Por Miriam Telma Jemio (Bolivia)
Miércoles 6 de noviembre de 2019.- Hoy se cumplen 15 días de crisis en Bolivia después de que se acusara al Gobierno de Evo Morales de hacer fraude en las elecciones generales del 20 de octubre. El analista Carlos Cordero cree que ya no es posible “volver a meter a la ciudadanía de las calles a sus casas. No lo van hacer a menos que salga el Ejército y haya Estado de Sitio”.
Ante esta situación, la única salida que vislumbra Cordero es un acuerdo político para realizar nuevas elecciones, ya que ni la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios del 20 de octubre, que inicialmente demandaban los cívicos, ha logrado levantar los bloqueos que protagonizan en las calles de las principales ciudades del país.
Los opositores (cívicos, ciudadanos y políticos) han decidido radicalizar sus medidas con la “toma pacífica” de instituciones del Estado hasta que el presidente Evo Morales renuncie. Mientras, grupos sociales afines al Gobierno se les han enfrentado violentamente en busca de levantar los bloqueos y porque los acusan de estar gestando un golpe de Estado.
El abogado constitucionalista Williams Bascopé coincide en que la salida es política pactada, pero bajo los términos de la Constitución Política del Estado.
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La sucesión constitucional
Bascopé y Cordero coinciden en que si el presidente Evo Morales atendiera la demanda de los sectores movilizados y renunciara, lo que la Constitución prevé es la sucesión.
Entonces, si Morales renuncia, el vicepresidente (en este caso Álvaro García Linera) debiera asumir la presidencia. Como esto no será aceptado por los movilizados, en línea sucesoria le corresponde a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y si ella renunciara el presidente de Diputados, Arturo Borda, sería el presidente hasta el 22 de enero de 2020 como establece la Constitución.
Bascopé señala que Borda tendría 90 días para realizar las nuevas elecciones y así tener ya un presidente electo para posesionar el 22 de enero próximo, aunque reconoce que el margen de tiempo es estrecho. Remarca que “la renuncia posible es un escenario extremo y el artículo 169 de la Constitución lo prevé”.
Pacto político
La otra opción para el constitucionalista, si no renuncia Morales, es realizar un pacto político entre Gobierno, los cívicos y la gente movilizada para que el Legislativo anule las elecciones con una ley corta y así se llamen a nuevas elecciones.
Para Cordero, en esta situación de crisis no hay salida legal, “lo que hay es siempre una salida política como el anular las elecciones, adelantarlas, ponerse de acuerdo cuando serían las elecciones, todo esto es un acuerdo político”.
Notables para nuevas elecciones
Tomando en cuenta que los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han perdido credibilidad ante la ciudadanía que pide el cambio total de los vocales y que el tiempo es ajustado, Bascopé dice que lo que se tendría que hacer es “nombrar a siete personas notables que garanticen las elecciones transparentes, invitando como veedores a la OEA, a la Unión Europea y a la prensa internacional”.
En cambio, Cordero cree que un acuerdo político podría proponer que el TSE tenga la mitad de vocales puestos por el MAS y la otra mitad por la oposición, más un vocal imparcial nombrado por una institución mediadora como, por ejemplo, la Iglesia. Lo que sí es un hecho es que el Gobierno de Morales termina el 22 de enero de 2020, por tanto, cualquier Gobierno de transición sería solo hasta esa fecha.
“Ahora Bolivia se encuentra en una situación especial. La Asamblea Legislativa saliente o con un acuerdo político podría definir que quien asuma la presidencia se quede hasta la transmisión de mando”, manifiesta Cordero. Por ejemplo, podrían decidir que Salvatierra sea presidenta más allá del 22 de enero hasta que se haga la transmisión de mando, que podría ser en agosto de 2020, ya que sería demasiado esperar hasta el 22 de enero de 2021, dice Cordero. Pero primero, dicen, Evo Morales tiene que renunciar.
¿Cuatro meses para nuevas elecciones?
Según el analista político Carlos Cordero, se necesitan cuatro meses para organizar nuevas elecciones y dinero. Tomando en cuenta que el próximo año se realizarán las elecciones subnacionales, para ahorrar dinero, se podrían juntar los comicios.
Otra posibilidad, dice Cordero, es una salida legal y política para realizar nuevas elecciones como sugiere el líder cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, el 15 de diciembre para que asuma el 22 de enero. En este caso, solo sería elección para presidente y vicepresidente, los diputados y senadores tendrían que recoger sus credenciales y la Asamblea Legislativa estaría conformada de acuerdo a las elecciones del 20 de octubre.
No retrocederán
Para Cordero, cualquier salida tiene que pasar por un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición, principalmente con Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, que tiene dos millones de votos de apoyo. “Las soluciones no pueden estar ajustadas a lo que estrictamente dice la Constitución y las leyes, sino que lo jurídico se tiene que acomodar a lo político, así fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente”.
Sin embargo, los dos juristas consultados por Guardiana coinciden en que el presidente Morales, en vez de atender la demanda de los movilizados, viendo la participación del Canciller en la OEA y la respuesta de los movimientos sociales afines al MAS, “se va entornillar en el poder y no va a dar un paso atrás”.
“La gente en los cabildos eso es lo que está pidiendo. Veamos cómo se resuelve. La gente está indignada y eso no va a parar”, hace notar Bascopé.
Ven también que no será posible hacer que los movilizados desistan de sus demandas, a menos que haya un Estado de Sitio. “Tendríamos que estar en Estado de Sitio hasta el 22 de enero, Navidad. Eso sería terrible. Algún rato va estallar la convulsión social. Así que lo mejor es una cumbre, un acuerdo político, pactar unas nuevas elecciones para junio o mayo del próximo año. Pactar un gobierno de transición”, remarca Cordero.
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