El 29 de noviembre se celebró el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y de quienes trabajan para defender la legitimidad de la mujer en el mundo. Desde hace 16 años, este día es dedicado a las mujeres que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todas y cada una de las normas y reglamentos que la desarrollan.
Con el fin de sensibilizar y denunciar las dificultades específicas que enfrentan las mujeres que defienden los derechos, este día internacional fue declarado en Colombo (Sri Lanka) en 2005 durante la Primera Consulta Internacional de las Mujeres Defensoras, en coherencia con la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos del 9 de diciembre de 1998.
En 2013, la Asamblea General de la ONU reiteró de forma histórica el apoyo a su labor, aprobando la primera resolución sobre las defensoras de derechos humanos.
Las mujeres defensoras enfrentan riesgos específicos relacionados con su género, además de los mismos riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos, en muchos casos, la violencia o las amenazas que reciben las defensoras de derechos humanos son de naturaleza sexual. El acoso y los ataques que se les infringen por su condición de género van desde el abuso verbal en relación con el género, la sexualidad o la identidad de género, hasta el acoso sexual y la violación[1]. Adicionalmente, el prejuicio, la exclusión y el repudio público de parte de los actores estatales y sociales afectan negativamente sus vidas.
Estas vulneraciones tienen consecuencias gravísimas: aumentan considerablemente el riesgo en su salud física y emocional, sus relaciones y vínculos familiares, su autoestima, su economía y el desempeño de su trabajo.
Las defensoras de derechos deben lidiar con las estructuras, instituciones y prácticas machistas y discriminatorias que las sitúan aún en mayor riesgo, en un contexto de violencia y discriminación estructural contra las mujeres, al desafiar los estereotipos que reprueban su participación en la vida pública. Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan una situación de particular vulnerabilidad y en muchas ocasiones hay intersección con otros tipos de discriminación cuando las defensoras son de origen indígena, por ejemplo.
“En muchos países, las mujeres que se atreven a hablar por los derechos humanos son estigmatizadas y llamadas malas madres, terroristas o brujas, silenciadas y marginadas de la toma de decisiones e incluso pueden ser asesinadas. Es particularmente preocupante que la hostilidad que enfrentan provenga no solo de las autoridades del Estado, sino también de los medios de comunicación, los movimientos sociales, sus propias comunidades e incluso su familia”, señaló en 2019 el entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.
Los Estados están obligados a desarrollar políticas de prevención y de protección integral con enfoque de género para asegurar un entorno seguro y propicio al trabajo de las mujeres defensoras. La jurisprudencia interamericana ha sido enfática al señalar que “todas las medidas orientadas a mitigar los riesgos que corren las mujeres defensoras de derechos humanos deben ser adoptadas con perspectiva de género y con un enfoque interseccional, de tal manera que se les pueda brindar una protección integral a partir de considerar, comprender y dar un lugar central a las complejidades de las formas diferenciadas de violencia que afrontan las defensoras por su profesión y por su género”[2].
Además, los Estados deben reconocer públicamente el papel fundamental que ejercen las defensoras de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho en la sociedad, y garantizar el acceso irrestricto y sin discriminación de la mujer a la justicia, asegurando que las defensoras de derechos humanos reciban protección eficaz contra hostigamientos, amenazas, represalias y violencia[3].
El rol de las mujeres defensoras es determinante para, por un lado, liderar un discurso que combata la desigualdad de género y la estigmatización y posibilitar que las mujeres tengan un espacio en la toma de decisiones en espacios públicos y, por otro, para darle rostro a las luchas y causas de millones de ellas.
Estas mujeres son motivo de inspiración al salir al espacio público y exigir sus derechos y los de otros y otras. Las adversidades no las callan, no las desaniman. La sociedad y el Estado deben reconocer los desafíos y riesgos específicos que enfrentan y profundizar en el apoyo y reconocimiento de su labor.
[1] Informe de Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General para los Defensores de Derechos Humanos, en la 58a sesión de la Comisión de Derechos Humanos. 27 de febrero de 2002, E/CN.4/2002/106, para 91
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Digna Ochoa Vs. México, pág. 101
[3] Ibid, pág. 101
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