A raíz de las recientes tensiones políticas por la bandera wiphala y el paro cívico en rechazo al proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales se han renovado los discursos desde frentes políticos antagónicos que “cierran filas” en torno a los argumentos que esgrimen y al universo simbólico en el que creen.
Esos discursos están marcados por la uniacentualidad significativa, definida como el “único sentido viable" que puede tener un discurso; es una categoría del análisis ideológico propuesta por Prieto Castillo (1988) que se refleja fundamentalmente en lo que se expresa sobre aquellas personas, instituciones y actividades que los medios de comunicación mencionan repetitivamente.
Un discurso uniacentual conlleva un esquema general de representaciones (marco referencial) a partir del liderazgo social, político o económico de determinados “líderes de opinión” y de procesos de socialización al interior de los grupos sociales inscritos espacial o territorialmente en occidente y oriente.
En ese sentido, los frentes políticos en Bolivia pugnan por hacer prevalecer un solo discurso: su discurso; por tanto, posicionan en la agenda pública temáticas que siguen la línea de la uniacentualidad significativa para ser consideradas legítimas y válidas.
La legitimación es definida por Bobbio y Matteucci (1982) como "el atributo del Estado que consiste en la existencia de una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza". Sin embargo, es preciso realizar una distinción entre una legitimación política y una legitimación social, sin duda íntimamente relacionadas, pero con matices particulares que no pueden dejar de tomarse en cuenta.
a) La legitimación puede ejercerse en el plano político a través de líneas ideológicas y principios doctrinales de un Estado o de un partido político que garanticen el consenso libremente manifestado por una comunidad de hombres ante determinado sistema político-económico y sus relaciones de producción.
b) En cambio, una legitimación social ha sido establecida a partir del valor social que la legitimación ofrece como consenso libremente manifestado por una comunidad de hombres ante determinada estructura de relaciones sociales específicas y ante normas y valores socioculturales generalizados y aceptados.
En Bolivia, hace décadas se cuestiona la “democracia representativa” de los partidos políticos, debido a evidentes procesos de corrupción, nepotismo y falta de principios. Esta situación se ha visto agravada por el creciente malestar social que ha derivado en profundas crisis sociales que han costado vidas humanas en los enfrentamientos de civiles contra la Policía o el Ejército en los años 2003 y 2019, e incluso en el derrocamiento de dos presidentes.
En ese contexto, una estructura de poder inestable como la boliviana sigue luchando por recuperar credibilidad y legitimidad de los partidos políticos y las instituciones del Estado a través del afianzamiento o logro de consensos entre las cada vez más conflictivas relaciones sociales y de poder. De esta forma se aprecia cómo la legitimación ha entrado a formar parte de las imprescindibles relaciones de poder en el Estado.
En consecuencia, actualmente somos testigos de la forma en que el grupo en función de gobierno (oficialista y de oposición) trata de combinar su poder objetivo [económico] con su poder real [político y social, más simbólico e ideológico] para difundir un discurso que los legitime política y socialmente en espacios de poder en la sociedad. Situación que nuevamente ha puesto en vilo la estabilidad social a costa de esa guerra discursiva que descuida el bienestar de los bolivianos y bolivianas.
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