Por Darynka Sánchez A. para Guardiana (Bolivia)
Lunes 8 de marzo de 2021.- El amor y la desesperación por encontrar a Mónica Olmos Herrada hicieron que su familia no se rindiera ante la lentitud y las “dudosas” pesquisas iniciadas por un policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Villa Tunari que, aparentemente, solo obstaculizaba el avance de las investigaciones. A pesar de las amenazas y con la ayuda de otro efectivo del Trópico y dos investigadores policiales que llegaron de Cochabamba, acabó descubriendo a un feminicida en serie y a sus cómplices.
La familia Olmos Herrada es muy unida. Sus integrantes acostumbran a compartir y contarse todo lo que hacen. Esta actitud fue la que permitió que identificaran a los probables autores de la desaparición de Mónica Olmos.
Mónica Olmos no tenía planeado salir de su casa la noche que desapareció. Ya estaba con pijama. Algo la hizo salir sin avisar.
Parte de la familia vive en una casa de la localidad de 40 Arroyos, Villa Tunari, a 156 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Tras la muerte de su esposo, Magda Herrada compartía su hogar solamente con su primogénita, Mónica, de 25 años, y la menor de las tres, una niña que ya cumplió los 6.
Lidia (nombre cambiado), la segunda hija de Magda, formó su propia familia en otra vivienda, pero siempre ha estado en constante comunicación con su madre y sus hermanas. Mónica le confiaba a ella y a su mamá todos sus sueños, sus afectos y sus planes. Es por eso que Lidia sabía que su primo, Omar Jhonny Fernández Herrada (ahora con una sentencia de 30 años), le había ofrecido a Mónica llevarla a Cochabamba y acompañarla a hacer sus compras navideñas.
Ella planeaba viajar el lunes 21 de diciembre de 2020, pero desapareció de su casa la noche del domingo 20, mientras su madre salía a las 20:15 horas a visitar a un tío que la hizo llamar. “Mi hija me preguntó: '¿Dónde estás yendo mami?'. Le dije que iba a lo de su tío a aclarar algo y volvía rápido. Mónica no pensaba salir, ya estaba en pijama y con chinelas”.
Media hora después, la madre retornó y todo estaba silencioso. Pensó que Mónica se había quedado dormida porque su cuarto estaba con luz y la dejó descansar. Poco después, a las 21:30, el novio militar de la joven llegó a buscarla y solo entonces Magda descubrió que ella no estaba. El uniformado le comentó que estaba preocupado porque la había llamado desde las 20:30 horas, pero no contestaba. Mónica tenía una norma que cumplía a rajatabla con su familia: siempre contestaba su celular, como máximo a la tercera llamada, para no angustiarles.
Quienes la conocían, sabían que Mónica jamás hubiera salido en chinelas. “Mi hermana -contó Lidia- salía muy bien arreglada, le gustaba verse impecable. Incluso pensaba poner un salón de belleza, maquillaje y peluquería. Lo primero que pensamos es que fue a la tienda, pero no. Entonces pensamos que ella no salió por su propia voluntad”.
Acompañadas por el militar, las mujeres la buscaron por todo el poblado, sin dejar de llamarla al celular que permaneció encendido hasta las 23:30 horas y luego se apagó. La desesperación de la familia fue creciendo a medida que pasaban las horas. La madrugada del lunes 21 de diciembre, Lidia recibió un mensaje del teléfono de Mónica que decía: “Anoche me encontré con Jordis (un antiguo novio), él me golpeó. Estoy inconsciente en una casita de madera de San Mateo, ven, mi celular se apagará”.
Al leer el texto, Lidia supo de inmediato que Mónica no lo había escrito. “Nunca, pero nunca nos hablábamos escribiendo. Ella siempre mandaba audios, no le gustaba escribir. Peor esa incoherencia. ¿Cómo podía estar inconsciente y al mismo tiempo escribirme?”.
