Según datos de los organismos de derechos humanos, aproximadamente el tres por ciento de la población mundial vive fuera de su país de origen, del que salió de manera voluntaria o forzada.
Existen demasiados antecedentes históricos sobre el fenómeno migratorio desde tiempos inmemoriales con las diásporas judías del año 70 después de Cristo; la trata trasatlántica de esclavos africanos en la que se trasladó al menos a 12 millones de personas esclavizadas entre 1500 y 1860, y después de la primera y segunda guerras mundiales, millones de desplazados recalaron en diversos puntos del orbe. Incluso tras la guerra de Vietnam casi 125 mil personas emigraron a Estados Unidos, escapando del régimen comunista. Como observamos, una infinidad de personas se vieron en la necesidad de huir o fueron obligadas por diversas circunstancias a salir de sus países de origen.
De acuerdo a un informe del Banco Mundial de 2018, unas 143 millones de personas se convertirían en lo que se vino de denominar “migrantes climáticos”, que se suman a aquellos seres humanos que deben buscar protección y oportunidades en otras latitudes que les permitan vivir con seguridad, libertad, servicios mínimos y mejores oportunidades.
Recurriendo a datos de Naciones Unidas, para el año 2019, el número de migrantes en el mundo alcanzó a 272 millones; 48 por ciento de los cuales son mujeres; 38 millones son niños, niñas y adolescentes y aunque no nos parezca cierto, Asia acoge al 31 por ciento de la población migrante internacional; un 30 por ciento, Europa; 26 por ciento, América; 10 por ciento, África y el 3 por ciento, Oceanía.
Un común denominador en los procesos de globalización en el mundo se ha dado por la flexibilidad de las fronteras, hasta casi ser inexistentes para el intercambio comercial, capitales y divisas, y en extremo rígidas para la circulación de seres humanos.
Aunque para algunos migrantes la experiencia se haya mostrado positiva, la proporción de aquellos que han sufrido situaciones indecibles en el proceso de salir de su país, el tránsito y su llegada a su destino sin protección alguna por parte de los Estados es demasiado grande, dando lugar a una crisis de derechos humanos.
Los migrantes, principalmente aquellos que se encuentran en situación irregular, suelen llegar a destinos donde deben sobrevivir en la oscuridad, con temor a ser expulsados, abusados, se encuentran privados de reclamar la vulneración de sus derechos más elementales, encontrándose en una situación de discriminación constante, exploración y marginación, y ante situaciones más graves como actitudes de prejuicio, xenofobia y hasta violencia.
Bolivia no ha sido ajena a olas migratorias de diversos países, entre estos europeos, asiáticos e incluso del Medio Oriente, que han traído aspectos muy positivos a nuestra historia y desarrollo.
Actualmente tenemos varios ciudadanos y ciudadanas venezolanos que se encuentran en nuestro país y que a pesar de su difícil situación, luchan día a día por sobrevivir y darles el sustento necesario a sus familias. Cuántas veces nos encontramos con ellas y ellos, y al conversar nos damos cuenta de las duras condiciones en las que viven, cargando la tristeza de haberse visto en la necesidad de salir de su país por culpa de un régimen con un sistema económico que no ha funcionado en ningún lugar del mundo, en una de las economías que otrora era la envidia de muchos países de la región.
Y también debe preocupar la presencia de nacionales haitianos en Bolivia porque de acuerdo a la información periodística de la última temporada, han sido detectados por autoridades migratorias, y ya pasan más de 600 los que hay sido retenidos y en muchos casos devueltos a sus puntos de origen. Estas personas ingresan desde el Brasil, con el fin de llegar a Perú y Chile para emprender un riesgoso camino a Centro América como último paso a su destino, México o Estados Unidos, para vivir el supuesto sueño americano. Se evidenció que muchas de estas personas son víctimas de redes de trata.
Es importante señalar que después del terremoto que asoló a Haití en el año 2010, se calcula que más de 1.6 millones de personas migraron y seguramente serán muchas más considerando la grave crisis política que desde hace mucho tiempo vive esa nación, el asesinato de su presidente, la presencia del Covid-19 y los efectos que el último terremoto de hace unos días tendrá sobre el territorio y la economía.
En ese sentido, convendría que el Estado boliviano pueda en el ámbito de cumplir con los postulados de Derechos Humanos, reflexionar sobre la necesidad de dar cumplimiento a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, la misma que complementa la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas de la década de los 50 del siglo pasado, en cuanto a las causales de refugio como la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y que generan una necesidad de protección.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, bajo el concepto “condiciones de vulnerabilidad”, elementos y herramientas utilizadas cada vez con mayor sistematicidad para examinar la situación de los no nacionales en relación al Estado receptor, principalmente en su Opinión Consultiva OC – 18/2003, en la que refiere que la migración es una condición en la que se encuentran los no nacionales producto de no residir en su Estado de origen, y de afrontar dificultades por las diferencias idiomáticas y culturales; dificultades económicas y sociales; y los obstáculos para regresar a sus Estados de origen, en razón de su situación migratoria irregular, lo cual requiere medidas reforzadas de protección de derechos humanos.
Es importante que las autoridades migratorias nacionales tomen en consideración estos elementos del derecho internacional de los derechos humanos, y no asuman acciones que revictimicen a estas personas, que de por sí están sufriendo los rigores de una diáspora solo por un futuro mejor. Al final, “los no nacionales interrogan la vocación y la capacidad de los Estados para garantizar y proteger los derechos humanos”.
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