En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el primer informe de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (MESEG-Bolivia), mostrando algunos desarrollos e identificando importantes tareas pendientes en el país.
Recordemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI Bolivia) formuló un conjunto de recomendaciones al Estado de Bolivia en su Informe Final en relación con los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco de la crisis política, electoral y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, que dejaron un saldo aproximado de 800 heridos y 37 personas fallecidas en diversos lugares del país.
El 11 de marzo de 2022 se acordó la instalación de una Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI Bolivia (MESEG Bolivia), con la finalidad de contribuir a la consolidación del diálogo con los diversos sectores de la sociedad, en torno al proceso de cumplimiento de las recomendaciones de dicho Informe. Después de más de 18 meses de puesta en marcha de la MESEG Bolivia ha presentado su primer informe, donde valora los avances, así como el nivel de incumplimiento en las recomendaciones que el GIEI Bolivia había formulado al Estado boliviano.
Este primer informe anual de seguimiento de la MESEG-Bolivia aborda la mayoría de las recomendaciones en materia de reparación e investigación y sólo incluye algunas recomendaciones de carácter estructural sobre las que el Estado ha reportado ciertos avances, como por ejemplo, medidas para fortalecer el Mecanismo Nacional de la Prevención contra la Tortura. Asimismo, se destaca la derogación del decreto supremo de (auto) amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos identificados por el Informe del GIEI. En particular, pone a luz algunos avances que tienen que ver con la atención de las necesidades directas de las víctimas de la violencia de 2019, como algunas medidas de satisfacción o la aprobación de normas, como la Política Plurinacional de Reparación Integral.
La CIDH expresa su preocupación por el contexto de persecución y amedrentamiento en contra de algunas víctimas, como Waldo Albarracín, en el marco de los procesos penales seguidos, así como la continuidad de la estigmatización y falta de adopción de medidas para restituir su honra y dignidad, dificultando que puedan continuar con su proyecto de vida. Entre los desafíos pendientes identificados se resalta que, tras casi cuatro años de ocurridas las graves vulneraciones a los derechos humanos, persiste el reto de implementar e institucionalizar un programa de reparación integral que abarque a todas las víctimas, lo que incluye a familiares de fallecidos, las personas detenidas arbitrariamente, torturadas y perseguidas, independientemente de la parcialidad a la que pertenecían.
Por otra parte, entre las tareas por cumplir, se subrayan las problemas para un adecuado acceso a la justicia de las víctimas. En ese sentido, le preocupa a la CIDH el elevado número de investigaciones que se reportan sin avances, recordándole al Estado un mayor compromiso de las Fiscalías para garantizar el acceso a la justicia. Así, se coincide con diversas voces nacionales que critican una política de persecución penal selectiva, donde se prioriza y fuerza la marcha del denominado caso Golpe de Estado contra la presidenta Áñez, instrumentalizando jueces ordinarios por fuera del juicio de responsabilidades que establece la Constitución, mientras que no avanzan las investigaciones por los hechos de violencia en Sacaba y Senkata, entre otros.
Este primer informe de seguimiento presenta una importante debilidad, no por lo que dice, sino por lo que no dice. El informe no profundiza los temas de libertad de expresión y ataques a periodistas -que tienen todo un capítulo en el Informe del GIEI-, ni tampoco profundiza en la agenda de reconciliación nacional, tan importante para superar la polarización. Y la ausencia más importante, “por metodología,” deja el monitoreo de algunas recomendaciones para un próximo informe, como son las recomendaciones en aspectos esenciales para la prevención de hechos similares ligados al funcionamiento e independencia de la justicia. En particular no se hace referencia a las recomendaciones número 14 y 15 del Informe del GIEI Bolivia que tienen que ver con reformas estructurales y garantías de independencia de la judicatura, lo que constituye una oportunidad perdida, en un momento crítico como que el que vive Bolivia, donde el poder político ha venido cerrando toda posibilidad para la renovación de las altas cortes, en tiempo y forma, conforme al procedimiento constitucional. Se siente la falta de un mensaje claro de la CIDH en relación a la realización de las elecciones judiciales, asegurando criterios de imparcialidad, mérito e integridad.
Ramiro Orias es abogado, Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
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