De todas maneras, fueron a buscarla a las casas abandonadas de San Mateo, con ayuda del dirigente de la zona, pero no la hallaron. Se fueron al Comando de la Policía de Villa Tunari a sentar la denuncia y allí les dijeron que tenían que pasar 24 horas de la desaparición para recién admitir el caso. Magda suplicó y lloró, pero le respondieron que ese era el procedimiento y había que esperar.
“En ese momento -recordó Lidia- me acordé de que ella tenía que viajar con Omar ese lunes y él tendría que saber dónde estaba Mónica. Le escribí a su WhatsApp, pero me respondió que no la veía hace dos semanas, porque su novio militar era muy celoso. Le dije que eso no era verdad porque ella me había contado que iba a ir con él a Cochabamba, para comprar los regalos. Omar dijo que no y que si sabía algo de ella, me avisaría”.
La familia de Mónica no se sentó a esperar que se cumpliera el plazo que la Policía le fijó para procesar una denuncia. Lidia recordó que se puede rastrear los teléfonos por su Icloud. Recogió la caja del móvil de Mónica y recurrió a un técnico experto en celulares que era su amigo. “Él verificó que el teléfono de mi hermana fue encendido a las 8:12 de ese lunes, en el puente Isinuta, y que lo apagaron a las 8:30".
Mientras se dirigían junto con el técnico a la localidad de Isinuta, en el kilómetro 211 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, a una hora y media de viaje, Omar Fernández llamó a la madre de Mónica para preguntarle dónde estaba y decirle que no tenían porqué culparlo de la desaparición de la joven. La madre le respondió que conversarían después.
La familia llegó a Isinuta y junto con unos policías del lugar buscó debajo del puente, donde se había perdió la señal del celular. Lidia supone que lanzaron el teléfono al río que estaba con mucho caudal esos días de diciembre, temporada de lluvias.
Al retornar, fueron a hablar con Omar. Magda confirmó que es el hijo de una prima suya. Lidia contó que él estaba en compañía de sus parientes y se mostraron muy agresivos. “En vez de ayudarnos a buscar a mi hermana, nos gritaron y casi nos pegan. Nos decían: 'Locas, aquí con pruebas van a venir'. Le decían a mi mamá: 'Tu hija se ha debido ir con otro, les vamos a demandar por calumnias'. Pero nosotras tampoco nos quedamos calladas. Nos hemos defendido”.
En la FELCC solo hay cuatro efectivos, según la familia de Mónica. “Un investigador Encinas, un suboficial de apellido Quispe que no era de confianza, uno de apellido Calizaya, otro del que no me acuerdo su nombre y un capitán. Nos tocó el suboficial Quispe, le exigimos que interrogue a Omar, pero cuando lo entrevistó, ni siquiera le decomisó su celular para revisar si se contactó con Mónica. No lo interrogaba como policía sobre dónde había estado el domingo en la noche. Le hablaba casi rogando: 'No le hagas llorar a esta pobre gente', le decía”.
A exigencia de la familia Olmos Herrada, recién el lunes en la noche le decomisaron el teléfono a Omar. “Le dieron tiempo de borrar todo. Siempre le escribía a mi hermana y ahora no tenía ni un solo mensaje”. Como coartada, dijo que el domingo habló toda la noche con su enamorada, pero en sus mensajes, ella le decía: “Diles que has hablado conmigo toda la noche. No te hagas echar la culpa en vano o diles dónde está ella, vos sabes. Pero lo dejaron irse y no nos permitieron llevar los volantes con la foto de Mónica”.
El capitán les prometió que en tres días tendrían los extractos telefónicos, pero no se cumplió. A la semana de la desaparición de Mónica, Lidia recibió un mensaje de un número desconocido en el que le decían que su hermana había sido secuestrada por meterse con un hombre ajeno.
