Desde hace días, los medios de información no han parado de difundir los hechos de corrupción que se suscitaron durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (que no fueron pocos), sobre todo el caso de la adquisición de gases lacrimógenos, en el que es su protagonista principal el señor Arturo Murillo (quien debe estar llorando y no exactamente por los productos mal adquiridos). El hecho es grave y escandaloso como cientos de otros que inundan nuestra historia republicana y como Estado plurinacional, y que quedaron y seguramente quedarán en la impunidad y desgraciadamente solo para la anécdota.
El tema de la corrupción en Bolivia ya es algo endémico. Al parecer no existe lugar donde no se presente. Tanto en lo público como en lo privado, siempre está ahí presente. Incluso de alguna forma se ha institucionalizado, puesto que en muchas actividades ya se conocen los “porcentajes” que deben ser pagados para adquirir un contrato, concesión o ese servicio extra. Se tienen claras las “tasas” exigidas para que ese funcionario o funcionaria haga o deje de hacer algo; me permita ingresar o salir de algún lugar; me deje funcionar, trabajar o conducir sin licencia o permiso; se me facilite un trámite o gestión; me libere de alguna sanción; pueda ingresar a trabajar o estudiar en alguna entidad, entre algunos ejemplos que se dan a diario.
Seguramente al leer esto, le vendrá a quien lee a la memoria lo que tuvo que hacer o pagar para beneficiarse o librarse de algo, desde lo más pequeño e intrascendente como adquirir un lugar en alguna fila o cuestiones más grandes y que requirieron mucho dinero, como librarse de la justicia boliviana, nicho de corrupción, donde no solo paga el acusado que quiere salir de algún problema, sino tiene que pagar la víctima, paradójicamente, si quiere hallar justicia.
Siempre se escucha en las calles de nuestras ciudades que lo mejor en nuestro país es tener poder político, dinero y/o amistades que nos faciliten la vida. Muy difícilmente encontraremos a alguien que no se haya encontrado en la necesidad de usar ese tipo de "muñeca" en algún momento de su vida, ¿Quién se animaría a lanzar la primera piedra?
Por supuesto, el lugar donde la corrupción campea es en el ámbito público como hemos visto en las últimas semanas, donde oficialistas y opositores a partir de los últimos acontecimientos han ido destapando una infinidad de casos. Sin embargo, como señala el argentino Diego Luciani, el fenómeno de la corrupción no recibe un castigo severo, especialmente cuando la ciudadanía ejerce su derecho a elegir autoridades, al parecer se da la figura de un olvido colectivo. El autor nos da datos interesantes al señalar que en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Italia y Brasil, el castigo a los políticos afectados por hechos de corrupción oscila entre el 5 y el 11% de los votos, mientras que la tasa de reelección supera el 50%. En España entre 2000 y 2010, un 8,3% de sus municipios se vio afectado por hechos de corrupción, sin embargo, en las elecciones de 2007 el 70% de los candidatos fue reelecto.
Es un fenómeno sorprendente y extraño que seguramente se repite en nuestro país, donde muchas veces hemos conocido a candidatos y candidatas que no tienen las manos limpias; pero se han mantenido en sus cargos por el voto popular. Inclusive en alguna oportunidad se escuchó de algunas personas: “Roba (poquito), pero hace”. Esto solo nos mostraría que a muchas y muchos ciudadanos no les afecta en lo más mínimo la corrupción de sus autoridades, ¿será porque tienen ese mismo comportamiento?
Habrá quienes cada día se pregunten si habrá un futuro sin corrupción o con niveles más bajos que no signifiquen tanto daño al erario nacional (a nuestros bolsillos), porque no debemos olvidar nunca que cuando una autoridad o quien es servidor público se beneficia de dinero, bienes o servicios públicos, está robando o dañando los fondos de todas y todos; empero, al no existir una conciencia de ciudadanía en nosotros, al parecer no se ve de esta manera.
La corrupción afecta a la ciudadanía en su conjunto; pero mucho más a los pobres. Tiene un impacto fundamental en los derechos humanos, ya que los vulnera en mayor medida para aquellos que más necesitan que se los respete. Imaginemos un municipio pequeño donde sus autoridades desvían fondos o realizan obras fantasmas, en lugar de beneficiar a su población, muchos quizá no sientan esto como un problema, pero habrá mayorías que verán afectadas sus vidas por este hecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un Informe sobre democracia en Venezuela de 2017, ha señalado que la corrupción extendida afecta los derechos económicos, sociales y culturales en particular, y agregó que “la corrupción estimularía la discriminación y agravaría la situación socioeconómica de las personas que viven en situación de pobreza o de exclusión y de discriminación histórica”.
La Comisión viene tratando el tema por la gravedad de casos que se han suscitado en la región, puesto que complejiza las vulneraciones de derechos humanos, o en su caso se está convirtiendo en causa de violaciones de los mismos, e insta a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a asumir medidas de toda índole contra la corrupción estructural, como forma de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, debido a que los efectos de este flagelo afectan la legitimidad de los gobiernos, el Estado de Derecho, el goce y disfrute de la libertades fundamentales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en particular, y por último la vida democrática.
A pesar de estas recomendaciones, se ven pocos avances en la región y mucho menos en nuestro país, lo que nos muestra nuevamente un panorama muy desolador de que las cosas continúen como están. Todavía no se ven señales positivas en el actual gobierno, como la promulgación de una Ley de Acceso a la Información. Bolivia sigue siendo uno de los pocos países de la región que no la tiene o una nueva norma de Control y Supervisión Gubernamental, no olvidemos que la Ley Safco es del año 1998 y debe ser modernizada a las exigencias del actual modelo de Estado. Nuevas normas de adquisición de bienes y servicios, que vayan minimizando las contrataciones directas; políticas de transparencia y rendición pública de cuentas para todos los niveles del Estado. Estas son medidas concretas; sin embargo, no debe dejarse de trabajar de manera integral en la educación y concientización ciudadana, para borrar de todos nosotros ese “roba pero hace” que tanto daño nos hace como sociedad.
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