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Por Miriam Telma Jemio, La Paz (Bolivia)

El mayor problema en Bolivia es la deforestación junto con la contaminación de ríos provocada por la actividad minera. El Gobierno dejó en el papel las leyes que protegen a la Madre Tierra para apostar por el extractivismo e incentivar el agronegocio.

Es una de las conclusiones de dos investigadores y dos profesionales del área con quienes habló Guardiana sobre cómo el Gobierno actual atendió los temas ambientales, tanto desde el ángulo positivo como negativo de su política en esta área y sobre los desafíos para la próxima gestión gubernamental.

Guardiana habló con Ángela Núñez, presidenta del Colegio de Biólogos de La Paz; Silvia Molina, investigadora del Cedla; Pablo Solón, investigador y director de la Fundación Solón, y Carmen Capriles, ingeniera agrónoma experta en cambio climático y activista de Reacción Climática. También solicitó información en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua sobre los avances y temas pendientes en materia ambiental. Para el efecto se envió un cuestionario como lo solicitaron; pero no fue respondido.

Las normas ambientales aprobadas a lo largo de los 13 años, de los tres periodos de gobierno de Evo Morales, son reconocidas como positivas pero, al mismo tiempo, se critica que con otras normas se las haya flexibilizado.

Un ejemplo de esto es la aprobación de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra en 2010 y la autorización, el mismo año, de la construcción de una carretera por el medio del  Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que va en contra de la ley mencionada. Este proyecto, junto a la exploración de hidrocarburos, la construcción de grandes represas y la expansión de la frontera agropecuaria, está en el balance negativo.

Por su parte, ambientalistas declarados en emergencia este último lunes a raíz de los incendios en Santa Cruz que arrasaron casi medio millón de hectáreas en lo que va de este mes señalaron las siguientes normas que consideran deben ser abrogadas de manera inmediata: la Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias; el Decreto Supremo 3973 que autoriza en los departamentos de Beni y Santa Cruz el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. También recordaron en conferencia de prensa la necesidad de que toda disposición tome en cuenta que Santa Cruz tiene desde hace 20 años un Plan de Uso de Suelos (PLUS), que establece que en la Chiquitanía los suelos no son aptos para lo agrícola, sino forestales y mucho más las zonas de Roboré, Tucavaca, San Matías y San José. Incluso pidieron que esto sea extendido a Pando y Beni.

Ya en julio de este año, el DS 3973 del 9 de julio de 2019 no fue bien recibido. En la web de Servindi, se escribió al respecto: "La sede de la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), en Trinidad, fue el lugar apropiado para que el presidente Evo Morales expida el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte en los bosques de los departamentos de Santa Cruz y Beni. Y es que dicha institución que representa y defiende la actividad ganadera en Beni es la directa beneficiaria de la norma promulgada el martes 9 de julio. El decreto modifica el capítulo 5 del Decreto 26075, promulgado el 2001, para permitir el desmonte, la tala y quema 'controlada' de los bosques para actividades agropecuarias. Los cambios tendrán un alcance en tierras privadas y comunitarias de acuerdo a la reglamentación vigente en las áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo (PLUS)".

Pocas luces en 13 años

Para Ángela Núñez, presidenta del Colegio de Biólogos de La Paz, la normativa en materia ambiental, empezando por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, siguiendo con la Ley de la Madre Tierra y los planes nacionales de acción sectoriales, son lo más rescatable de la gestión ambiental del Gobierno del MAS.

Silvia Molina, investigadora del Cedla, considera que después del régimen de gestión ambiental que viene de la época neoliberal, “el momento más positivo es la lucha de los movimientos sociales en la (elaboración de la) Constitución, a partir de ahí tenemos el reconocimiento de los pueblos indígenas, de la autodeterminación, de la consulta previa, del reconocimiento de la Amazonía como una región estratégica, recursos estratégicos del país, la propia Constitución limita el tema de los transgénicos”.

La investigadora remarca que esto no es precisamente un logro del actual Gobierno, sino de toda la lucha que se concretó en la Constitución. “Con sus diferentes matices, es el resultado de una lucha que viene de un pueblo organizado, crítico, que llega después de la guerra del gas”.

Fuera de las normas ambientales, Pablo Solón, investigador y director de la Fundación Solón, no encuentra ningún otro logro sustantivo. “Ha habido un avance en algunas normas y en otras hubo un retroceso. Por ejemplo, la Constitución avanzó en temas ambientales, y sobre los derechos de la Madre Tierra pero, al mismo tiempo, se flexibilizaron normas que controlan el impacto ambiental de diferentes proyectos. El Gobierno ha permitido que pueda haber hidrocarburos en áreas protegidas”.

Otra de las observaciones que hace la bióloga Núñez es que la normativa no tiene respaldo económico para ser implementada. Cita por ejemplo la Ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, de 2012). “Se quedó como un buen documento, pero sin aplicabilidad porque no se consolidó su reglamento”.