“Mostramos el mensaje a la Policía -dice Lidia- pero pasaron dos semanas y no hacían nada. Un mes antes de que mi hermana desaparezca, me mandaron otro mensaje igual, como el de una mujer despechada que me decía que mi hermana se metió con su novio y que estaba dispuesta a todo. Yo creo que todo estaba planeado desde antes y nos querían preparar para que pensemos que la asesina era una mujer”.
Después llegó un mensaje que las sobrecogió: una foto del tatuaje que Mónica tenía en la espalda, pero se notaba que la piel estaba viva. “Como si fuesen los colombianos, pedían un rescate de 75.000 dólares y decían: 'Necesitamos mercancía, si hacen ver esto a la Policía, a tu familiar Mónica la vamos a volver prostituta'. Por la foto pensábamos que mi hermana estaba viva y nos asustamos”.
En su desesperación, Lidia se hizo pasar por Mónica y fue a una telefónica a recuperar el chip de su hermana para poder ver su WhatsApp. “Yo desinstalé el mío para poder ver y fue un gran error porque se borró todo lo que yo tenía antes. El suboficial Quispe y Encinas me secuestraron mi celular, pero todas las llamadas, mensajes y pruebas que yo tenía desaparecieron por el error que cometí. Los policías querían procesarnos como sospechosos a mí y a mi amigo técnico en celulares, por manipulación. Un absurdo”.
Lidia relató que pagaron el costo del trabajo de los peritos que iban a revisar el celular de Omar, pero grande fue su sorpresa cuando el suboficial les dijo que no hallaron nada. El técnico amigo de Lidia se fijó en que la marca y el modelo del teléfono examinado por los peritos no coincidían con la marca y el modelo del móvil que le secuestraron a Omar Fernández.
“Es decir que, a los peritos, les entregaron otro teléfono que no era el de Omar, para examinar. Gracias a mi amigo técnico nos dimos cuenta y exigimos ver el teléfono verdadero. Quispe se hizo al que buscaba y luego dijo: 'Aquí había estado, se había caído'. No le creímos. Fue necesario repetir los peritajes y recién aparecieron los mensajes de Omar”, relató Lidia, muy molesta porque sospecha que el feminicida de su hermana intentó corromper a los investigadores para que lo encubrieran.
“Si no era mi amigo técnico que comparaba el acta de secuestro con el teléfono, nunca hubiésemos podido ver el contenido de celular real y estos cuatro feminicidios no se hubieran resuelto”, asegura Lidia. Otro policía del Trópico, Calizaya, se hizo cargo del caso “y recién se movieron las investigaciones”. Les comentaron que se requería de policías expertos en la recuperación de las conversaciones y otros materiales borrados en el celular de Omar. “Vinieron dos de Cochabamba, pagamos sus pasajes, alojamiento e hicieron su trabajo en unos pocos días”.
De esta manera, se verificó que Omar utilizó el chip de su madre para enviar algunos de los mensajes sobre Mónica. También se recuperó charlas del WhatsApp y se detectó que Omar parecía estar obsesionado con Mónica, por la forma en la que le hablaba; aunque ella no le daba esperanzas y le repetía que eran primos.
También se pudo evidenciar que Omar tenía contacto con Víctor Z., cuyo número de celular también fue usado para enviar los mensajes que simulaban ser los de una mujer despechada para advertir que algo podía pasarle a Mónica, un mes antes del feminicidio.
Con estos descubrimientos, los investigadores policiales aprehendieron a Omar, pero éste se negaba a decir una sola palabra.
Amenazas de linchamiento
En las comunidades del Trópico, alrededor de Villa Tunari, había preocupación porque varias jóvenes mujeres estaban desaparecidas desde el año 2017 y la sola idea de hallar a los responsables movilizó a la gente de sindicatos y de la Federación del trópico y de Yungas para respaldar a la familia Olmos Herrada.
