Corría el mes de marzo de 2012 y la Policía realizaba el levantamiento de un cuerpo de una mujer en la ribera del río Orkojahuira en La Paz. La víctima había fallecido luego de ser ahorcada con el cinturón de seguridad de un vehículo. Realizadas las primeras averiguaciones, se trataba de Juana Quispe Apaza, mujer indígena que se convirtió en una de las primeras concejalas de su municipio en Ancoraimes, provincia Omasuyos del departamento de La Paz.
Este hecho no fue producto de la casualidad, sino el resultado de una cadena de acontecimientos de violencia y acoso político sin precedentes. Incluso se cuenta con declaraciones públicas realizadas por ella, en las que señala que temía por su vida, que había sido amenazada infinidad de veces, maltratada física, moral y psicológicamente durante un largo tiempo, presionada para renunciar, para realizar actos u omitir otros con los que no estaba de acuerdo, incluso hechos como no notificarle de las audiencias del Concejo, o hacerlo en lugares alejados del municipio para que no participara.
Juana recurrió a la justicia con resultados positivos; sin embargo, no hubo poder en la tierra que evite el fatal desenlace, que dejó por entonces huérfano a un niño de 10 años, quien fue testigo directo de lo que su madre sufrió, en la orfandad.
El caso se convirtió en emblemático. El Gobierno de entonces promulgó la Ley No 243 del 28 de mayo de 2012, norma realmente importante no solo en el país sino a nivel regional, con lo que se esperaba que hechos como el narrado puedan ir disminuyendo hasta desaparecer del panorama político de nuestro abigarrado país.
La indicada norma define la violencia y el acoso político en los siguientes términos:
Acoso Político.- Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Violencia Política. - Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político–pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Empero. esto no aconteció. Según información obtenida tanto de la Coordinadora de la Mujer como del mismo Órgano Electoral Plurinacional, se conoce que hasta la fecha ningún autor de violencia o acoso político contra la mujer fue sancionado, reinando la impunidad como en muchos otros casos penales.
Es de fecha reciente el caso de la asambleísta potosina Miriam Vargas, quien denunció en junio de este año que su casa había sido quemada en el distrito de San Pedro de Macha en la provincia Chayanta. Sus agresores habían mantenido a su familia como rehén, presuntamente por su falta de apoyo al entonces Gobernador potosino, aspecto alejado de la verdad, pero que no detuvo el violento accionar de los pobladores que, además de quemar su vivienda, mantuvieron en un estado de zozobra a sus hijos y demás familiares, quienes seguramente nunca olvidaron los tenebrosos momentos que pasaron.
Hace pocos días fue el turno de María Heredia, alcaldesa del Municipio de Sipe Sipe, que según sus declaraciones fue sometida no solo a violencia política, sino a tortura, tratos crueles y degradantes, ya que por dos días estuvo retenida en contra de su voluntad por pobladores de ese municipio, quienes la presionaron para que suscriba un contrato para la entrega de productos de la canasta familiar en reemplazo del desayuno escolar, pero los hechos no terminan con su retención, sino con otros de mayor gravedad como rociarle con agua y orines, no permitirle sentarse en un lugar adecuado, ni usar el baño a solas, sin alimento o cualquier asistencia. Fue tan duro el maltrato físico, psicológico y moral que recibió que perdió el conocimiento. Solamente azares del destino permitieron que sus familiares y algunos efectivos del orden pudieran rescatarla.
Nos preguntamos si realmente la necesidad y la pobreza en que vive una gran parte de la población boliviana obnubila su humanidad, los valores supremos que nos hacen lo que somos, el respeto a la dignidad del otro, porque ciertamente no se entiende cómo una persona puede hacerle a otra lo que María Heredia relata, duele escucharla, duele pensar qué es lo que está pasando y no encontrar una respuesta.
De acuerdo al Órgano Electoral Plurinacional, en la gestión 2019 ese órgano del Estado habría conocido 33 casos de acoso y violencia contra la mujer. Por su parte, la Asociación de Concejalas de Bolivia registró en el mismo periodo 127 denuncias. Y llama la atención un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer, Idea Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés, en el que resultó que el 75 por ciento de las diputadas y senadoras que conformaron la Asamblea Legislativa Plurinacional había sido víctima de acoso y/o violencia política.
Según el indicado estudio, el índice de acoso político en esa instancia legislativa era del 63,8 por ciento, y el de violencia política del 58,4 por ciento. En la Cámara de Senadores, el porcentaje aproximado de mujeres que fueron víctimas alcanzaba al 80 por ciento. Esto implica que más de tres cuartas partes de las senadoras fueron víctimas. En la Cámara de Diputados, el porcentaje aproximado asciende al 75 por ciento, es decir que tres cuartas partes de las diputadas fueron víctimas de algún tipo de acoso y/o violencia, y solo el 25 por ciento de las mismas no lo fueron.
Son datos realmente alarmantes que nos deben llevar a reflexionar en aspectos más profundos y que para muchos pueden ser objeto de negación, burla o rechazo, la pervivencia de un sistema patriarcal, machista y violento que está presente en nuestra sociedad desde hace mucho, y que en lugar de avanzar parece que no se pudiera vislumbrar ninguna mejora por su fuerte anclaje en nuestra realidad. Cuántas Juanas, Marías, Miriams y centenares de mujeres que decidieron ingresar en la política para servir a la sociedad, tendremos que observar sufrir, llorar y finalmente morir. Esperemos que ya se cierre la herida y se avance hacia una verdadera igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para ejercer la política.
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