En el suministro de agua se han tenido avances, según Solón. “Si comparamos con el 2005, hay avances en la provisión de agua potable en áreas urbanas y rurales, pero en el manejo integral de cuencas hídricas, se hizo poco. Y lo que se hizo de mayor impacto fue por la crisis”.

En cambio, Carmen Capriles, ingeniera agrónoma experta en cambio climático y activista de Reacción Climática, señala contundente que este Gobierno es el que menos ha hecho en materia ambiental. “La última área protegida que se ha titulado fue en 2004 y desde entonces ha sido depredación tras depredación. Si bien hay unas cuantas normas, desde la Constitución Política del Estado hasta la Ley de la Madre Tierra, ninguna de estas leyes se cumplen”.

Lo que rescata la activista de Reacción Climática es que Bolivia haya firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), cuyos lineamientos están contemplados en la Constitución boliviana.

Las sombras

La deforestación, la flexibilización de las normas para abrir las áreas protegidas a la actividad hidrocarburífera y la minera, la falta de acción para reducir la contaminación de los ríos por la contaminación minera, la falta de  un mayor compromiso para enfrentar el cambio climático son algunos de los temas negativos mencionados por los entrevistados.

“El principal problema ambiental que tiene el país es la destrucción de los bosques. Estamos por las 300 mil hectáreas de bosque deforestado al año y el Gobierno no ha ido reduciendo, sino lo ha legalizado”.

Pablo Solón

Bolivia se comprometió, en el marco del Acuerdo de París, a eliminar la deforestación ilegal para el año 2020. No se conoce información oficial sobre el avance en el cumplimiento de esta meta.

Y el panorama se agrava si se suma lo que viene con el etanol  y la exportación de carne, “vamos a romper récord de deforestación en los próximos años", dice Solón. "Al ritmo anterior calculábamos que en cinco años se iba a deforestar una superficie equivalente a la del TIPNIS, pero probablemente se deforeste esa cantidad en menos años por los nuevos incentivos”.

La flexibilización de las multas por la deforestación es otro punto negativo, al igual que la reforestación emprendida por el Gobierno. Según análisis de Solón, la reforestación es solo un tema publicitario porque representa apenas el 5% de lo que se deforesta al año.

El tráfico de madera impacta también en la deforestación. Esta madera fue incautada en el municipio de San Carlos, en Santa Cruz (foto: Miriam Jemio).

Junto al problema de la deforestación, identifican al tráfico de animales. “Han permitido el tráfico de vida silvestre como no se lo había visto antes. Han puesto al jaguar, en menos de cinco de años, en la lista de especies en peligro de extinción”, remarca Capriles y alerta que no es solo el jaguar. Habría que investigar qué está pasando con otras especies como las mariposas y las parabas.

La preocupación por las zonas naturales alcanza al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Las y los entrevistados coinciden en que dicha entidad ha perdido la institucionalidad y no tiene los recursos suficientes para encarar su trabajo. “La situación es dramática en el Sernap. El Gobierno ha flexibilizado (las normas), para que puedan haber más actividades extractivas en las áreas protegidas”, remarca Solón.

El investigador afirma que la política de Evo Morales, aunque con un discurso distinto, va en la misma dirección que la su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro. “Su política es de traición a la Madre Tierra en aras de ganarse el voto y apoyo del agronegocio, a quien ha dado todas las concesiones habidas y por haber como nunca antes, ni siquiera concesiones que lograron bajo gobiernos neoliberales. Y se está ampliando ahora los eventos transgénicos”.

El otro gran problema que identifican es la actividad minera, un sector con el cual el Gobierno es muy permisivo, sobre todo con las cooperativas y la pequeña minería. “Los resultados, en términos de impacto ambiental son muy grandes porque tenemos la contaminación de importantes ríos, que existían ya antes y que no ha disminuido en este Gobierno. Y tenemos la contaminación de nuevos ríos en la Amazonia, como el río Beni”.

La empresa minera estatal Huanuni sigue contaminando el río del mismo nombre. Hace una década que el Gobierno declaró, mediante decreto, Emergencia Departamental por ese problema y aún no han cumplido con ese documento (foto Miriam Jemio).

El Director de la Fundación Solón hace notar que la minería ha pasado a ser el primer sector de exportación, liderado por el oro, por encima de hidrocarburos, pero no se conoce cuántos de estos emprendimientos mineros tienen licencia ambiental y cumplen las regulaciones.

Capriles es tajante: “No hubo nada positivo, más bien hubo una mala gestión en materia de agua porque dejaron a la mitad de la ciudad de La Paz sin ese servicio. Permitieron que la actividad minera use el agua dejando seco al lago Poopó en Oruro. Y el lado boliviano del lago Titicaca (La Paz) está mucho más contaminado que el lado peruano”.

