A fines de 2023 toca la elección de las más altas cortes y autoridades nacionales del sistema de justicia en el país. Bolivia ya vivió dos procesos anteriores, en 2011 y 2017, donde las autoridades electas fueron seleccionadas bajo criterios políticos y designadas con escasa legitimidad electoral.
En los dos años y medio transcurridos de la gestión presidencial de Luis Arce (la mitad de su período), el país no ha podido encontrar la vía para enfrentar el desafío de seleccionar a las y los mejores, en la perspectiva de concretar reformas al proceso de elección por voto popular de las altas cortes.
Por una parte, desde la ciudadanía, el grupo de juristas independientes planteó una modificación del sistema de elección de las altas cortes por sufragio universal mediante la reforma parcial del texto constitucional vía referéndum popular, estableciendo la creación de una comisión nacional de postulaciones, integrada por representantes independientes de la sociedad que elabore, sobre la base de méritos y exámenes, ternas sobre las cuales la Asamblea Legislativa elija por dos tercios del total de sus miembros a las personas que asumirán esas altas funciones. Lamentablemente, no se pudo recolectar el millón y medio de firmas de adhesión ciudadana.
Por otra parte, sin contemplar una reforma constitucional, el Ministerio de Justicia ha promovido diversos diálogos, que han girado por los contornos del corazón del problema y no enfrentan de forma decisiva el reto de mejorar los mecanismos de selección y designación establecidos.
Finalmente, desde los actores políticos, las tres principales bancadas parlamentarias representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional que presentaron por separado sus respectivas propuestas para reglamentar el proceso de selección de postulantes a altas cortes en las elecciones judiciales de fin de año, no han tenido la madurez y voluntad política de construir acuerdos políticos suficientes para viabilizar una propuesta de consenso con las suficientes garantías de un proceso de selección meritocrático y transparente. Aquí nuevamente se impuso la mayoría oficialista, que rompiendo un preacuerdo optó por más de lo mismo, aprobando un reglamento que tuvo corta vida.
Luego de dos recursos constitucionales contra dicho Reglamento, la judicatura constitucional ha suspendido la convocatoria, quedando sin efecto este proceso. La bancada oficialista ha señalado la necesidad de introducir algunas modificaciones al reglamento vigente, pero sin cambiar sustancialmente el proceso de la calificación de méritos. Al parecer, una vez más, la mayoría oficialista ha optado por el camino de mantener el statu quo de un sistema dos veces fallido.
La suspensión de la convocatoria significa mayores riesgos de agravar la crisis de institucionalidad democrática en el país, pero también representa una nueva oportunidad para el sistema político, tal vez la última de rectificar el curso de este proceso. El mayor riesgo no es de plazo (no poder llegar a unas elecciones creíbles a fin de año), sino de repetir un nuevo fracaso en la composición de cortes independientes.
Es también una oportunidad para que el Gobierno cumpla con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en sus observaciones preliminares sobre su última visita in loco al país señaló: El proceso de selección de integrantes de las altas cortes es una oportunidad histórica para que Bolivia dé un primer paso hacia una reforma integral del sistema de administración de justicia, partiendo por asegurar la independencia judicial. Es por ello que la etapa de preselección de candidatos requiere una concertación de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea.
En ese sentido, la Asamblea Legislativa tiene nuevamente en sus manos la oportunidad de trabajar de manera profunda en la transformación del proceso de selección de las más altas autoridades de la justicia boliviana. El corazón de cualquier acuerdo político que le dé legitimidad a la próxima elección judicial de 2023 pasa por el establecimiento de una instancia plural, técnica e independiente para la preselección de postulantes. Esto forma parte del clamor de las y los más de 830.000 ciudadanos que firmaron los libros de adhesión a la reforma constitucional parcial por iniciativa popular, para la transformación de una justicia independiente al servicio de la gente, que se constituye hoy en una base sobre la que las y los actores políticos pueden construir esos grandes consensos que el país reclama.
Ramiro Orias es abogado, Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Actualmente es miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Las opiniones del autor son de índole personal y no comprometen a las instituciones a las que pertenece.
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