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A pocos meses de las próximas elecciones, los partidos políticos precisan, urgidos, los datos de todas las bolivianas y bolivianos para armar sus campañas electorales y beneficiarse a sí mismos. En consecuencia, existe una situación de vulnerabilidad con relación a la protección de los datos personales de la población en el proceso político actual que se vive debido a la escasa regulación nacional en el tema.

A través de los perfiles de las redes sociales es posible inferir sobre los gustos y preferencias, situación sentimental, estatus social y económico, ubicación geográfica de los votantes, entre otros, para elaborar mensajes publicitarios adecuados a las necesidades de la población votante.

La personalización de la publicidad permite que los mensajes electorales tomen mayor énfasis en relación con los aspectos que identifican al votante. Es decir, si una persona está enferma se debe promover la mejora del sistema sanitario nacional, si se trata de creyentes, se enfocará en un mensaje religioso, si se identifican personas contrarias a ciertas corrientes ideológicas, como ser el feminismo, se hablará de la aplicación de una política antifeminista, y así sucesivamente.

En los procesos electorales nacionales los datos vienen manipulados y tratados utilizando novedosas herramientas como ser el neuromarketing. La disciplina del neuromarketing, en el contexto político, analiza los niveles de emoción, atención y memoria evocados por estímulos en contexto de publicidad con el fin principal de mejorar la publicidad electoral y manipular los procesos de decisión del ciudadano que irá a votar en las urnas, de modo que sea más fácil llegar a persuadirlo y así, obtener más votos a favor.

Principalmente, los datos personales de las y los ciudadanos bolivianos se encuentran especialmente desprotegidos en Bolivia, al no contar con una ley específica de protección de datos personales, permitiendo que la desprotección de este valioso capital llegue a extremos brutales, más aún durante el periodo de transición por el que atraviesa el país.

Sin ir muy lejos, recientemente se denunció la adquisición de un software ruso para hacer seguimientos y monitoreos a distintas personalidades políticas del país, especialmente a dirigentes opositores. A este hecho hay que sumarle lo que sucedió el año 2019, cuando 10 especialistas rusos en manejo de redes sociales llegaron al país para interferir en la campaña electoral y favorecer al expresidente Evo Morales.

El tratamiento de datos es tan potencialmente lucrativo para fines económicos y/o electorales, que se necesita una legislación que ofrezca mecanismos de resarcimiento y defensa firmes y efectivos cuando surjan malas prácticas. En el caso de las campañas electorales, podría establecerse la obligación de realizar una evaluación de impacto en la protección de datos personales cuando se realiza el tratamiento de grandes volúmenes de datos (como ser los datos de más de 35.000 personas). Y, por otro lado, que establezca sanciones más concretas que desincentiven a las empresas de colaborar con partidos políticos.

De manera restringida, la Ley No. 018 del Órgano Electoral en Bolivia establece la obligación de respetar el derecho a la privacidad e identidad de las personas y otros derechos derivados, a partir del registro civil y el padrón electoral. Sin embargo, la legislación existente no es suficiente. En la actualidad, los partidos pueden obtener los datos de sus posibles electores y llevar a cabo campañas personalizadas sin la obligación de contar con el consentimiento del afectado, ya que tampoco se cuenta con una autoridad que exija dicha autorización.

Por todo lo mencionado con anterioridad, es urgente habilitar una autoridad de control para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de oposición, es decir que en cualquier momento el propietario de datos personales impida que su información sea objeto de tratamiento, o la posibilidad de indicar que no se desea recibir propaganda electoral por medios electrónicos.

Como ciudadanos, debemos aprender a poner en duda nuestras ideas y convicciones para entender si realmente estas últimas son el producto de nuestro libre albedrío o si es que estamos siendo manipulados por el medio y el contexto político-social en que vivimos. En tiempos de crisis es importante desarrollar un pensamiento crítico para discernir que se adapta mejor a nuestras necesidades, como, por ejemplo, leyendo las propuestas de los participantes políticos para comprender de manera detallada los alcances de estas.

Por último, a falta de protección normativa, los ciudadanos bolivianos deben, por iniciativa propia, adoptar las medidas de prevención necesarias, para evitar que su información sea procesada sin su consentimiento. Esta situación podría ser prevista evitando la exposición exponencial de datos reveladores en los perfiles de sus redes sociales y exigiendo el derecho a ser informado sobre los fines con los cuales sus datos serán procesados a los encargados de operar las campañas electorales.

  • Natalia Dalenz Lorieto es abogada con una maestría en Derecho Empresarial Internacional en la Universitá degli Studi di Padova (Italia). Actualmente es asociada en el estudio jurídico "Ferrere Abogados", en Santa Cruz de la Sierra, y se especializa en las áreas de protección de datos personales, arbitraje internacional, asesoría en normas anticorrupción y normas de conducta y ética empresarial.

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