La semana pasada ocurrió, como ya casi es costumbre en Estados Unidos, un lamentable hecho de sangre en el que dos niñas de nueve años, un niño de la misma edad, dos maestros y el conserje de la Escuela Covenant en Nashville, Estado de Tennessee, fueron asesinados por una persona que ingresó al lugar con armas automáticas de grueso calibre y comenzó la matanza.
Inmediatamente algo que llamó la atención de los medios de comunicación de corte conservador era que la autora del hecho era una persona trans, como si la conducta asesina fuera una característica de esta población, aspecto que fue aprovechado y muy difundido homofóbicamente por muchas personas en las redes sociales.
Pero fuera de ese problema, está otro: cada vez que ocurren hechos similares se aviva el debate en Estados Unidos sobre la portación de armas de fuego. La autora de este macabro hecho había adquirido con total facilidad siete armas de diferente tipo y calibre, habiendo usado dos rifles de asalto y una pistola en su incursión en la escuela en la que ella estudió, y según sus progenitores, se encontraba con tratamiento psiquiátrico, por lo que en teoría no debería tener cerca un instrumento de muerte.
Es interesante observar que, en ese país, contar con un arma de fuego es un derecho constitucional; aunque usted no lo crea. Su norma fundamental expresa: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se podrá restringir el derecho que tiene el Pueblo a poseer y portar armas” (Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos). Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha señalado en reiteradas ocasiones que este derecho se encuentra totalmente enraizado en las tradiciones estadounidenses, ya que deriva del derecho reconocido a los protestantes ingleses en su declaración de derechos de 1689. Obviamente desde un punto de vista económico las grandes fábricas armamentistas americanas son las primeras en mover todo un lobby, principalmente conservador, cuando se intenta realizar restricciones a la adquisición de armas por parte de la ciudadanía.
Estudios de prestigiosas universidades estadounidenses como Harvard o Northeastern han señalado que las muertes por armas de fuego han disminuido en las últimas dos décadas, pero no así las masacres que se han elevado y con datos muy llamativos como que este tipo de hechos se ha ido repitiendo desde 2014 cada 64 días en promedio o que hechos similares se producen con 13 días de diferencia. Obviamente esto ocurre principalmente porque las armas están más disponibles para las personas, no habiendo parangón con otro país.
Estados Unidos tiene más armas que cualquier otro país. Hay alrededor de 270 millones a 310 millones de armas circulando en el país. Con la población de Estados Unidos de 319 millones, eso significa que casi cada estadounidense tiene un arma; sin embargo, la India con más de 1.200 millones de habitantes tiene 46 millones de armas en su territorio y no se dan hechos como el acontecido la semana pasada.
Los mismos estudios recomiendan que se sancionen leyes más restrictivas para la adquisición de armas, y se establecen ejemplos como Australia, donde se produjeron cuatro tiroteos masivos entre 1987 y 1996, cuando se emitieron normas más estrictas y desde ese momento nunca más se registró un hecho masivo de muertes.
Al parecer, el camino es la restricción a la adquisición de armas; sin embargo, muchos gobiernos y políticos populistas principalmente alientan esta práctica. Un claro ejemplo se tuvo en el Brasil del expresidente Bolsonaro, que alentó esta práctica al expresar públicamente: “Un pueblo armado jamás será esclavizado” y emitió unos 40 decretos y normas con ese objetivo, por lo que la venta de armas en ese país se incrementó. Según el Instituto Sou da Paz, una ONG especializada en temas de seguridad con sede en São Paulo, se habrían comprado en promedio más de 1.300 armas nuevas por día y unos 994 millones de municiones se han vendido en el país durante el mandato de Bolsonaro.
Esta ola armamentística por supuesto ha ido a incrementar la violencia y el crimen organizado que ha aprovechado esta situación. Este mismo efecto tiene el comercio de armas en Estados Unidos que alimenta a los carteles de la droga en México y Centroamérica, así como otras latitudes, incluso de Asia y África.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2020 señalaba: “El desvío y las transferencias ilícitas o no reguladas de armas tienen repercusiones negativas en los derechos humanos, tanto en situaciones de conflicto como en otras situaciones. Esas actividades aumentan enormemente la disponibilidad generalizada e incontrolada de armas, con lo que aumenta el riesgo de que las armas se destinen o caigan en manos de quienes las usen para cometer violaciones o abusos de los derechos humanos (…) La inmensa mayoría de las armas de fuego ilícitas en manos de agentes no estatales fueron fabricadas legalmente y se prepararon para su distribución comercial antes de ser desviadas en alguna etapa de la cadena de suministro. En 2017 había aproximadamente 750 millones de armas de fuego desviadas en manos de civiles, cifra que supera con creces el número de armas de fuego que se estima que poseen en conjunto los sectores militar y policial en el mundo”
Para los derechos humanos este es un gran problema puesto que las armas inician, mantienen y exacerban los conflictos armados y la delincuencia, y desestabilizan a las comunidades en todo el mundo, afectan a la democracia, vulneran derechos fundamentales que van desde la vida, la salud, integridad a otros más artificiales como la propiedad. Sin embargo, la solución a la vulneración de derechos humanos no es como algunos creen: brindar armas a la ciudadanía, así lo expresó equivocadamente por ejemplo el candidato a la presidencia argentina Javier Milei: “Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia. Estoy a favor de la portación libre de armas", convirtiendo un país en un “lejano oeste”, a ver quién saca mas rápido el arma.
El acceso fácil a las armas de fuego, ya sea legal o ilegal, es uno de los principales motivos de la violencia armada y, como señala Amnistía Internacional, los gobiernos tienen la obligación de extremar la protección de los derechos humanos y crear un entorno lo más seguro posible para la mayoría de la población, especialmente para las personas consideradas más vulnerables. Un gobierno que no controla de forma adecuada la posesión y el empleo de armas de fuego en una situación persistente de violencia armada podría incumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Llamada de atención para nuestros gobernantes, puesto que también en esta semana se han dado dos hechos en nuestro país con el uso de armas de fuego, una incursión de mineros ilegales en la región del norte de La Paz, donde los guardaparques del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi tuvieron que hacer frente a personas armadas, y el otro hecho, donde un grupo de presuntos avasalladores armados se enfrentó este miércoles con trabajadores que intentaban realizar la cosecha de soya en la propiedad de Santagro, provincia Guarayos, Santa Cruz. Según reportes preliminares, hay al menos tres heridos de bala, por lo tanto, el uso de armas de fuego se viene haciendo más común en nuestro país.
Le corresponde a la ciudadanía levantar la voz para evitar esta proliferación de armas y su uso en estos hechos delictivos. Esperemos que el Gobierno realmente tome cartas en el asunto para evitar más y mayores vulneraciones de los derechos humanos.
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