La doctrina no tiene un solo concepto de corrupción, porque es difícil abarcar y resumir en un párrafo claro una serie de conductas de gran y pequeña dimensión que afecta en varios ámbitos públicos y privados.
Además, este hecho ocurre en todo lado y a todo nivel, no es sólo un tema de Estado, sino que también se presenta en las esferas de entidades comerciales, civiles, ONG, fundaciones, asociaciones, sindicatos, hasta en los clubes de madres y juntas de padres de familia, etc. Como se dice vulgarmente: "en todo lado se cuecen habas”.
¿Será que podremos afirmar que hay un espacio en nuestro país donde no encontremos algo chueco? Deben existir muy pocos lugares que puedan vanagloriarse de transparencia y rectitud absoluta. Seguramente si escarbamos un poco podremos encontrar por lo menos algo en lo que los responsables no se sonrojen, quizá una multa no pagada.
Los que no se sonrojan en absoluto son los funcionarios públicos de bajo y alto nivel, en casi todas las esferas del Estado, gobierno central, departamental, municipal, incluidas empresas públicas, quienes al verse sorprendidos comienzan a culpar a todas y todos, menos a ellos mismos, por su horrible comportamiento para con los demás, porque no olvidemos que la corrupción es un ataque directo a los derechos humanos de todas y todos, es un robo descarado a toda la ciudadanía.
Lo grave en Bolivia es que la corrupción está tan enraizada, tan institucionalizada, que no sólo se da coimas para que la cosa salga chueca, sino para que el sistema funcione correctamente y ejemplos los hay varios, principalmente en el sistema de justicia, donde los litigantes tienen que hacerse justicia a punta de quien paga más, porque se corre el riesgo de que quienes no tienen la razón la encuentren fácilmente porque su billetera es más gruesa o tienen la bien consabida “muñeca”.
En ese sentido, es muy bueno el estudio que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha dividido en niveles la corrupción: el primero es de tipo político, que está a cargo de funcionarios/as de alto nivel que se encuentran más preocupados/as por el beneficio personal y la obtención o mantenimiento de poder que por el bienestar de la sociedad. Un segundo escalón es la corrupción burocrática, que es la del día a día de la administración pública, sea central o local. En ambos niveles los hechos corruptos pueden darse de manera “conspirativa”, donde las partes involucradas están coludidas y buscan mecanismos conjuntos para esconder el delito y la “extorsiva”, en la cual quien ostenta el poder presiona a la otra para beneficiarse.
Como vemos por estas latitudes, tenemos todos los niveles y formas, y si bien hay países que tienen menos corrupción, ésta no desaparece totalmente. Pero nuestras expectativas bolivianas son realmente negativas, porque esta lacra y tara nacional al parecer no disminuirá ni un poco. ¿Por qué?, porque no hay la voluntad para hacerlo, ya que fórmulas para luchar efectivamente contra ella están presentes en muchos manuales, resoluciones, recomendaciones, etc. Solamente que no queremos aplicarlas, no es conveniente para muchos intereses.
Las elites económicas, políticas y sociales, y las que ni siquiera lo son tanto, no pueden vivir sin la corrupción. Sin ésta no habría contrabando que alimente nuestras compras habituales, no habría gasolina y diésel saliendo de nuestras fronteras tan fácilmente, no existirían facilidades para lograr un cargo. Las empresas no podrían ganar contratos con el gobierno central, gobernaciones y municipios. Los políticos no tendrían fondos para sus campañas. Los narcos no podrían sacar su mercadería. Los tratantes no lograrían carta blanca para arruinar vidas. Los proxenetas no estarían tranquilos comerciando con los cuerpos de las mujeres en un sinfín de lupanares. Los bares clandestinos no atenderían. Los mineros legales e ilegales no seguirían lanzando mercurio a ríos y tierras, desgraciando la vida de pueblos indígenas, y así podríamos seguir enumerando actividades que viven gracias a la corrupción reinante y que se han vuelto tan evidentes que las hemos incluso normalizado.
Hay muchas instancias como la ONU, la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hasta el Mercosur, que cuentan con guías y recomendaciones para luchar efectivamente contra la corrupción y no son medidas que resulten imposibles de cumplir, como dijimos: sólo basta voluntad política para hacerlo.
En primer lugar, se necesita mayor transparencia en todas las actividades del gobierno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala los espacios: a) los sistemas de convocatoria, contratación, empleo y salarios de funcionarios públicos, b) los mecanismos para prevenir conflictos de interés, c) la contratación pública y la gestión del presupuesto público y de las inversiones de infraestructura, d) las actividades de lobby, e) la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado; f) el financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos. Rendición de cuentas.
En Bolivia esto es casi inexistente o por lo menos de uso muy pobre, como ejemplo, sólo intente buscar algo en el Sicoes, este sistema de contrataciones es tan complicado que a los cinco minutos colgará la toalla o al final no encontrará temas vitales, como las contrataciones por el tema del litio u otras de empresas estratégicas.
En segundo lugar, acceso a la información, ésta es una herramienta fundamental que se constituye a partir del control social, pero en Bolivia no hay una ley de acceso a la información que nos permita solicitar datos, contratos, registros, cuentas, contabilidad estatal, presupuestos, gastos, etc. que nos permitan ejercer nuestra ciudadanía responsable y denunciar aquellos hechos que sean contrarios a la ética y al erario público, mientras tanto, esta labor seguirá siendo difícil y resistida por las entidades del Estado.
Tercer paso, libertad de expresión amplia, plural, democrática; esa que tanto está costando últimamente. Es cierto que podemos decir muchas cosas, pero quizá no las fundamentales o las que puedan afectar a los poderosos. Ya quisiera uno ver una protesta pacífica en la Plaza Murillo sin que lo saquen a palos o un/a servidor/a público/a que diga algo en sus redes sociales sin el temor a ser despedido/a. El día que estos hechos acontezcan será el momento en que podremos decir que hay plena libertad de expresión, antes es pura formalidad.
El último paso es un sistema de justicia independiente, para la correcta investigación de hechos de corrupción imparcial y objetiva, sin favoritismos, donde los fiscales dejen de encontrar “adelantos” donde hay coima o los jueces no reciban llamadas de algunos poderosos para cambiar una sentencia constitucional u ordinaria.
Como se observa, en esta receta, no se ve por ningún lado un aumento de penas o la creación de nuevos delitos, esa no es una forma de luchar efectivamente contra la corrupción, son medidas posibles que pueden alimentar una política pública eficiente, pero ¿habrá algún gobierno que quiera implementarlas?
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