Los megaproyectos como la carretera por el TIPNIS, las represas Rositas (Santa Cruz) y el Chepete- El Bala (La Paz), que son impulsados por el Gobierno, van a tener un impacto muy grande en la biodiversidad a largo plazo. Y lo peor es que esto no va en beneficio de las comunidades locales, lamenta la activista de Reacción Climática.

También critican que el Gobierno insista en “seguir viviendo” de los hidrocarburos, que invierta y gaste dinero para conseguir más reservas para exportar más gas cuando no se avizoran beneficios económicos, solo impactos ambientales.

El Gobierno busca exportar energía eléctrica y convertir a Bolivia en el centro energético de Sur América, pero hasta ahora no lo ha logrado. Solón no ve una política de transición de electricidad para salir de la dependencia de los combustibles fósiles y critica que las inversiones en energía solar y eólica sean tan bajas en relación a la inversión en termoeléctricas y las grandes hidroeléctricas en zonas de Amazonía que no son energía renovable.

Para Capriles, el Gobierno debería hacer esfuerzos más fuertes por una transición energética sostenible, lo que se puede lograr porque el mapa solar de Bolivia es favorable y califica de experimentos los parques solares y eólicos que instaló hasta ahora el gobierno.

Lo pendiente

Los problemas climáticos se están agravando cada vez más. “Bolivia -dice Pablo Solón- está en mejores condiciones que muchos países desarrollados para enfrentar el cambio climático porque tenemos una biodiversidad muy rica, pero el Gobierno está haciendo un cálculo en el que no toma en cuenta los beneficios de los bosques. Los ve más bien como un problema”.

Entre los temas pendientes, Capriles menciona el saneamiento de todo el territorio nacional. “Lo importante es saber dónde están los territorios indígenas, dónde las áreas protegidas, los territorios fiscales, las áreas urbanas y los terrenos que tienen dueño. Con esto se podrá planificar, de lo contrario, seguirán los procesos de apropiación ilícita de tierras”. Cree que esto ayudará a parar la deforestación y evitar que crezca el problema del cambio climático, la pérdida de biodiversidad,  la degradación de los suelos y de desertificación.

La investigadora del Cedla, Silvia Molina, propone pensar en un nuevo modelo de desarrollo construido con base en las economías locales. “Hemos vivido los últimos 20 años del gas y estamos buscando otros recursos para hacer exactamente lo mismo. Desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos la industrialización. No deberíamos hacer lo mismo porque eso nos lleva a la situación que estamos atravesando en este momento”.

La diversidad de las economías locales  podría ser un punto de partida importante para la construcción de un modelo diferente, según Molina, quien considera  que ya no se tiene que vivir del rentismo, de monetizar los recursos naturales y de seguir vendiendo materias primas.

Lo que recomienda es que no se destine todo el territorio nacional a la industria extractiva primaria exportadora, como lo está haciendo ahora el Gobierno, sino que se piensen en otras alternativas  para regiones como la Amazonía.

La bióloga Ángela Núñez considera que será difícil para el nuevo Gobierno anular las normas legales que ahora se están promulgando, por lo que recomienda que se trabaje de manera integral, en todos los niveles, y consensuar con los grupos que están siendo beneficiados por estas leyes para encontrar un equilibrio y reducir el impacto que se pueda provocar.

“El Gobierno tiene que interactuar con los grupos a los que está abriendo las puertas ahora -a la minería y a la agroindustria-  para llegar a cierto equilibro”, recomienda la bióloga, que además está convencida de la importancia de trabajar de manera integral, por ejemplo, vinculando al Ministerio Rural y Tierras con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Elecciones sin propuestas diferentes

Un análisis de los planes de Gobierno realizado por la Fundación Solón identificó un retroceso en material ambiental en el programa del MAS con relación a la Agenda Patriótica. “Está disminuida a su mínima expresión. Han borrado la retórica en favor de la Madre Tierra en un 80%. Y si lo comparamos con los programas de Comunidad Ciudadana (de Carlos Mesa) y Bolivia Dice No (de Oscar Ortiz), no hay ninguna diferencia sobre el agronegocio y los bosques. Los tres plantean lo mismo”, asegura Pablo Solón.

El Gobierno autorizó, mediante decreto, ampliar las áreas de uso agropecuario en el departamento del Beni (foto: L. Céspedes/FAN).

Silvia Molina dice que esos temas de política pública deberían  ser debatidos con los candidatos. “Esos temas que tienen que ver con la economía del país y con derechos humanos, con los sectores que van a  ser más afectados por estas políticas deberían debatirse”, dice y deja las preguntas para los candidatos ¿Cómo vamos transitar de una economía plenamente dependiente de la venta de recursos naturales a una economía que, por lo menos, genere mejores condiciones de vida a la mayoría? ¿Cuál va a ser el futuro de la Amazonía?

La foto de portada es de Edmond Sánchez/FAN. En Bolivia se deforestan 300 mil hectáreas por año. Esto afecta en mayor proporción a Santa Cruz.

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