"La justicia está lejos de la gente", con esta frase –muy dramática– presentó su informe de observaciones preliminares, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de los Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, luego de su visita oficial a Bolivia, donde cumplió una agenda intensa de reuniones y encuentros con los principales órganos del sistema de justicia, autoridades de gobierno, oposición política, representantes de la sociedad civil, así como con víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos y académicos.
Esta Relatoría fue creada en 1994 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Resolución 1994/41, como respuesta al incremento de los ataques contra la independencia de jueces y abogados, así como ante la necesidad de enfrentar el debilitamiento de las salvaguardas que tiene el sistema judicial para cumplir su rol de garante de los derechos humanos. Desde allí, este mandato ha sido asumido y prorrogado por el Consejo de Derechos Humanos, que constituye la máxima instancia intergubernamental y especializada de las Naciones Unidas encargada de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. La relatoría, desde sus inicios, fue creada con el mandato de registrar ataques a la independencia de jueces y abogados; investigar toda denuncia que reciba e informar sobre sus conclusiones; supervisar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar la independencia de los mismos; realizar recomendaciones concretas, incluso sobre asistencia técnica a los Estados interesados cuando éstos lo soliciten; así como identificar vías para mejorar la independencia de la judicatura.
La visita del Relator ha sido oportuna, en un momento en que la cuestión judicial está en el centro de la agenda pública. En sus observaciones preliminares, de la información recibida y a la luz de los criterios establecidos en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por las Naciones Unidas en 1985, el Relator señaló áreas críticas para el desenvolvimiento del sistema de justicia; aunque no precisó de manera clara el origen de estos problemas, ni sus causas, principalmente aquellas que tienen que ver con el ataque y afectación a la independencia judicial, el corazón de su mandato.
Los temas identificados, coincidiendo con lo adelantado por otros informes de órganos internacionales, priorizan una agenda de trabajo para la reforma de la justicia: 1) La necesidad de garantizar de manera efectiva la independencia judicial; 2) los obstáculos al acceso a la justicia, especialmente para las víctimas, mujeres y pobres; 3) la corrupción judicial; 4) las restricciones que pesan sobre la justicia indígena; 5) el uso prolongado de la prisión preventiva; 6) las debilidades en la atención médica para las personas privadas de libertad; 7) el rescate de los mecanismos conciliatorios de justicia de paz basados en la equidad; 8) la tarea urgente de implementar la carrera judicial y fiscal, así como 9) reforzar el presupuesto judicial; 10) la falta de una ley de acceso a la información pública; 11) las falencias en la investigación de violaciones a los derechos humanos, constatando finalmente que 12) los patrones de persecución político-judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados, y se mantienen en la actualidad.
Luego el informe brinda algunas recomendaciones en dos temas centrales. En primer lugar, se ha referido a algunos aspectos críticos en las reformas constitucionales e institucionales del sistema de justicia, concluyendo que luego de 13 años de vigencia de la Constitución, existen aspectos del sistema judicial cuya implementación práctica ha sido crítica, la principal “tiene que ver con los procesos de selección y designación en las altas cortes”. En este sentido, el Relator ha expresado su preocupación ante la baja legitimidad en las votaciones para la elección de los magistrados y las magistradas de las Altas Cortes, tanto por la menor participación ciudadana como por los resultados electorales, cuya mayoría de votos fue blanco o nulo, apuntando que “se hace indispensable someter el sistema de elección por votación popular a algunos ajustes”.
Luego agrega: “Conviene revisar y perfeccionar estos procesos de cara a contar con un sistema judicial independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y su compromiso con los derechos humanos” y propone que: “En la perspectiva de concretar ajustes sin el prerrequisito de una previa reforma constitucional, … una de las opciones apuntaría a fortalecer la fase de la preselección de candidatos/as… en un espacio pluralista y participativo. Con ese filtro, más plural y participativo, se estima que el voto popular que luego vendría… podría traducirse en una selección más meritoria y plural”. Además, con relación a este punto, el Relator promete ahondar más en su informe final de la visita a Bolivia que será presentado el próximo junio.
En segundo lugar señala que en la ruta de un gran acuerdo nacional, en medio de situaciones de confrontación y de divergencia de opiniones y propuestas, ha encontrado que los diversos actores mantienen la aspiración compartida y “la saludable esperanza de contar con una justicia independiente, eficiente y guiada por los estándares de derechos humanos”. Esa coincidencia debe alentar la construcción de una ruta para un gran acuerdo nacional de la justicia que aborde, entre otros, temas críticos como los planteados en su informe. También señala que una de esas rutas podría ser la Cumbre de Justicia que ha anunciado el Gobierno boliviano se llevaría a cabo en el mes de marzo de este año, pero también reconoce la existencia de otros espacios de expresión que busquen el mismo fin, en la perspectiva y la exigencia de un gran acuerdo nacional por la justicia.
Finalmente, concluye que “se ven condiciones para apuntar, de manera laboriosa y persistente, a dicho gran acuerdo nacional, como criterio orientador de un proceso sostenido con metas de corto, mediano y largo plazo”. Una de esas condiciones supone asegurar una participación inclusiva y plural de todos los actores y de las instituciones públicas más relevantes sobre el tema, tanto del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de las agrupaciones políticas, colegios profesionales (en particular de abogados), universidades, representaciones sociales, etc. En ese sentido, la sociedad boliviana seguirá expectante si estas primeras condiciones se reflejan en la convocatoria a dicho encuentro, cuyas bases, temario y modalidades aún no se conocen. De ser fallida, el país habrá perdido –una vez más– un momentum de oportunidad para avanzar en una reforma genuina de la justicia, pendiente por tantos años.
Ramiro Orías Arredondo es abogado, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Las opiniones del autor son de índole personal y no comprometen a las instituciones de las que pertenece.
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