En noviembre del año pasado, el actual primer mandatario del país, Luis Arce, señalaba en el acto de posesión del Procurador General del Estado que se estaban dando los primeros pasos para la reconstrucción de la justicia en nuestro país, constituyéndose la mejora del sistema en una deuda con el pueblo y los litigantes, y agregaba que se espera gradualmente y a la cabeza del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional conseguir los objetivos propuestos.
Por su parte, Iván Lima comenzaba a mostrar desde su posesión como Ministro de Justicia una dinámica interesante, con apariciones públicas en diversos medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, expresando la necesidad de reformas profundas; hablando de las modificaciones constitucionales que serían necesarias para cambiar la forma de elección de los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional; se refería a las necesidades presupuestarias, al cambio estructural de varias entidades del sistema de justicia.
Emprendió rápidamente y efectivamente acciones atractivas, conformando una Comisión de notables juristas; aunque se le criticó la falta de presencia femenina y más pluralidad. A pesar de ello, denotaba muchas ganas de avanzar en ese turbulento río que es nuestro horrible, terrible y ya no sabemos qué calificativos darle a nuestro malhadado sistema de justicia.
Pero, ¿qué pasó? De pronto, el titular de Justicia desapareció, ¿será qué empezó a recibir presiones?, ¿su propio partido le habrá cortado las alas?, ¿los consorcios de jueces, abogados y fiscales habrán empezado a activarse para detener cualquier iniciativa?, ¿los políticos profesionales vieron con malos ojos las reformas que permitan una justicia independiente que les haga perder sus posibilidades de manejo e intromisión? o ¿el problema es tan grande, oscuro y sucio que es imposible reformarlo, limpiarlo, modificarlo desde sus cimientos?
Existen estas y muchas preguntas más por el cambio de actitud ministerial. Empero, lo que más llama la atención son las últimas acciones gubernamentales que muestran un panorama completamente contrario a los discursos del Presidente Arce y del Ministro de Justicia. Para muestra basta observar que el Órgano Ejecutivo ha decidido de manera unilateral, sin respetar la independencia y coordinación que debe existir entre los órganos del Estado establecida constitucionalmente, rebajar el presupuesto del Órgano Judicial en nada menos que 174 millones de bolivianos, que de acuerdo al Magistrado Revilla, afectaría el pago de alquileres de 180 juzgados, la totalidad de la partida de materiales e insumos. Posteriormente, el mismo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Égüez, señaló que se afectaría con la reducción la partida de salarios del personal jurisdiccional.
Lo anterior no es un dato menor considerando que de la totalidad de municipios que tiene el país (342), solo el 50 por ciento tiene un asiento judicial y con la rebaja presupuestaria, seguramente habrá menor cobertura de servicios judiciales y menos jueces, lo que perjudica el acceso a la justicia por parte de la población boliviana.
Esta situación se agrava cuando el titular de la cartera de Justicia señala que no hay nada que hacer, que todas las entidades del Estado deben rebajar sus presupuestos y adecuarse a la actual realidad económica, sin considerar que el Órgano Judicial no es un ministerio más. Aquí surge otra cuestionante, si el Órgano Legislativo sufrirá los mismos recortes y si la actitud será la misma con este.
Como corolario de lo señalado, el mismo Ministro Lima recomienda a los magistrados se rebajen sus salarios en un 7% y sean más eficientes en su manejo administrativo. En otras palabras, que aguanten la rebaja presupuestaria sin hacer ningún reclamo.
Olvidan nuestras autoridades que afectar el, de por sí, pobre presupuesto con que cuenta el sistema de justicia en su conjunto, que no pasa del 0.5% del total del Presupuesto General del Estado, es una afectación a la independencia del Órgano Judicial desde un punto de vista institucional.
El Comité de Derechos Humanos en su Observación General No 32 de 2007 establecía claramente que: “19. (…) Toda situación en que las funciones y competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente".
Por su parte, los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas, justamente refiriéndose al tema de Independencia Financiera y Administrativa, recomienda que cada Estado debe proporcionar los recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones. Esto ha sido reforzado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, quien expresó la necesidad de que el presupuesto del Órgano Judicial debe adecuarse a sus necesidades y revisarse progresivamente, recomendando incluso se establezca un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto.
De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su texto de Garantías para la Independencia de las y los operadores de Justicia, explica que “…existe dependencia de las entidades de justicia al poder ejecutivo cuando éste propone el presupuesto, o bien, al poder legislativo, cuando éste se encuentra encargado de asignarlo o aprobarlo. (…) 50. La Comisión considera que los Estados que no establecen en su marco normativo un porcentaje mínimo de presupuesto asignado a los órganos de administración de justicia generan amplios riesgos a la independencia institucional precisamente por su sujeción a las decisiones que sobre el monto de su presupuesto puedan tomar discrecionalmente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo u otros órganos del poder público y las consecuentes negociaciones que pueden verse obligados a realizar para lograr la asignación de un presupuesto adecuado. Lo anterior, además del efecto que pudiera también tener la inseguridad en el presupuesto de manera directa en las condiciones de servicio de las y los operadores de justicia".
En consecuencia, las acciones y la falta de congruencia discursiva del Órgano Ejecutivo están incumpliendo estándares internacionales como los desarrollados.
Lo que nos convoca a cuestionar si realmente los operadores políticos desean una reforma judicial seria, que nos permita contar con la justicia que la sociedad boliviana requiere para solucionar sus controversias civiles, laborales, tributarias y penales; la justicia que las mujeres víctimas de violencia esperan para evitar la impunidad y su posible muerte en manos de sus agresores; aquella que cientos de niños y niñas víctimas de violencia invocan para detener su sufrimiento; esa justicia que permitirá rebajar los niveles de hacinamiento carcelario; una justicia que deje la corrupción, la discriminación, sea transparente, abierta al control social, plural.
Por las señales dadas, al parecer tendremos que seguir aguantando el sistema de justicia como está, tal como nos pidieron con otros males que aquejan al país.
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