“No basta habitar la ciudad, con producir o disfrutarla, es necesario vivirla como espacio colectivo”; pero la y el ciudadano se construye en la participación política sobre el destino de su sociedad porque sin participación en la vida pública no es posible construir ciudadanía (Giraldo y Viviescas, 1996).
En ese sentido, algunos de los aspectos en los cuales toca reflexionar sobre cómo habitamos y “vivimos” nuestras ciudades son: la inseguridad, los espacios urbanos y la infraestructura; la fiesta y la cultura; la educación y la violencia.
Inseguridad
Según la Encuesta Mundial de Valores, el 17% de la población en Bolivia afirma haber sido víctima de algún delito por encima del porcentaje en Colombia y Brasil. El consumo de alcohol en la calle y los hechos de robo representan las dos principales causas de inseguridad (Voz de América, 08/11/2021). Día tras día en nuestras ciudades, grupos de vecinos se organizan para demandar mayor seguridad ciudadana, luminarias y patrullaje en las calles. Desafortunadamente, el equipamiento de módulos policiales no fue suficiente si no se asigna personal policial para realizar rondas, vigilar las calles y prevenir el delito. En algunos casos extremos, algunos policías extorsionan a los delincuentes para recibir “su parte” del atraco o robo sin ningún escrúpulo. ¿Será que los efectivos policiales son insuficientes y están bien capacitados técnica y éticamente para garantizar el bienestar ciudadano?
De muestra un botón, el municipio de Caranavi tiene una población de 61.524 habitantes (INE 2012); pero, un estudio cualitativo a través de entrevistas a personal policial y médico en esa ciudad constató que existen sólo cuatro policías y un hospital que semeja la infraestructura de una posta sanitaria para atender a una población de 150.000 habitantes según sus registros de atención. La inseguridad se apoderó de ese municipio y aún no existen medidas que corrijan esa situación.
Espacios urbanos e infraestructura
En general, los espacios urbanos como parques, plazas, jardineras y complejos recreativos se han incrementado en las tres grandes ciudades, lo que ha permitido a los bolivianos disfrutar al aire libre luego de la pandemia.
No obstante, los presupuestos municipales siguen concentrándose en las obras de cemento y asigna mucho menos presupuesto a la capacitación de la ciudadanía en derechos y obligaciones con el ornato público, la limpieza, el pago de impuestos, la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Se cuenta con menos acciones planificadas, con personal y recursos económicos para brindar capacitación en participación ciudadana, elaboración de planes operativos anuales para las juntas de vecinos, negociación y conciliación ante los conflictos o prevención de la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La fiesta y la cultura
Este 2022 se realizó la fiesta del Carnaval en todo el país como una señal del retorno a “la normalidad” —aunque seguimos usando barbijo— y se retomó el rumbo de vivir la cultura y tradiciones bolivianas.
Sin embargo, la identidad socio-cultural originariamente boliviana la reproducen cada vez menos personas y sólo en determinadas épocas del año, mientras el consumo de contenidos y cultura globales prevalece entre los adolescentes (0-14 años) y jóvenes (16-28 años), con el 32,4% y el 23,4% respectivamente (55,8% en total).
Por tanto, cabe preguntar: ¿Qué identidad social y cultural estarán construyendo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país que viven en las ciudades?
La educación y la violencia
En agosto de 2020 se vulneró el derecho a la educación ante la intempestiva clausura del año escolar; desafortunadamente, la situación mejoró poco durante 2021.
Antes de la conclusión del primer trimestre de 2021, las autoridades educativas indicaron que un 30% de los estudiantes abandonaron sus escuelas. La causa fue la falta de dinero para adquirir celulares e internet o simplemente porque los estudiantes debían trabajar para ayudar a alimentar a su familia. Según los datos de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz, se registraron unos 30.000 estudiantes que abandonaron la educación luego de la pandemia en los municipios de La Paz (10.000) y El Alto (20.000) (Página Siete, 14/11/2021).
En Cochabamba, la pandemia provocó al menos un 10% de deserción escolar y hay estudiantes que intentaron continuar sus estudios desde otras ciudades y países a los que migraron sus papás en busca de trabajo (Opinión, 21/11/2021). En septiembre de 2021, en Santa Cruz en promedio, “un 30% de los estudiantes no pasaba clases según Osman Cabrera, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbano de Santa Cruz (El Deber, 07/09/2021).
A esa delicada situación se sumó la violencia de género. Según el Informe Especial “Cuarentena violenta. Cuando el hogar es el espacio más inseguro para las mujeres”, elaborado por el Observatorio de Género (junio, 2020), hubo 3.000 hechos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes durante la cuarentena rígida, cerca a 497 de ellos fueron delitos contra la libertad sexual.
Bolivia registró 108 feminicidios de los cuales en 83 casos identificaron a los agresores y también se reportaron 46 infanticidios en 2021, según información de la Fiscalía General del Estado. Además, en 2021 se registraron 46 infanticidios, cuya mayoría de los agresores fueron progenitores o familiares (DW, 01/01/2022).
Ante ese contexto, se visibiliza lo difícil que es habitar y vivir en nuestras ciudades. La complejidad es mayor en las ciudades intermedias o poblaciones rurales donde el ejercicio de derechos humanos y las garantías constituciones aún demandan mucho mayor compromiso de los funcionarios públicos, presupuestos y participación ciudadana para garantizar que el capital humano de nuestro país alcance un nivel de vida adecuado.
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