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Que la educación es uno de los derechos humanos que más se debe garantizar por parte del Estado y de todos los actores de la sociedad es algo innegable, porque en la educación se basa una buena parte del desarrollo de cualquier país y su gente. Cuando a una persona se le otorga la posibilidad de acceder a la educación básica y superior, está garantizado que escapará del ciclo de la pobreza. Le dará la posibilidad de adquirir un empleo y tener mejores herramientas para emprender su propia fuente de ingresos.

El acceso a este derecho reduce automáticamente la desigualdad de género, empodera a las y los ciudadanos para llevar una vida libre, crítica, respetuosa y por antonomasia hace sociedades más tolerantes y pacíficas, en pocas palabras, la educación por lo general (hay excepciones) construye personas libres de dogmas, fanatismos y de todas aquellas taras que nuestra sociedad y muchas otras sufren.

Esto es evidente al observar que las sociedades más avanzadas en muchos aspectos, no solo en lo técnico sino en lo humano, tienen niveles educativos muy altos; cuentan con los centros de investigación científica más adelantados que están buscando respuestas y brindando soluciones a los problemas de la humanidad desde hace décadas y nos permiten gozar de las maravillas tecnológicas y marcan el avance de todas y todos hoy.

En 2021, en el Foro Económico de Mundial de Davos se presentó el Índice Global de la Calidad de la Educación a nivel mundial, que puso a Singapur en el sitial más alto por su sistema educativo, seguido de Suiza, Finlandia y Qatar. Esa pequeña república insular del Asia que adquirió su soberanía apenas en 1965, es actualmente una de las economías libres más prósperas del mundo y parte de los llamados “Tigres del Asia”, siendo su secreto (como de muchas de las potencias económicas) la calidad de su educación. En menos de 50 años, han logrado transformar una isla pobre habitada por una mayoría analfabeta de la población en un Estado industrializado avanzado que compite con el nivel de vida de sus pares en los países más industrializados.

Según las autoridades educativas de Singapur, han emprendido un nuevo modelo educativo bajo el paradigma de  «enseñar menos, aprender más», centrado en los métodos de enseñanza y la reducción del volumen de contenido para dar lugar a la reflexión, el análisis y el pensamiento crítico.

En la misma lista de países con sistemas educativos revolucionarios se encuentra Qatar, constituyéndose en la primera experiencia del mundo árabe donde la visión y los objetivos para el año 2030 son aprovechar la riqueza natural de los ingresos del petróleo y el gas (asigna el 3,2% de su producto nacional y aproximadamente el 12% de su gasto público a la educación ) y así aumentar la eficiencia y el potencial de la energía humana, dado a través de planes de estudios universitarios y preuniversitarios, y haciendo uso de técnicas de aprendizaje propias, pero alimentadas de las buenas experiencias y prácticas obtenidas en el mundo tanto oriental como occidental.

Estos países nos dan un claro ejemplo de planificación a largo plazo con una política educativa clara y con objetivos eventualmente que se están alcanzando en un corto periodo de tiempo. ¿Y cuáles son los objetivos de nuestro sistema educativo?

El artículo 78 de la Constitución nos plantea las bases fundamentales del sistema educativo en Bolivia, por decirlo así, el punto de partida: “La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo”.

Este artículo tiene varias partes interesantes que intentan establecer un modelo propio de educación, pero sin apartarse del conocimiento universal venga de donde venga, lo contrario sería un despropósito. Entonces, ¿cuál es el fundamento para que las autoridades educativas se nieguen a una evaluación de calidad por parte de una entidad internacional?, ¿acaso una o un estudiante de cualquier unidad educativa del territorio nacional no debería saber lo mismo que otro en la Argentina, Chile, Suiza, Singapur o Qatar?, ¿la matemática, la biología, el manejo del lenguaje, la química no son iguales en todo el mundo?

Obviamente hay temor de mostrar la verdad y poner en evidencia que el sistema educativo boliviano es un fracaso. Eso se comprueba por supuesto cuando las y los estudiantes llegan al sistema universitario con limitadas armas para desarrollar su carrera (¿será por eso que hay miles en Derecho y cientos en Ingeniería?), y se vuelve a poner en pantalla cuando esa o ese universitario se profesionaliza para un mercado de trabajo pequeño, pero de alguna forma exigente, principalmente en el ámbito privado, porque… bueno, en lo público no hay mucho lío.

Digamos que aplaudimos la posición política de las autoridades educativas por sus principios de soberanía y los demás fundamentos esgrimidos (esos dogmas políticos que una educación de calidad sin duda liberaría), sabemos que la cosa no va a cambiar, no se va a medir la educación de manera adecuada con base en estándares internacionales que nos permitan ver si estamos cerca de Singapur y Qatar o más cerca del África subsahariana. No olvidemos que no solo es brindar educación básica o superior, sino el derecho humano se complementa al recibir educación de calidad, que me permita competir en igualdad de armas con aquellos que tienen mayores posibilidades de encontrarse en un mejor sistema educativo, que me posibilite encontrar los óptimos medios de subsistencia para mí y mi familia, un sistema educativo que apalanque el desarrollo del país que se muere en la informalidad laboral justamente por esa falta de educación y oportunidades. Sin eso, el derecho está incompleto.

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