Estamos a escasos días de cumplir con la fecha límite señalada por el Tribunal Supremo Electoral para garantizar que las elecciones judiciales se realicen este año 2023, para renovar los mandatos de las altas autoridades de justicia conforme al procedimiento constitucional. La democracia boliviana está cerca de entrar en un estado de cosas inconstitucional, como consecuencia del incumplimiento del deber que tienen las y los legisladores de construir acuerdos para reglamentar el proceso de selección de las nuevas autoridades judiciales.
Recordemos que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los Jueces y Abogados, Diego García Sayán, recomendó la necesidad de mejorar los procesos de selección y nombramiento de las altas cortes. En relación al sistema de elección de las autoridades máximas del órgano judicial, mediante sufragio universal y directo, concluyó de manera categórica que “dicho sistema está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas” e indicó que este sistema “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos…”.
El Relator Garcia Sayán cuestionó “al proceso de preselección de candidatos conducido y decidido por un órgano político, la Asamblea Legislativa Plurinacional”, así como remarcó la necesidad de garantizar criterios y procedimientos de designación vinculados a la calidad y mérito profesional, subrayando: “Cuanto más alejado esté el poder político de los procesos de selección y designación, mejor”. Asimismo, luego de analizar diversas propuestas, recomendó al Estado: mejorar los mecanismos de selección y designación con procedimientos más participativos y plurales; fortaleciendo la fase de la preselección, sobre los que votaría la Asamblea Legislativa Plurinacional, con propuestas generadas en un espacio pluralista y participativo, en coincidencia con la propuesta de la Comisión Nacional de Postulaciones presentada por el Grupo de Juristas Independientes. Finalmente, el relator señaló la exigencia de un gran acuerdo nacional por la justicia, como criterio orientador de un proceso sostenido con metas de corto, mediano y largo plazo.
Por su parte, el Informe del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH señaló, en el mismo sentido, que (..) se ha podido establecer que ninguna de las dimensiones de la independencia judicial son garantizadas por el Estado boliviano, debido principalmente -entre otros- a falta de criterios razonables y objetivos en los procesos de nominación de máximas autoridades judiciales establecidos en la Constitución y en la ley, de manera tal que las personas que sean designadas tengan la integridad, idoneidad y calificación apropiada para ejercer los cargos respectivos.
La propia CIDH, después de su visita in loco a Bolivia realizada del 27 al 31 de marzo, entre las observaciones preliminares presentadas consideró que el proceso de selección de integrantes de las altas cortes es una oportunidad histórica para que Bolivia dé un primer paso hacia una reforma integral del sistema de administración de justicia, partiendo por asegurar la independencia judicial. Es por ello que la etapa de preselección de candidatos requiere una concertación de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Plurinacional; y que sea administrado según los estándares interamericanos en la materia.
A pesar de estas recomendaciones, los actores políticos no han desplegado los esfuerzos suficientes de concertación para garantizar unas elecciones judiciales que aseguren una judicatura independiente, que tanto el país reclama. Las dos experiencias pasadas, las elecciones judiciales de 2011 y 2017, mostraron el fracaso de los legisladores en su misión de calificar y seleccionar a las y los candidatos más idóneos para estos cargos. También mostraron que siempre se pueden hacer peor las cosas.
Así hoy ni la prórroga de la designación de autoridades interinas es alternativa legítima y menos constitucional. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien, como acaban de proponer representantes del Grupo de Juristas Independientes. Las y los legisladores, por dos tercios, podrían acordar una ley de convocatoria a referéndum parcial de la Constitución, que permita la reforma de este procedimiento, estableciendo una instancia plural, técnica e independiente para la preselección de postulantes, contribuyendo a una transformación estructural y de largo plazo del sistema de justicia.
Ramiro Orias Arredondo es abogado y Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Sus opiniones no comprometen a la institución en la que trabaja.
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