El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública en el mundo. No obstante, gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovirales, las personas seropositivas pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento con antirretrovirales evita la transmisión del VIH. Se tiene como antecedente que el primer caso boliviano conocido data del año 1984.
Hasta 2015, se manejaba la cifra de 36.7 millones de personas en el mundo que están infectadas con VIH/SIDA . A mediados de 2017, unos 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretroviral en el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de personas que vivían con el VIH/SIDA estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial. En Bolivia, hasta 2017 poco menos de 5.000 personas estaban infectadas y solo el 25% accedía a tratamiento antirretroviral.
Se cree que una de las principales vías de contagio, fuera de las prácticas sexuales sin profilaxis, es el uso de drogas inyectables. Sin embargo, esta visión es muy sesgada y descarta cualquier otro uso de drogas y su riesgo frente al contagio de VIH. Dentro de los usos de drogas (alcohol, drogas químicas u otras), también pueden existir prácticas sexuales de riesgo, por lo que solo considerar a las drogas inyectables es simplista y fuera de la realidad.
Bolivia tiene una normativa específica sobre VIH que ahora resulta anacrónica; sin embargo, el estigma y la discriminación se mantienen vigentes. Estos últimos se agudizan cuando las poblaciones clave como los usuarios de drogas buscan acercarse a los servicios de salud.
La Ley Nº 3729 del 8 de agosto de 2007denominada "Ley para la prevención del VIH-SIDA, protección de los derechos humanos y asistencia integral multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-SIDA" tiene por objeto garantizar los derechos y deberes de las personas que viven con el VIH/SIDA, así como establecer políticas y ejecutar programas para la prevención, atención y rehabilitación del VIH-SIDA. Empero, esta norma es anacrónica ya que no responde al marco constitucional vigente, instaurado desde 2009.
Es en este contexto de exclusión y precariedad por falta de acceso a tratamientos, que Bolivia desde 2018 es uno de los 11 países de prioridad para el proyecto “Promoviendo mejores condiciones de vida y derechos humanos de las personas con VIH y otras poblaciones clave, a través de servicios integrales, diferenciados y con mayores recursos para apoyar la sostenibilidad de la respuesta regional al VIH”. Este proyecto busca fortalecer a las organizaciones sociales y a las poblaciones clave para lograr incidencia, mejorando la calidad de vida y disfrute de los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA y las otras poblaciones clave en América Latina. El proyecto promueve el acceso a una atención integral y diferenciada, en una región con Estados que respondan efectivamente, ofrezcan calidad en los servicios y mejoren la inversión de presupuestos para la sostenibilidad integral de la respuesta al VIH/SIDA.
Las poblaciones clave son grupos concretos que, por sus conductas específicas de riesgo, son susceptibles a contraer el VIH/SIDA. Además, suelen enfrentarse a problemas jurídicos y sociales a causa de estos comportamientos que aumentan su vulnerabilidad al VIH/SIDA, y son las siguientes: personas que ejercen trabajo sexual, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas y personas transgénero. Es importante considerar que el consumo de drogas es un factor transversal a todas estas poblaciones, y no se debe creer que el mayor riesgo relacionado al VIH/SIDA y drogas son las sustancias inyectables. Esta última vía de administración si bien no es muy conocida en nuestro medio, existe y como ejemplo se tiene el uso indebido de Ketamina, un analgésico de uso veterinario.
El estigma y la discriminación se agudizan frente al consumo de drogas, ya que esta población vive al margen de los servicios de salud, excluyéndosele por su condición de usuaria de drogas. La preferencia sexual, tipo de trabajo o consumo de sustancias no son factores que impidan el acceso a la salud y no reconocer la importancia de estas poblaciones clave, las hace más vulnerables a la violación de sus derechos humanos.
Es necesaria una actualización normativa, en el marco de nuestra Constitución Política del Estado, que considere a todas estas poblaciones clave y sea diseñada en el marco de las autonomías y según las competencias definidas por nuestra norma suprema.
Se deben visibilizar a las poblaciones clave como agentes de cambio, gracias a que este proyecto las aglutina para la incidencia política, diseño de programas y planes, desde una mirada regional.
La discriminación y la violencia en contra de poblaciones clave está bien documentada en la región, y menoscaba el acceso al tratamiento y la adherencia al tratamiento del VIH/SIDA.
Gracias a este proyecto, poblaciones clave como los usuarios de drogas están formando parte activa en el reconocimiento de sus derechos, rompiendo esa imagen tabú de que nosotros los usuarios de drogas estamos “incapacitados” para ejercer nuestros derechos y hacer política.
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