La libertad de prensa es un derecho fundamental reconocido en múltiples instrumentos de derechos humanos, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan la libertad de expresión sin restricciones indebidas. Este derecho no sólo protege a los periodistas, sino que también asegura el acceso de la sociedad a la información, un pilar esencial en cualquier democracia.
En Bolivia, la reciente controversia en torno al cobro de acreditaciones para la cobertura del Carnaval de Oruro 2025 ha puesto en debate la importancia de garantizar el ejercicio libre del periodismo. La medida, impulsada por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), fue presentada como un mecanismo de organización y seguridad. Sin embargo, también generó preocupaciones sobre posibles restricciones al acceso a la información.
Si bien los gremios pueden desempeñar un rol en la organización de la cobertura de eventos masivos, es fundamental que cualquier regulación en este ámbito equilibre la necesidad de orden con el respeto al derecho de los periodistas a informar sin trabas económicas o administrativas que puedan afectar su labor. Los estándares de derechos humanos coinciden en que cualquier limitación al ejercicio del periodismo debe ser excepcional, estar prevista por la ley y responder a un propósito legítimo, evitando cualquier forma de censura indirecta.
La controversia también dejó en evidencia la necesidad de fortalecer el diálogo entre los propios actores del sector periodístico. En lugar de generar confrontación, es fundamental promover espacios de concertación para encontrar soluciones que resguarden tanto la organización de eventos como la libertad de prensa. El debate generado puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de garantizar que las acreditaciones periodísticas sean gestionadas de manera transparente y accesible, sin afectar el derecho a informar.
Este episodio deja lecciones importantes. Primero, que la libertad de prensa no sólo enfrenta desafíos desde el poder político, sino que también puede verse condicionada por normativa o prácticas dentro del propio sector. Segundo, que la existencia de marcos normativos y estándares internacionales debe servir de referencia para garantizar que el periodismo se ejerza sin barreras arbitrarias. Finalmente, que la defensa de la libertad de prensa requiere un compromiso constante de todos los sectores para evitar que cualquier medida pueda convertirse en un obstáculo al derecho a la información.
El periodismo es un pilar de la democracia y su ejercicio no debe estar condicionado por restricciones que no se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. Defender la libertad de prensa es un esfuerzo colectivo que requiere del compromiso tanto de los periodistas como de la sociedad en su conjunto.
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