“No está entendiendo esa parte usted, no está colaborando. Yo necesitaba que estos jóvenes estén libres para el congreso de mañana, que las señoritas estén libres, pero usted no está colaborando. Este es otro tipo de coordinación, por favor. Usted me va a escuchar señor Marín, desde el principio dice: 'ya, sí jóvenes vayan', por detrás de usted es otra cosa, y eso no se le va a permitir, no está colaborado en nada, no está colaborando a nivel político, y aquí necesitamos gente que colabore a nivel político. Si usted no colabora, aquí en conjunto y más las organizaciones sociales, vamos a pedir su cambio, todos los fines de semana hay congreso. ¿Por qué han entrado aquí? ¿Por quiénes han entrado? Tienen que ponerse la mano al pecho ustedes”. Éstas serían las palabras de la actual directora Regional de Aeronáutica Civil de Tarija, Dayana Maldonado, llamando la atención y amenazando al Jefe de Bomberos del aeropuerto de Tarija con un despido.
Esto para cualquiera que analice un poco el tema es una clara muestra de acoso laboral. Son aquellas conductas que lesionan o menoscaban la dignidad humana en un contexto de relaciones de trabajo tanto en empresas privadas como en instituciones públicas.
Estas censurables acciones conforman una amplia gama de actitudes y comportamientos claramente agresivos, hostiles, humillantes o discriminatorios hacia alguien que desempeña su labor en un ámbito laboral; actitudes y comportamientos ejercidos por jefes inmediatos, superiores jerárquicos, compañeros o compañeras de trabajo y, en ocasiones, hasta por subalternos de la oficina o dependencia.
Es evidente que este tipo de violencia laboral se presenta en todo tipo de actividad en Bolivia. Sin embargo, las y los especialistas coinciden en señalar al ámbito del servicio público como uno de los más proclives a generar ambientes en los que la violencia laboral encuentra un terreno especialmente difundido, como se puede evidenciar en el caso ocurrido en Tarija.
El problema no sólo se presenta en el gobierno central, sino también en los gobiernos departamentales y municipales, y tiene que ver con la falta de institucionalidad en todos estos niveles. No se entiende el papel de las y los servidores públicos en el Estado y en el gobierno, lo que heredamos desde la doctrina del derecho constitucional y el derecho administrativo.
El concepto que tienen los políticos de este sector tiene dos lineamientos, ambos muy desdeñables. En primera instancia que los servidores y servidoras del Estado les deben el favor de emplearlos; por lo tanto, pasan de trabajar para la sociedad a hacerlo para el partido y sus acólitos. En segunda instancia, que todos y todas deben ser parte de la ideología o línea política del partido de gobierno; caso contrario, no tiene esa persona ningún valor para el gobernante, a quien no le importa su calidad profesional, su idoneidad, eficiencia o conocimiento, incluso sus valores personales que deberían ser lo más importante, sino solamente cuánto le va a servir para sus intereses personales o partidarios.
La Constitución Política del Estado establece, en el artículo 232 y siguientes, un capítulo específico sobre las servidoras y servidores públicos, con varias estipulaciones, y principalmente señala: la “Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”. Como vemos, estos principios resultarían un saludo a la bandera en gran parte de las entidades del Estado. Seguramente a usted lector/a se le dibujó en el rostro una sonrisa en este momento al traer a la memoria muchos hechos atestiguados o conocidos protagonizados por funcionarios del Estado que contravienen a los principios expuestos.
Es lamentable observar cómo durante los últimos años se ha ido destruyendo la carrera administrativa, que estaba regulada por el Estatuto del Funcionario Público y que intentaba darle al Estado servidores/as públicos/as calificados alejados de lo político-partidario. Por ello, esta norma era taxativa al señalar principios tales como que la función pública está dirigida al servicio exclusivo de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno, sometiéndose exclusivamente a la Constitución y la ley, incluso una prohibición que en estos tiempos resultaría hasta jocosa de “realizar actividades político partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones”.
Conocemos por boca de amigos/as colegas e incluso familiares que prestan servicios en el Estado, de las actividades partidarias que se dieron en días y horarios de trabajo con la obligatoriedad de llenar estadios, coliseos, actos de entrega de obras o análogos, conferencias de prensa y actos proselitistas, entre otros, bajo amenaza de despido o proceso. Ni qué decir de la entrega de aportes “voluntarios”, al menos en época de elecciones y demás situaciones.
Actualmente, se comenta sobre el uso de servidores/as públicos/as para estrategias de desinformación y acaparamiento informativo en redes sociales. Incluso se habla de la existencia de un cronograma de las diferentes entidades del Estado para apoyar temas, políticas y medidas gubernamentales en redes como Facebook, Instagram o TikTok. Lo anterior podría confirmarse al observar en las cuentas personales a los conocidos publicando loas, aplausos y vítores al titular de alguna cartera del Estado o al mismo Jefe de Estado cada cierto tiempo, sin falla, es decir, ¿ahora se estaría utilizando a los empleados públicos como “guerreros digitales”?
Otro ejemplo de la desinstitucionalización de la carrera pública se da en el área de Cancillería, porque ya no existe la carrera diplomática, y los pocos profesionales que se habían especializado en una temática tan trascendente para cualquier Estado, en su mayoría están desempleados, ¿en qué manos están las relaciones exteriores del país?
Antes se sabía que las y los embajadores, salvo contadas excepciones, eran ajenos a cualquier formación especializada o incluso a cualquier formación profesional, quedando todo el trabajo en las diferentes representaciones de nuestro país en segundos o terceros puestos, es decir como encargados de negocios o primeros secretarios, pero ahora que ya se está dejando de lado a la gente que se formó para este fin, realmente no se puede saber dónde se está dirigiendo el manejo estratégico de la política exterior boliviana.
En el punto anterior es llamativo observar que en los diferentes procesos internacionales del país ante la Comunidad Andina de Naciones, el sistema internacional de protección de derechos humanos o la justicia internacional se recurre no con excepcionalidad a los servicios de abogados/as extranjeros. Como ejemplo está el último acontecimiento respecto al fallo del Tribunal de Justicia de la CAN contra Bolivia, mostrándose de esta manera la debilidad antes señalada.
Es importante que en las siguientes gestiones de gobierno se retome la naturaleza verdadera de la función pública, es decir un servicio de carrera, donde el ingreso sea por mérito y exámenes de competencia, donde se garanticen la estabilidad laboral y los derechos fundamentales, esperando que esa persona sirva a la sociedad, no se sirva de ella y rinda cuentas de sus actos a la misma y no al partido de turno, para que no venga una o un jefe y te diga que no estás colaborando y que seas consciente de que ingresaste al cargo por favor político y no por tu desempeño profesional, esto ya no.
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