Durante los últimos años Bolivia ha vivido los efectos de una crisis múltiple, simultánea, combinada y acumulada. A la crisis política, judicial, electoral y social que se arrastraba desde antes, se sumó la crisis económica y sanitaria que el Estado boliviano tuvo que enfrentar como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Este contexto ha sido propicio para atizar la polarización política y traducirla en narrativas antagónicas para interpretar la situación del país.
La Carta Democrática Interamericana define que las libertades de expresión y de prensa constituyen componentes fundamentales para el ejercicio pleno de la democracia. De acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones: una dimensión individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada.
Desde esta doble perspectiva, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones que se quieran, como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, opiniones, relatos y noticias, libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen. Así, la libertad de expresión importa el derecho a hablar, pero también el derecho a saber.
Sin embargo, la polarización política suele usar diversos medios para restringir ese pluralismo informativo, buscando construir versiones unidimensionales de la realidad, evitando la crítica pública y diluyendo los mecanismos de control social y participación ciudadana en los asuntos públicos.
Existen algunos medios directos para obstruir o limitar el trabajo de periodistas, activistas y otros ciudadanos que lideran la construcción de opinión pública. Estos suelen ser agresiones físicas y verbales, estigmatización personal o la criminalización, utilizando el sistema judicial. Existen también otros medios indirectos y, por tanto, a veces menos visibles, que buscan instrumentalizar medios lícitos para fines ilícitos, como es censurar o eliminar visiones alternativas. Por ejemplo, aumentando la presión y fiscalización tributaria sobre los medios independientes, condicionamientos sobre la pauta de la publicidad oficial, la concentración de medios en manos cercanas a los círculos del poder, así como las prácticas de secretismo y obstrucción al acceso a la información pública.
La decisión de algunos funcionarios públicos de restringir la libertad de expresión y el acceso a la información contrasta con los estándares internacionales que garantizan la libertad de expresión, además de exponer las debilidades institucionales en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), en su último informe de abril de 2022 sobre Bolivia, apunta: La impunidad en casos de agresión contra periodistas permanece como el tema pendiente de solución. Pese a los recurrentes casos de agresiones, ataques y obstrucción al trabajo de los periodistas, estos procesos no avanzan y el país no tienen ninguna sentencia que determine la responsabilidad individual por estos hechos. Cuando se abre un proceso, se investigan lesiones leves, hurto o destrucción de equipos, pero no se imputa la comisión del delito contra la libertad de prensa, previsto en el art. 296 del Código Penal, que sanciona a quienes impidan o estorben la libre emisión y circulación del pensamiento por cualquier medio de difusión.
Recordemos que el Informe del Grupo de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI Bolivia) recomendó al Estado Plurinacional de Bolivia:
Reforzar las garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística, para prevenir atentados contra la libertad de prensa sobre las personas o sobre los bienes y edificaciones de los medios, y, en caso de concretarse violaciones y daños, para garantizar la investigación y el juzgamiento de los responsables, y la reparación de las víctimas.
Además, el GIEI Bolivia de forma específica también precisó la necesidad de Crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas, cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados.
Así, el trabajo del periodismo independiente en tiempos de crisis y conflicto se encuentra vulnerable a los embates de la polarización, cuando más bien la sociedad boliviana necesita de su protección para preservar así el pluralismo informativo que requiere el debate democrático y la búsqueda de la reconciliación nacional.
Ante el incumpliendo del Estado en sus obligaciones positivas de crear las condiciones para garantizar el ejercicio de las libertades de expresión y prensa, la Fundación para el Periodismo con el apoyo de Unesco ha creado la RAPP (Red de Apoyo y Protección a Periodistas), con el fin de brindar a las y los trabajadores de la prensa un espacio para realizar denuncias de agresiones, vulneraciones y acosos a su labor, pero también para capacitarse en derechos humanos, autorregulación, seguridad física e informática y otros, en un momento en el que los periodistas están cada vez más amenazados. Esta iniciativa busca que sean las y los periodistas quienes brinden protección a los periodistas, creando una red de contención, apoyo mutuo y orientación legal frente a estas situaciones que menoscaban la libertad de expresión en estos tiempos de polarización.
Ramiro Orias Arredondo es abogado y Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
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