“No quería hablar al principio. Le amenazamos con quemarle a él y a sus tíos si no decía dónde tenía a Mónica. Primero nos dijo que la había vendido en el Tipnis, a los colombianos, pero no decía el lugar exacto. Mi mamá y yo le dijimos que le haríamos el doble de lo que le hizo a mi hermana y la comunidad estaba cada vez más enojada. Había policías, pero son poquitos. Se asustó y entonces declaró que Juan G., el exnovio de mi hermana, lo había contratado por 70.000 bolivianos para que se deshaga de Mónica”.
Para cumplir con ese “trabajo” se acercó a la joven y se presentó como su primo. Se ganó su confianza haciéndole regalos, llevándola a comer, conversando, pero, según la hipótesis principal, ya tenía todo planeado y actuó en complicidad con Víctor Z., conocido en la zona como Bola 8.
Fue él quien, en noviembre de 2020, comenzó a mandar mensajes de texto con amenazas hacia Mónica, como si la atacante fuese una mujer despechada, para que, más adelante, a la familia Olmos Herrada no le sorprendiera su muerte y que las sospechas sean desviadas hacia otras personas. Víctor Z. se abstuvo de declarar. Juan G. también optó por acogerse a su derecho al silencio.
Mónica Olmos Herrada fue encontrada el 10 de febrero de 2021, enterrada en un sector de Tres Arroyos, un atractivo lugar de pozas de aguas y bosques tropicales que está a 500 metros de la carretera a Villa Tunari. La necropsia confirmó que la joven fue estrangulada con un lazo, después de ser violada.
En primera instancia, Omar Fernández declaró a la Fiscalía que el 19 de diciembre, Juan G. lo citó a él y a su amigo David Z. en el cruce de Paractito.
“Juan, El Colombiano, llegó en una camioneta Toyota Hilux y nos ofreció 70.000 bolivianos para hacer desaparecer a su ex enamorada, Mónica, porque ella estaba saliendo con otro. Quedamos en encontrarnos al día siguiente para ejecutar el trabajo”.
Omar Fernández, hoy preso con 30 años de sentencia
Según esa versión, el 20 de diciembre, Juan Denny G.M. llegó al sitio que habían acordado a las 20:30, llevando a Mónica maniatada y con la boca tapada con un trapo para que no gritara. Fueron hasta Tres Arroyos y caminaron hasta las orillas del río.
“Juan la desnudó, la violó e intentó dispararle a la cabeza, pero nos opusimos porque iban a escuchar el disparo. Nos preguntamos ¿cómo la matamos? y Juan dijo: 'Como matar a un perro'. Tomó un lazo y la ahorcó. Nosotros no la matamos, solo la enterramos”, declaró. Sin embargo, esta declaración no coincide con otros hechos, como los mensajes de amenazas que empezaron un mes antes y la existencia de testigos que vieron un vehículo estacionado, frente a la casa de la familia Olmos, la noche del 20 de diciembre, con varias personas en el interior.
Delante de los comunarios, Omar juró que no sabía nada de las otras mujeres desaparecidas, pero después confesó que había una víctima más, enterrada muy cerca de la fosa donde se halló a Mónica. El 24 de febrero, hallaron a Nayeli Lizarazu y el 1 de marzo exhumaron a Beatriz García Ustariz y Margarita Maldonado Rodríguez.
Omar se inculpó de los cuatro feminicidios, pero los indicios apuntan a que, al menos otros dos hombres, Juan Denny G.M. y Víctor Z.R. participaron de estos crímenes. Ambos están detenidos preventivamente en El Abra y en San Sebastián.
- Mónica Olmos Herrada: En la foto se la puede ver de rojo. Tenía 25 años cuando desapareció el 20 de diciembre de 2020. El 10 de febrero de 2021 fue encontrado su cuerpo.
- Nayely Lisarazu Acuña: Tenía 19 años cuando desapareció el 15 de febrero de 2020. Aparece en el panel de fotos abajo a la izquierda. Encontraron sus restos el 24 de febrero de 2021.
