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Cada cierto tiempo y generalmente cuando se presentan conflictos con algunas regiones del país, surge el tema del federalismo. Ahora lo estamos viviendo nuevamente a raíz de la detención y encarcelamiento del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El año 2010 pasó lo mismo, cuando el gobierno central no atendió las demandas del departamento de Potosí y el Comité Cívico de esa región ingresó en un paro sin precedentes de 19 días, que tuvo un respaldo popular muy alto y determinó una fractura con el partido gobernante que no se recupera hasta ahora.

Durante los 36 días de paro cívico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se escuchó de forma recurrente la misma consigna de “federalismo”. Seguramente se percibían los mismos gritos y se mostraban las mismas pancartas durante 1898 y 1899 cuando conservadores y liberales se enfrascaron en una guerra civil, denominada “Guerra Federal”, puesto que los segundos levantaron esa bandera, que una vez vencedores y con la sede de gobierno estrenada en La Paz, la archivaron, olvidándose incluso de que se había constituido una “Junta Federal” que exigía autonomía política y económica para cada departamento, liberándose así del centralismo conservador instalado en Sucre. Realmente cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. En ese momento histórico de nuestro país, como ahora, son los intereses de grupo y principalmente económicos los que la orientan.

Entre esos avatares políticos durante los años 90 del siglo pasado se avanzó a paso de tortuga con la descentralización administrativa (Ley 1654 de julio de 1995) y con la Ley de Participación Popular (Ley 1551 de abril de 1994), pero no fue suficiente.

Los conflictos del nuevo siglo trajeron una nueva consigna un poco más edulcorada: la “autonomía”. A pesar de que esta devenía de las luchas de los pueblos indígenas principalmente de tierras bajas, fue adoptada por grupos de poder para su lucha contra el centralismo. Por supuesto hubo un paso intermedio con la elección de prefectos de 2005. Es interesante observar las declaraciones de algunos actores políticos de entonces como Hormando Vaca Díez, en ese entonces parlamentario, que señalaba: “…hasta ahora, se soportó una especie de parálisis por decisiones contrapuestas sobre qué es lo primero, si la elección de prefectos, el Referéndum Autonómico o la Asamblea Constituyente. No hay autonomía sino en el contexto y la visión de una Asamblea Constituyente, por eso, el referéndum debe ser vinculante. Creo que lo que hoy estamos desempantanando esa agenda nacional, con la convocatoria a la elección de prefectos, viene luego el Referéndum Autonómico para concluir con la Asamblea Constituyente”.

Y evidentemente devino la Asamblea Constituyente, donde el debate de tipo de Estado fue de los más interesantes, decantándose por un Estado unitario, plurinacional, descentralizado y con autonomías, Más adelante y de manera concurrente con el nuevo mapa normativo, se aprobó la Ley Marco de Descentralización y Autonomía en 2010, de manera que actualmente se establecen tres niveles de gobierno autónomo sub-nacional con capacidades legislativas y en igual jerarquía: el departamental, el municipal y el Indígena Originario Campesino (IOC), complejizando su aplicabilidad y coordinación inter gubernamental, tanto que hasta ahora hay seis departamentos que no han podido aprobar sus Estatutos Autonómicos y de los 340 municipios ni el 10 por ciento tiene Cartas Orgánicas y solamente existen seis autonomías indígenas plenas.

Es aquí donde debemos detenernos para realmente de manera objetiva preguntarnos si vale la pena debatir el tema del federalismo, de por sí un sistema territorial muy complicado y que muchos Estados que lo han adoptado hace siglos tampoco han terminado de pulir, existiendo además varios modelos, siendo los preponderantes el estadounidense y el alemán, que son muy distintos, puesto que devienen de realidades y contextos dispares, además de otros que tienen sus particularidades como el austriaco, argentino, ruso, etc.

Sin embargo, algo que debe quedar claro es que si algunos actores políticos creen que el federalismo, como lo están pensando ellos, es cuasi una independencia soberana del poder político partidario preponderante, pues esto no es así, y ejemplos los tenemos muy claros, basta ver Rusia o Venezuela, países federales, pero sometidos por gobiernos altamente centralistas y autoritarios (por decir lo menos).

Es evidente que los arrebatos politiqueros de plaza no nos permiten ver con claridad. Por ello quizá sea, más bien, el momento de profundizar y apalancar con la suficiente voluntad política la autonomía y la redistribución de recursos a los territorios y regiones de manera proporcional; caso contrario, la consigna federalista nos puede llevar a un 1899 adicionado a la efervescencia regionalista que promueven ambas partes en el conflicto actual, lo cual es muy peligroso.

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