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Al sinfín de graves problemas que enfrenta la humanidad en esta época de la historia que nos ha tocado vivir con una cantidad infinita de vulneraciones a los derechos humanos que se viven en diverso grado en todo el mundo, en nuestra región y con gran preocupación en Bolivia, se suman actitudes por demás negativas como la difusión de noticias falsas como un instrumento que tiende a cambiar los hechos, los cuales tendrán menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales.

Esta cuestión afecta la conciencia social y menoscaba la objetividad que debería tener cada ser humano para definir una posición con respecto a un tema de interés social. Es una forma perversa de manipulación, porque apela a nuestros sentimientos y, por eso, es tan usada por las y los políticos para exaltar a las masas y enceguecerlas.

De ahí surge el odioso y muchas veces insolente acto de muchas personas de “defender lo indefendible”, el que se está convirtiendo en una odiosa práctica cotidiana. Mucha gente no quiere ver lo objetivo, lógico y razonable, incluso se niega a ver la norma o la interpreta de manera equivocada, arbitraria y antojadiza, que llega a niveles abrumadores, dejando a cualquiera con sentimientos de frustración, tristeza o, finalmente, con la activación de una embolia por la rabia contenida.

Los últimos días hemos sido testigos de las acciones emprendidas por el ahora expresidente peruano Pedro Castillo, en una incomprensible y hasta podría denominarse suicida determinación de disolver el congreso, armar un gobierno de excepción, señalar que se procedería a la elección de un legislativo con poder constituyente para modificar la Constitución del Perú, acciones de reorganización e injerencia directa contra el Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia de nuestro país hermano.

Ese 7 de diciembre fuimos durante aproximadamente dos horas espectadores de una crisis que no es ajena a ningún país de la región, pasó en Bolivia en noviembre de 2019. Sin embargo, lo que más debe alegrarnos es el desenlace de esa apuesta que hizo el señor Castillo, mediante una solución institucional.

Empero, unos momentos después del retorno a la tranquilidad en nuestro querido país vecino, comenzaron a salir las voces que apoyaban la medida asumida por Castillo, las que decían que desde el inicio de su mandato no se lo dejó gobernar; que las fuerzas opositoras confabularon junto con fuerzas extranjeras; que la oligarquía, que las elites, que Estados Unidos, que el racismo y discriminación contra su persona, que el empedrado limeño, etc., etc.

Si bien es evidente que el señor Castillo la tuvo difícil desde un principio, sin mayoría en el Congreso peruano; se entiende que ese es el juego democrático: debatir, discutir, negociar, formar consensos con quienes piensan diferente. Esa es una lección que debemos aprender aquí y en toda nuestra región latinoamericana tan acostumbrada a que los gobernantes impongan su voluntad basados en supuestas mayorías electorales coyunturales, prebendas, corrupción, división de organizaciones, ataques a la prensa independiente y a otras libertades fundamentales, alimentando además la posverdad y desarrollando funestas “estrategias envolventes” contra la democracia.

Ahí es donde debe entrar nuestro discernimiento y no nuestro sentimiento o acomodo ideológico, para no defender algo que no se puede, no se debe y no cabe en la lógica, es taxativo que el señor Castillo ¡vulneró su Constitución!, la que refiere:

 “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.”

Entonces, ¿el Presidente del Perú tiene la facultad de disolver el Congreso?, pues sí, pero bajo las condiciones señaladas, las que no fueron cumplidas por el gobierno de Castillo. En ningún lugar del precepto señala que se establecerá un gobierno de excepción, se realizarán acciones de contra de otros órganos, tampoco que se llamará a un congreso constituyente y se vivirá bajo un estado de excepción, con toque de queda incluido.

Entonces, ¿por qué hay personas y personajes que quieren hacer creer lo contrario y que defienden la medida o mejor dicho la metida de pata?

Esto retrotrae a un evento tan conocido en Bolivia cuando nuestra Constitución señalaba en su artículo 168:

“El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua".

De la disposición constitucional se puede inferir que la reelección presidencial no era amplia e irrestricta, al contrario, estaba reducida a una sola vez; por lo que la reelección inmediata continua está proscrita en el sistema constitucional boliviano vigente. Sin embargo, como es de histórico conocimiento, hubo todo un entramado construido para defender lo indefendible frente a quienes señalábamos en algún momento que la reelección del señor Evo Morales en Bolivia estaba plagada de inconstitucionalidad, irracionalidad, autoritarismo y ceguera.

No se olvide que incluso se llegó a señalar que era un derecho humano, lo que no pasaba un examen serio en esa materia y se tuvo que esperar durante años una definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que zanjó el tema en una Opinión Consultiva, caso contrario, hubiéramos seguido sufriendo el embate de muchas y muchos defensores de lo indefendible que hasta ahora ni se sonrojan o arrepienten de sus actos.

Esperemos que nuestro país vecino pueda seguir por el camino de la paz. Se han iniciado procesos penales contra el señor Castillo y sus colaboradores, elecciones adelantadas para contar con un gobierno legítimo, que detenga las movilizaciones de aquellos y aquellas que seguirán defendiendo lo indefendible, azuzados por los culpables. Guardamos esperanzas de que todos y todas en nuestra América saquemos lecciones positivas de lo acontecido y sigamos apostando por la democracia.

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