- Beatriz García Ustariz: Tenía 29 años cuando perdió la vida. Estaba desaparecida desde el 15 de agosto de 2017. Hallaron su cuerpo el primero de marzo de 2021.
- Margarita Maldonado Rodríguez: Tenía 25 años cuando la mataron. Estaba desaparecida desde el 27 de septiembre de 2019. El mismo día que encontraron el cuerpo de Beatriz, el primero de marzo de este año, hallaron sus restos. En el panel de fotos se la puede ver arriba a la izquierda.
La desaparición de personas se convierte en un caso penal recién al tercer día
El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Rolando Rojas, explicó que es la División de Trata y Tráfico la que recibe las denuncias de desapariciones de personas, independientemente del sexo, la edad o la naturaleza del hecho. “De acuerdo a un protocolo definido en una convención, se reciben los casos, se hace un reporte y después de 3 días se hace la apertura de un caso ante la Fiscalía, si es que la persona no ha aparecido”.
Este protocolo está basado en la experiencia. En la mayoría de las denuncias, se descubre que las personas tuvieron algún conflicto familiar y se fueron por dos o tres días y luego vuelven. Otros se van a beber durante dos días, viajan o se van por algún interés, pero retornan a sus casas y las denuncias se caen.
“Abrir un caso penal implica la realización de actuados investigativos, notificar a Fiscalía, burocracia y la necesidad de seguir los procedimientos hasta la conclusión de los plazos procesales. Es un desgaste del escaso personal con que se cuenta y el protocolo busca evitar la carga procesal innecesaria”.
Coronel Rolando Rojas, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
Para atender al Trópico, por ejemplo, la FELCC solamente tiene 14 efectivos asignados a las diversas divisiones de esa unidad y están distribuidos en al menos tres municipios. En Villa Tunari, “son tres o cuatro los policías que trabajan en cada servicio”. En relación a la coordinación con la fuerza antiviolencia, sí ocurre cuando el policía de la División Trata y Tráfico comprueba la desaparición y detecta indicios de que la mujer era víctima de violencia y su agresor es un sospechoso de su ausencia.
Comisión especial de la FELCV completará pesquisa de los feminicidios
Los cuatro casos de feminicidio ya fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) por la fuerza anticrimen de Villa Tunari y se designará un equipo “en comisión” que se dedicará únicamente a estas investigaciones, después de las elecciones subnacionales. Para ello, se enviará a Villa Tunari a un investigador especializado de la FELCV, para trabajar con los otros efectivos de la zona donde ocurrieron los crímenes, confirmó el director departamental de la FELCV, coronel Rubén Darío Lobatón.
Por el momento, no existe información de la existencia de más cuerpos de mujeres desaparecidas que estén enterrados en Tres Arroyos. “Pero revisaremos con la Fiscalía toda la documentación acumulada y veremos, como un tema aparte, si hubiera indicios”. Respecto al temor expresado por las familias de las víctimas, sobre la posibilidad de que Juan G.M. y David Z.R. salgan en libertad dentro de seis meses, por las nuevas normas de detención preventiva que ya están en vigencia, Lobatón dijo que pedirán, a través del Ministerio Público, que la medida de la detención preventiva de estos dos sospechosos hasta que se esclarezcan los hechos.
Consultado sobre el número de policías asignados a la Unidad de la FELCV de Villa Tunari, Lobatón dijo que hay tres por servicio. “Claro que el número es insuficiente. Se necesitarían al menos seis por servicio y ampliar ambientes, pero es con lo que se cuenta”. La FELCV ocupa “un cuartito” en el Comando Policial de Villa Tunari.
El jefe policial dijo que, de acuerdo al procedimiento establecido, los casos de desapariciones de personas deben ser denunciados y atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. “Pero cada caso es diferente y hay que analizarlo, si se detectan indicios de que la desaparecida era víctima de violencia, la FELCC coordina con la FELCV, pero la instancia que debe determinar esto, en el marco de la investigación preliminar, es la FELCC”, describió.
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