Las recurrentes crisis sociales y políticas en Bolivia causan protestas, bloqueos y enfrentamientos violentos entre ciudadanos. En ese contexto, con frecuencia las y los periodistas trabajan siendo hostigados, amenazados y atacados por diferentes fuerzas políticas y sociales.
En general, existe una débil estructura de los gremios periodísticos, temor a las represalias, a despidos y desempleo. Los gremios periodísticos no presionan ni piden respaldo a los medios de comunicación u otras organizaciones para defender a las y los trabajadores de la información. Además de bajos salarios, muchas horas de trabajo, malas condiciones laborales, la inestabilidad causada por frecuentes cambios del personal y los ataques de la población… cabe preguntar ¿por qué las y los periodistas siguen trabajando?, ¿y por qué los gremios periodísticos y otras organizaciones de derechos humanos no defienden sus derechos?
A esa situación se suma que probablemente muchas y muchos periodistas ni siquiera pertenezcan a alguna institución colegiada (sindicato, colegio, asociación). Debido al poco tiempo que les deja su intensa jornada laboral diaria, no obtuvieron su título profesional o no estudiaron Comunicación. Otra razón podría ser el orgullo o la vergüenza para hablar sobre sus condiciones laborales ante el ojo público o narrar sus propias historias.
Por tanto, es necesario diagnosticar en profundidad sus necesidades, temores, puntos de vista y posibles alternativas de solución a esta sensible temática, vital para promover sus derechos humanos. En 2019, un total de 162 alertas se registraron en Bolivia, que equivale a un incremento del 149% en relación al 2018 y correspondió principalmente a un acrecentamiento en las alertas relacionadas con “acceso a la información, restricciones de internet y agresiones y ataques, las agresiones y ataques a periodistas bolivianos constituyeron un 53% del número total de alertas en contraste con un 28% en 2018” (Voces del Sur, 2019).
Debido al nivel de violencia de aquellos días, las y los periodistas fueron blanco de amenazas, insultos, golpes o restricciones para hacer la cobertura, los que limitaron su trabajo. En el caso de las periodistas, las agresiones verbales contra ellas, a diferencia de las dirigidas a los colegas varones, apuntaban a su condición de mujer con insultos que mellaban su dignidad; es decir, también fueron víctimas de la violencia machista (Gil y López, 2020).
El “Informe Sombra” (2019), elaborado por Voces del Sur (VDS), compila las alertas concernientes a las violaciones que vulneraron el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y el acceso a la información en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
El citado informe manifiesta que en Bolivia se registraron cuatro alertas por tortura definidas por Voces del Sur como actos en los cuales periodistas y personas allegadas fueron sometidos deliberadamente a dolor, castigo, intimidación, comportamiento forzado o grave sufrimiento físico o mental. Estas “terribles violaciones” contra periodistas manifiestan el incremento en la gravedad que acompaña al frecuente crecimiento de las violaciones en contra de la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en Bolivia (Voces del Sur, 2020).
De igual manera, se ha incrementado la cibervigilancia a través de cámaras de reconocimiento facial, seguimientos a distancias, spyware en celulares y ataques digitales a correos electrónicos y blogs de periodistas y sitios web de medios de comunicación. Todos esos mecanismos están siendo utilizados para intimidar, silenciar y criminalizar a activistas, mujeres periodistas y comunicadoras. Las y los periodistas necesitan alfabetización mediática y digital para trabajar con seguridad, pero también para vivir y promover la libertad de expresión en Internet y redes sociales donde circula desinformación y hechos falsos.
El artículo “Las condiciones laborales de los periodistas iberoamericanos. Diferencias temporales y geográficas en Brasil, México, Chile, España y Portugal” (Blanco, Oller y Arcila, 2021) presenta un análisis estadístico de los resultados de dos encuestas realizadas entre 2007-2011 y 2012-2017 con la denominación Worlds of Journalism Study sobre el perfil sociodemográfico y las condiciones laborales de los periodistas en España, Portugal, Chile, México y Brasil. A pesar de las disparidades entre países, constataron que, en general, el rol de la mujer se ha revalorizado, a la vez que se han precarizado las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en medios de comunicación, expuestos a una menor estabilidad profesional y a la necesidad de pluriemplearse.
Ante ese complejo panorama, ¿cuáles serán las condiciones laborales actuales de las y los periodistas en nuestro país?, al ser objeto de permanentes agresiones y amenazas ¿no se estará poniendo en riesgo el periodismo boliviano? Y ante la apatía ciudadana que a menudo los ve como sospechosos o mentirosos aunque no lo sean, ¿no estará en peligro el derecho a la información y el derecho a la comunicación?
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