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SEGUNDA PARTE

El Comité de los Derechos del Niño, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha mostrado su enorme preocupación por los numerosos informes de explotación infantil (83.000 niños entre 5 y 13 años trabajando, incluso en condiciones peligrosas, por más de 40 horas por semana y durante la noche), particularmente entre las y los niños guaraníes en la región del Chaco. Ante ello, le recomienda al Estado adoptar medidas para erradicar las peores formas de trabajo infantil y para impedir que los niños se conviertan en víctimas de la servidumbre por deudas o del trabajo forzoso, eliminar prácticas laborales y actualizar la lista de trabajos peligrosos, además, se debería aumentar la edad mínima de admisión al empleo, teniendo en cuenta las opiniones de los niños y niñas, aumentar las inspecciones en lugares remotos.

La primera parte de este artículo puedes leer AQUÍ.

Con relación a niñas y niños en situación de calle, urge el establecimiento de avanzar en políticas integrales de protección, identificar el número de niños y niñas que viven y/o trabajan en la calle, y las causas profundas de sus situaciones.

Con respecto a la administración de justicia de adolescentes, se considera un paso regresivo el reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. También genera preocupación el número de niños y niñas detenidos, en prisión preventiva, con restricción de libertad y privados de libertad. Por ello, el Comité sugiere considerar la revisión de la ley que disminuyó la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años, implementar de manera efectiva la Ley de Procedimiento Penal Sumario, a la vez de aprobar una ley sobre justicia juvenil.

En el ámbito institucional, si bien se releva la creación del Consejo de Asuntos Sectoriales e Intersectoriales de Coordinación de la Niñez y la Adolescencia y la Dirección General de Niños y Adultos Mayores dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Comité recomienda que se otorgue al Consejo las funciones adecuadas y los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios. También reitera sus recomendaciones anteriores en sentido de establecer un mecanismo de alto nivel interministerial con un mandato claro y suficiente autoridad para coordinar todas las actividades relacionadas con la aplicación de la Convención en niveles intersectoriales, nacionales, regionales y locales.

Otra recomendación relevante consiste en la necesidad de fortalecer el Sistema Plurinacional de Protección Integral a los niños, niñas y adolescentes; aumentar los recursos económicos y humanos para prevenir la violencia contra los niños y velar por que todos los casos se investiguen debida y sin demora, y las o los agresores sean obligados a rendir cuentas.

Para pensar en que la estructura institucional responda a la magnitud del reto, se deben adoptar medidas para fortalecer los vínculos entre la planificación en los mecanismos definidos por el Código Niño, Niña y Adolescente (departamental y planes municipales) y el Sistema Estatal Integrado de Planeación (SPIE).

Además, el Comité hace notar al Estado que debe asegurar la participación significativa de niñas y niños en el diseño y la implementación de políticas públicas, y llama la atención respecto a la falta de un sistema coordinado e integrado con estadísticas sobre la infancia, con datos completos y desglosados, indicadores e información sobre la situación de los niños y niñas.

La agenda por los derechos de la niñez es enorme, el Estado tiene aún mucho por avanzar y nuestra obligación desde la sociedad civil es conocer y exigir el cumplimiento de estas recomendaciones poniendo a las niñas y niños en el centro de las acciones, reconociéndolas y reconociéndolos como sujetos de derechos.

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