En el mundo jurídico en Bolivia estamos desgraciadamente acostumbrados a que la justicia nos decepcione cada día por mora procesal, falta de independencia, corrupción, desidia, negligencia, falta de principios y valores democráticos, muchas veces carencia de humanidad, misoginia en infinidad de casos y omisiones que generan impunidad, entre otros males.
Así podríamos lanzar adjetivos muy negativos en ese sistema en crisis desde hace muchos años, que a nadie le importa o le interesa solucionar. Se sostiene con fondos del Estado un Ministerio de Justicia y Transparencia que, al parecer, solamente sirve para poner en práctica consejos de “El Príncipe” de Maquiavelo a su excelencia o para que su titular genere pelea con su ex “jefazo”, que a generar una política pública de reforma a la justicia.
Uno de actores de ese podrido andamiaje es, por supuesto, el Ministerio Público, una entidad que en teoría debería defender la “legalidad y los intereses generales de la sociedad” (art. 225 de la Constitución boliviana), empero las noticias diarias nos muestran todo lo contrario: se ha convertido en un instrumento completamente entregado al poder de turno. Su titular, no hay nada que hacer y nadie puede negarlo, tiene una cintura espectacular.
El último ejemplo de su falta de criterio y objetividad es la determinación de imputación contra Edgar Villegas por el supuesto delito de “Instigación Pública a Delinquir”, que realmente es ridícula, pues desde ahora cada uno de nosotros va a tener que cuidar mucho qué hace con sus páginas de Excel y limitar su libertad de expresión, ya que eso justamente es lo que hizo este ciudadano, quien realizó, en su calidad de ingeniero, un estudio de los resultados de las elecciones de 2019 y determinó irregularidades que fueron completamente confirmadas por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, que por cierto nunca dijeron que se hizo “fraude”, señalaron que hubo irregularidades muy serias que hacían dudar de la transparencia del proceso de 2019; pero ante esto el jefazo no tuvo argumento alguno y la cosa acabó como todos sabemos.
Y afirmamos que la imputación es ridícula porque si desentrañamos el tipo penal señalado, nos damos cuenta de que realmente no tiene ningún asidero jurídico.
El artículo 130 del Código Penal señala: “El que instigare públicamente a la comisión de un delito determinado, será sancionado con reclusión de un mes a un año. Si la instigación se refiere a un delito contra la seguridad del Estado, la función pública o la economía nacional, la pena aplicable será de reclusión de tres meses a dos años.”
Entonces, tenemos que la instigación es de un delito determinado, en este punto, si revisamos las declaraciones del señor Villegas cuando se produjeron los hechos del 2019, no se ubica en ningún momento que este insigne ciudadano haya llamado a nadie a robar, destruir, quemar, realizar actos de sedición o peor aún a una “guerra civil”, acordonar las ciudades para que no entre nada u otra figura del Código Penal, que sí lo hicieron muchos azules. Solamente comparó datos del sistema de conteo rápido (TREP) con el cómputo oficial de las elecciones, señalando posibles manipulaciones que podrían constituir fraude electoral. En ese sentido, el abogado argentino Sebastián Soler señala al respecto: "Un delito no quiere decir una figura delictiva, sino un hecho determinado. No basta en general hablar del robo, sino que es preciso instigar a la comisión de cierto robo o de cierta pluralidad de robos determinados”, primer elemento que hace caer la imputación.
El segundo elemento es la necesidad de que exista la debida publicidad. Nuevamente nos vamos a las declaraciones que realizó el Ing. Villegas en medios de comunicación en esa época y tampoco se encuentra que haya realizado un llamado a levantar armas, ni siquiera una piedra en contra del gobierno de Morales. Sus opiniones fueron técnicas y podía estar equivocado, como usted o como yo, cuando damos una opinión, pero de eso a que hayamos pedido que se tome palacio de gobierno o se realice un golpe de Estado, dista mucho. El doctrinario Manzzini refiere que, en la instigación, la publicidad no es una condición de punibilidad, sino un verdadero elemento constitutivo de la figura y como tal debe estar comprendido dentro del dolo del autor, es decir, que éste, además de instigar a la comisión de un hecho determinado, ha de saber que lo hace públicamente y, en ese sentido, si una instigación privada se hiciese pública, por medio de un micrófono ignorado del autor, no existiría delito. En ese entendido, la figura delictiva es dolosa, es decir con voluntad y conocimiento, extremos que el señor Villegas no muestra en ninguna entrevista. Se circunscribe a señalar que hubo manipulación de los datos electorales y nada más.
Un tercer elemento del tipo penal de instigación pública a delinquir se circunscribe a la seriedad de la instigación. Sobre el particular, Carrara manifiesta textualmente que: “las palabras escritas o dichas no tienen vida propia y absoluta, su vida se modifica según la intención de quien las profiere; el discurso que exteriormente suena como provocación a un delito, puede no agotar las condiciones de la criminalidad cuando es proferido con intención buena o inocente". Entonces, al ser un delito doloso se aclara que esa voluntad y conciencia de los actos deben ser serios, mas o menos lo que hizo Trump en su discurso ante una muchedumbre que luego tomó el Capitolio ese terrible enero de 2021. Durante su discurso en la Casa Blanca, Trump específicamente incentivó a sus seguidores a marchar al Capitolio. Dijo que debían hacerlo "pacífica y patrióticamente", pero en otro punto los animó a "pelear como nunca". A Villegas no le escuchamos algo así contra Morales.
Como se puede apreciar desde una mirada técnico-jurídica, se confirma que el accionar del Ministerio Público, como en muchos casos, resulta hasta jocoso. Podríamos reírnos, pero se trata de los derechos y la libertad de un ciudadano que se circunscribió a usar su intelecto para tratar de demostrar algo que luego se torno irrefutable y que es la pesadilla del señor Morales, quizá peor que el tema de una señorita “cara conocida” que nuevamente se denota que volvió a dejarlo sin sueño. Esperemos que el Ministerio Público tome consciencia (si milagrosamente la tiene) para recular en un tema que no debería tener futuro.
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