Tuve la oportunidad de visitar comunidades Tacanas, T'simanes, Mosetenes, Essa Ejjas y otras durante varios días en la región del norte de La Paz. Fue una primera experiencia directa de observación de la vida de estos pueblos que son reconocidos por la Constitución. Sin embargo, con mucha desazón observé que todavía por esas latitudes no llega el Estado Plurinacional inclusivo, igualitario, del que tanto se llenan la boca nuestras autoridades.
Existen comunidades muy alejadas, a las que solamente se accede por río en travesías de horas y con altos costos. Otras están más cerca de centros urbanos como San Buenaventura, Rurrenabaque, Yucumo o Ixiamas, pero esto no resulta ser mucha ventaja, puesto que sus gobiernos municipales, en la mayoría de los casos, no atienden sus necesidades básicas y las colocan en la cola de la planificación operativa anual o, en su defecto, les prometen proyectos que nunca se ejecutan y, por ello, deben esperar varias gestiones a que se inicien los mismos. Aún en estas circunstancias, los pueblos indígenas afectados siguen en pie de lucha para que sus familias tengan mejores días.
Si bien la Constitución señala en el artículo 16 que toda persona tiene derecho al agua, estas comunidades han tenido que buscar formas de cubrir este tipo de necesidad ante el silencio del Estado, generalmente con el apoyo de la cooperación internacional o de organizaciones no gubernamentales. Y el agua que consumen no es potable, por lo que las afecciones gastrointestinales son recurrentes, principalmente entre los niños y niñas.
De la misma manera, el texto normativo fundamental expresa que toda persona tiene derecho a la salud, aspecto que dentro de muchas comunidades indígenas es desconocido, recurriendo todavía a medicina tradicional y algunas donaciones de medicamentos de entidades públicas y privadas. Ellos y ellas confían en sus conocimientos ancestrales y en lo que la naturaleza les provee porque saben que el Estado y su sistema de salud están muy lejos. Y digo con total admiración que son seres humanos de una fortaleza enorme y unas ganas de vivir que se dibuja en la sonrisa de todos y todas al abrirte sus comunidades y hogares. Hablar de Covid-19 resultó muy interesante y preocupante a la vez, ya que la mayoría desconocía si había sufrido la enfermedad o si algún familiar realmente falleció a causa del mismo, llamada de atención para las campañas informativas del Estado que no llegaron a esa parte de nuestra patria.
Sobre el tema de salud, algo que no se está prestando atención es la contaminación de las aguas y alimentos que consumen los pueblos indígenas debido a la explotación minera y que también les está conduciendo a un daño irreversible.
Por otra parte, en varias comunidades se les ha prometido desde hace más de 10 años que se realizará el tendido eléctrico para después manifestarles que los costos son muy altos y que deben seguir esperando la buena voluntad de algún ejecutivo. Será que las empresas encargadas no han leído el artículo 20 de la Constitución que claramente señala: “I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias (…) La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria…”. Y, por cierto, el tema de telecomunicaciones es inimaginable para muchas personas en pleno siglo XXI en que no ha llegado ningún tipo de comunicación ni noticias, por lo que la gente se encuentra ávida de conocer qué ocurre en el país, desde el acontecer político hasta el deportivo.
Hablamos del problema de los proyectos del Bala y el Chepete, que afectarían a comunidades cercanas y las condenaría a su desaparición. Ahora, sin esas infraestructuras, apenas sobreviven; pero qué pasaría si se inundan sus territorios como se piensa todavía hacer, sería realmente un exterminio. Creo que sería muy positivo que aquellos/as que tienen en la mira este megaproyecto, compartan unos días con las comunidades, observen su vida, su cosmovisión y su realidad, con lo que estoy seguro saldrían pidiendo perdón por pensar en hacerles un daño tan grande.
Otro de los temas sensibles que se puede observar es el educativo, derecho fundamental largamente desarrollado en nuestra Constitución. Absolutamente todas las comunidades visitadas manifestaron con mucha tristeza que desde hace años vienen pidiendo mejorar la calidad educativa, infraestructura y personal suficientes. Yo creo que nadie aguantaría en una de nuestras ciudades capitales que sus hijas e hijos se formen durante toda su vida escolar con dos o tres profesores multigrado, sin la debida especialidad. Inclusive uno de estos admirables profesionales con el que tomamos contacto, nos manifestó que era profesor de matemáticas; pero que imparte lenguaje, historia y ciencias naturales a estudiantes de primaria y secundaria. Imagínense el gran esfuerzo de este valioso maestro, que además duerme y vive en la misma aula.
Entre las preocupaciones de los habitantes de las diferentes comunidades está también el tema económico, en el que se baten día a día con esfuerzo y dedicación y sin ninguna ayuda o asesoramiento técnico o alguno muy esporádico, exponiendo que el sector tiene un gran potencial en diversos productos que serían muy apreciados si existieran políticas adecuadas. Son productores de plátano, piña, maíz, cacao silvestre y otros productos que en el mundo se han puesto de moda por sus beneficios como el majo y açaí (se pronunci assaí) y que con los adecuados proyectos realmente les darían una subsistencia digna sin afectar su forma de vida.
Sin duda, lo que se describe en esta columna para muchos no será extraño, pero su contenido parece formar parte de documentos que leíamos a fines del siglo pasado o inicios del presente, porque es lamentable tener que observar que a más de 11 años de haber sido aprobada nuestra nueva constitución y una supuesta nueva forma de gobernar, la situación de los pueblos indígenas, principalmente de tierras bajas, ha cambiado muy poco. Todo esto nos lleva a confirmar que solamente fueron discursos que hasta el día de hoy se explotan. Positivo sería que la “furia” de nuestras autoridades fuera dirigida a dar a estos pueblos indígenas una vida digna.
Comentarios