Hacia una democracia en serio

Una sociedad democrática para funcionar como tal debe cumplir una serie de requisitos como tener un sistema legal estructurado de acuerdo a las necesidades de la población para una convivencia pacífica. Y redactado en términos claros y precisos, que no den lugar a interpretaciones distintas a su  objeto y que, sea producto de un debate amplio entre actores de la sociedad civil y los grupos políticos, de tal manera que su contenido sea de conocimiento previo de la mayor cantidad de personas y que, gobernantes y gobernados, se sometan a lo que disponen.

Ese sistema legal implica que quienes asuman la conducción del Estado sean el resultado de elecciones libres, transparentes y en igualdad de condiciones con sus contrincantes. Y que las instituciones públicas sean dirigidas por personal elegido de acuerdo a las normas y que su perfil no sea otro que la solvencia técnica y su conducta ética intachable, independientemente de su militancia política, creencia religiosa, sexo, orientación sexual, origen étnico o cualquier otro factor diferenciador existente.

Un requisito fundamental que hace que un Estado sea considerado democrático es que tenga garantizada y sea una práctica real la independencia de los poderes existentes; independencia que no impide la coordinación entre ellos.

El sometimiento, así sea de uno de ellos, a la voluntad del otro u otros, constituye una señal inequívoca de una tendencia al autoritarismo, mucho más si los otros requisitos son inobservados o cumplidos de manera selectiva.

Al respecto, varios instrumentos internacionales de los que Bolivia es parte, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostienen que los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social son intrínsecos a la democracia.

Por su parte,  la Carta Interamericana de OEA, que es el documento fundacional de la institución, señala que “…la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región…”.

Para la Carta Democrática Interamericana, la Democracia es un derecho de los pueblos y una obligación de los gobiernos el promoverla y defenderla por ser esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos.

Así mismo, en el artículo 3 de manera muy clara indica que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Estos conceptos que son simples y claros para entender, al parecer en Bolivia no logran ser parte de los valores y principios de quienes nos gobiernan toda vez que:

1. Las leyes vigentes en el país generalmente son aprobadas al calor de los acontecimientos políticos y los intereses coyunturales de quienes detentan el poder en determinado momento; son aprobadas sin mayor debate con la sociedad, mucho menos reflexión serena  y generoso desprendimiento de intereses partidarios o personales de legisladores/as y su aplicación, ante el desconocimiento de las y los afectados, queda librada a la voluntad de autoridades llamadas a aplicarlas para quienes el efecto de una norma depende de factores políticos, económicos o sociales y no así de una interpretación adecuada a principios y valores en los que se sustenta, provocando en la población, además de desazón y un estado de vulnerabilidad, la convicción de que vivir transgrediendo las leyes es más seguro que cumpliendo sus preceptos; el resultado, el incremento monumental de procesos judiciales que amenazan colapsar los juzgados de todas las materias.
2. La independencia de poderes, algo que no se preserva ni siquiera en las formas. La mal entendida lealtad partidaria hace que personas que realmente podrían aportar al desarrollo del país, a la convivencia armoniosa en sociedad y el fortalecimiento de la democracia se conviertan en simples marionetas sin criterio propio y, lo que es peor, sin dignidad. Legisladores, concejales, jueces, policías, militares, gerentes de empresas estatales y cuanto funcionario público existe viven pendientes de las instrucciones del poder político y a la ética, así sean las órdenes más aberrantes y violatorias a los derechos humanos y de la aprobación o desaprobación de los comisarios políticos instalados en cada institución.
3. La manera cómo se accede al poder en los últimos años es lo más alejado a lo que disponen la Constitución Política del Estado y los instrumentos a los que hacemos referencia. El partido en función de gobierno, desde el proceso de aprobación de la Constitución vigente ha optado por pasar por alto cualquier norma jurídica, incluida la aprobada con previo derramamiento de sangre e inobservancia de los procedimientos previstos para la ocasión, y, con la capacidad que tiene de controlar todos los poderes del Estado, induce a interpretaciones groseras y risibles como aquella de que la primera gestión de Evo Morales no se contabiliza a efectos de la reelección porque fue antes del nacimiento del nuevo Estado Plurinacional; que los resultados del Referendum del 21 de febrero de 2016, no son vinculantes porque su derrota fue por las mentiras que inventaron los de la oposición o que presentarse para una cuarta reelección contra lo dispuesto por la CPE  y la opinión del pueblo expresada en el referéndum, es un Derecho Humano.
4. Finalmente, el escandaloso y obsceno fraude electoral que ha provocado la indignación generalizada en la población boliviana y en bolivianos residentes en otros países, son señales muy nítidas de la vocación autoritaria del partido de Evo Morales que a cualquier precio pretende quedarse en el poder, sobre todo para seguir gozando de los privilegios que le suponen el cargo y garantizar su inmunidad para no ser juzgado por los múltiples y graves delitos que pesan sobre él y su gabinete.

Contrariamente a la actitud asumida por el gobierno ante su derrota que le obligó a alterar los resultados sin el mínimo pudor, la sociedad con y sin militancia ha protagonizado movilizaciones pacíficas en las que las/os  actoras/es principales han sido jóvenes y mujeres apoyados por hombres adultos muchos de los cuales con su experiencia política contribuyeron para que no se produzcan enfrentamientos innecesarios con la militancia masista.

Lo cierto es que esta acción de la población de movilizarse durante tanto tiempo por la bronca que provoca la pretensión gubernamental de burlarse del voto y hacerlo de manera contenida, nos demuestra que paso a paso así sea lentamente las bolivianas y bolivianos incorporamos los valores democráticos y lo que más deseamos es tener un gobierno que sea resultado de una competencia limpia, en igualdad de condiciones para todos los/as participantes.

Esperemos que el desenlace sea por los canales institucionales y que el entusiasmo de acciones exitosas no nos precipite a soluciones por el desastre, el pueblo no se merece mayor dolor ni fractura del tejido social, avancemos a paso lento, pero seguro hasta lograr la consolidación de la democracia. Ya es tiempo!