población carcelaria incrementó en un 244% (13.582 personas), no obstante, las capacidades de albergue no han incrementado en igual proporción. Tan solo entre 2015 y 2018, la población carcelaria incrementó en 5.487 personas, no obstante en ese mismo periodo las capacidades de albergue apenas incrementaron en un 7% (392 personas)”.

Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018 de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.
Personas con detención preventiva

Uno de los problemas más sensibles y visibles de la falta de mayor acceso a una pronta justicia en Bolivia está en el porcentaje de personas encarceladas sin sentencia, lo que se llama preventivas. El año pasado, siete de cada diez estaban en los penales sin sentencia.

Más curioso y preocupante aún es ver que el porcentaje de personas que estaban en la cárcel sin una sentencia en 2019 es el mismo que Bolivia tenía el año 2002, hace 17 años como se podrá ver la siguiente infografía.

Este problema es uno de los que preocupa a la organización de derechos humanos internacional Human Rights Watch (conformada por 400 miembros situados en diferentes partes del mundo) y sobre el que se ha manifestado en su último informe recién conocido por cuanto no solo hace notar la existencia de penales sobrepoblados, sino que denomina a la forma de vida en esos lugares como precaria e inhumana.

"El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias e inhumanas".

Human Rights Watch 

Se suponía que ese uso extendido de la prisión preventiva a la que se refiere Human Rights Watch no debía haber existido si las medidas cautelares no se hubiesen convertido en Bolivia en una pesadilla burocrática. Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal del 3 de mayo de 2019, los operadores de justicia esperan que esto cambie.

Dicha ley flexibiliza las medidas cautelares, a fin de que estas no den lugar a una detención preventiva directa. Por ejemplo, se dice que "cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar". 

Si en las medidas cautelares se habla del peligro de fuga del acusado, esto "no se podrá fundar en meras presunciones abstractas", sino que "deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia". 

También se tomará en cuenta la situación socio-económica de la persona acusada y "en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual; tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo". Este punto es importante porque mucha gente ha sido enviada a prisión por no poder exhibir un contrato de alquiler o anticrético a su nombre o mostrar un contrato de trabajo.

Sin embargo, la Ley 1173 también incluyó la necesidad de que al dar las medidas cautelares, la o el juez también fije el tiempo máximo en que el acusado esté con detención preventiva si fuera a ingresar a prisión, pasado ese tiempo, debe defenderse en libertad.

Sin embargo, esta posibilidad que puede ayudar a despoblar los penales no fue muy bien recibida por parte de abogadas, activistas y familiares de víctimas de violencia que siguen protestando porque algunos acusados han salido en libertad a los seis meses de que estuvieron en prisión sin que hasta entonces quien es fiscal hubiese podido reunir las pruebas para armar la acusación necesaria para realizar el juicio en cuestión.

“El hecho estaría ocurriendo principalmente en La Paz y Santa Cruz, donde varios de los imputados por feminicidio dejaron las cárceles y fueron beneficiados con medidas sustitutivas. El temor de los familiares de las víctimas es que los mismos podrían darse a la fuga a fin de no enfrentar un próximo juicio oral y una sentencia de 30 años de reclusión”.

Página Siete

Existe el compromiso de hacer modificaciones en la Ley 1173; pero aún no se ha llevado a cabo las mismas en la Asamblea Legislativa.

Mujeres con hijos detenidas

Si bien el número de mujeres detenidas (1.275) en los penales de los nueve departamentos de Bolivia es inferior al número de hombres (16.933), un punto importante que no hay que perder de vista es que entre quienes suelen estar en prisiones con detención preventiva hay muchas mujeres que son cabeza de familia. Con su detención, el futuro de las hijas e hijos no suele estar asegurado cien por ciento.

En el informe de 2018 sobre la situación carcelaria, Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos indicó que el 85% de las mujeres entrevistadas tenía hijos, pero solo el 13% vivía con sus hijos dentro del recinto penitenciario. Mientras ellas estaban en prisión, solo en el 5% de los casos quedaron a cargo de la pareja, en el 54% a cargo de otros familiares y en el 41% de los casos quedaron en situación de abandono para cuidarse solos o al cuidado de sus hermanos mayores.

Salidas alternativas

Precisamente por los problemas de hacinamiento y el elevado porcentaje de personas en las cárceles sin sentencia es que se viene impulsando en Bolivia la aplicación de salidas alternativas, excepto en casos graves que impliquen homicidio, asesinato o violencia contra la mujer, entre otros.

Al respecto, el representante de Transparencia en Cochabamba cree que las salidas alternativas son una muy buena opción para disminuir tanto el número de los casos como la cantidad de gente que se encuentra en los penales con detención preventiva.

Además, Arellano considera que la labor de los defensores públicos puede ser importante en la medida en que pueden ayudar a identificar aquellos casos de personas que están en las cárceles y que podrían encontrar una solución mediante la conciliación.

A pesar de que la conciliación es vista con buenos ojos porque reduce tiempos, dinero e incluso estrés de parte de los litigantes, se trata de una nueva posibilidad alternativa que aún no es muy conocida por la población.

En 2019, las salidas alternativas como la conciliación hicieron posible que 3.347 casos fueran resueltos en el país.

Mañana, una opción a toda esta situación compleja: la conciliación. #SerieJusticia es un proyecto periodístico apoyado por la Cooperación Suiza en Bolivia.

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