Por Cristian León* //
A 2025, Bolivia continúa profundamente rezagada en materia de desarrollo digital. Pese a algunos avances en infraestructura de conectividad urbana, la brecha digital persiste y se agrava sobre todo en áreas rurales y remotas.
Rankings como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial y el Barómetro Global de Datos colocan a Bolivia entre los países con peores calificaciones de la región. En medio de una aguda crisis económica, esta situación debería impulsar una transformación digital orientada a diversificar fuentes de ingresos y generar nuevas oportunidades, pero los planes de gobierno presentados por los partidos no parecen estar a la altura del desafío.
Aunque casi todos incluyen referencias a la “digitalización”, lo hacen de manera superficial, reiterando promesas pasadas y sin considerar diagnósticos ya realizados ni políticas existentes. Incluso el programa del MAS-IPSP ignora su propia Agenda Digital 2030 publicada recientemente. Esta falta de articulación entre discurso y realidad demuestra que aún no se comprende plenamente qué implica transformar digitalmente al país.
En materia de gobierno digital, hay propuestas comunes como blockchain, interoperabilidad de datos y plataformas únicas de trámites. Cinco partidos (PDC, Súmate, Alianza Unidad, Morena y Libre) retoman estas ideas. Sin embargo, éstas ya forman parte de normativas vigentes desde 2017.
En educación, el rezago es alarmante. La pandemia dejó secuelas en relación a la brecha digital educativa, vacíos curriculares y bajos niveles de aprendizaje. Aunque algunos partidos hablan de plataformas de e-learning y modernización curricular, no proponen soluciones estructurales ni integrales que permitan desarrollar habilidades digitales desde edades tempranas.
En salud, se repiten diagnósticos: historia clínica electrónica, telesalud y gestión digital de turnos. Si bien útiles, estas medidas no abordan los problemas de fondo del sistema sanitario. En economía digital, apenas unos pocos partidos (Morena, Alianza Unidad, Libre y Alianza Popular) presentan propuestas que van desde incentivos a startups hasta regulación de fintechs y criptomonedas. Sin embargo, aún falta una visión clara para posicionar a Bolivia como productor de tecnología y no sólo como consumidor.
El acceso a Internet, esencial para cerrar la brecha digital, es abordado de forma marginal. Cuatro partidos lo mencionan, pero las propuestas son poco realistas: más satélites y zonas Wi-Fi. Ninguno discute los verdaderos obstáculos: la última milla, la baja competitividad del sector o la falta de capacidades en los gobiernos subnacionales.
La ciberseguridad y la violencia digital también están ausentes o mal desarrolladas. Morena es el único partido que ofrece propuestas concretas contra violencias digitales. Sólo Libre y Alianza Unidad proponen una Ley de Protección de Datos Personales, una herramienta clave para garantizar privacidad y derechos en el entorno digital.
En definitiva, los derechos digitales no están siendo considerados como pilar de la transformación. No basta con prometer digitalización: se requiere una estrategia seria, con enfoque de derechos, que garantice acceso equitativo, protección de datos y participación ciudadana.
Bolivia no puede seguir siendo un país consumidor de tecnología. Necesita políticas públicas que comprendan la complejidad del ecosistema digital y que respondan a las necesidades de sus sectores más vulnerables. Es momento de dejar el tecnosolucionismo de lado y construir una verdadera agenda que aborde el desarrollo digital de Bolivia.
Cristian León es Director Ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org
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