Llevar adelante elecciones generales en la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 es un reto al que varios países del mundo deben enfrentar. Bolivia se debate justamente ante ese reto: ¿Elecciones o salud? ¿Conflicto social o elecciones?
Ingrid Bicu y Peter Wolf, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), ya decían en marzo que existen más de 70 elecciones nacionales programadas en todo el mundo, y que la emergencia de Covid-19 plantea un escenario complejo allí donde las elecciones son necesarias, porque son “un instrumento esencial para restablecer la democracia y la buena gobernanza después de conflictos violentos. A menudo se considera que son fundamentales para la estrategia de salida de un periodo de transición a un retorno a la normalidad”. Considero que es ésa la situación de Bolivia: las elecciones pueden contribuir a “fortalecer la paz y la estabilidad, a fin de evitar la recaída en el conflicto”; pero también pueden empeorar la pandemia, y con ello, profundizar los conflictos y los miedos.
Pero realizar elecciones necesarias en medio de una pandemia cuyos derroteros y consecuencias no conocemos aún, plantea muchos desafíos a las autoridades de gobierno: ¿Tiene sentido exponer a más riesgos a la población, cuando las políticas de Estado deben, justamente, evitar la propagación del SARS-CoV-2? ¿Ayuda la crispación política a enfrentar el reto de llevar adelante elecciones no solo limpias, creíbles y transparentes, sino además sanitariamente seguras?
Todos los sectores involucrados en la presión social y en la toma de decisiones encaran, así, una prueba de fuego: montar todo el aparato técnico y humano para hacer posible las elecciones nacionales en un momento probablemente muy adverso para la salud, como puede ser principios de septiembre de 2020.
Según la Ministra de salud, para esas fechas la estimación epidemiológica es haber llegado a 130 mil casos positivos, quizás recién en el pico de la pandemia en Bolivia. Según una proyección realizada en abril por la Universidad Tecnológica de Singapur, y publicada por Página Siete: “En el caso de Bolivia, el estudio detalla que en mayo se reportará la mayor cantidad de casos por día y acumulados. Según la curva estadística del informe, se tiene el 20 de julio como la fecha en que se alcance el 97% de los casos totales y el 20 de septiembre cuando se llegue al 100%”.
Se trata, entonces, de proyecciones desalentadoras: ¿Pueden las pasiones electoralistas de las y los bolivianos negar semejante realidad? ¿Puede la voluntad de poder de algunos políticos ser más importante que el resguardo de la salud y la vida?
Según Bicu y Wolf, los gobiernos deben “evaluar riesgos e implicaciones”. De lo que se trata es que las elecciones entreguen “resultados electorales fiables”, y esto justamente es lo que se pone en duda en Bolivia, por si fuera poco, por segunda vez en menos de un año, aunque por causas distintas. La credibilidad de las próximas elecciones está puesta en cuestión: ¿Serán elecciones técnicamente bien ejecutadas? ¿La participación será grande, y los resultados confiables y limpios, “que infundan legitimidad en los funcionarios electos?”
De los muchos problemas que se enfrenta al llevar adelante elecciones en una coyuntura así, no solamente están los que involucran a la exposición al contagio de los propios votantes (que son un factor de riesgo verdadero): creo que los más críticos problemas se refieren a los procesos técnicos de organización y puesta en práctica de las elecciones, pero podrían afectar mucho más en la salud de todo el personal técnico que trabajan para las distintas cortes electorales, y aún más, afectará sobre todo a la salud de los jurados de mesa.
Limitaciones en la logística electoral; probable ausentismo de los votantes, pero más aún, presentación de excusas por parte de los jurados elegidos por sorteo, ya que muchos podrán preferir no cumplir con esta obligación ciudadana porque, como dicen Bicu y Wolf, es muy probable que “sientan miedo de infectarse o infectar a otros”, y por ese motivo no deseen “asumir sus roles críticos”.
He comprobado que poco o nada se dice sobre el papel crucial de los jurados de mesa, en quienes, realmente, reposa el acto eleccionario mismo, y son los más expuestos al contagio, de no tomarse estrictas medidas de distanciamiento social y de desinfección.
Me tocó ser presidente de mesa en las últimas y fallidas elecciones generales del 20 de octubre de 2019, y por lo que experimenté, puedo dar fe del grave peligro al que están sujetos los futuros jurados de mesa, tanto como el personal técnico, de apoyo y de seguridad en el día de las elecciones.
Algunos hechos. Los jurados tuvimos que estar en el recinto electoral desde las 5 de la mañana, y especialmente la secretaria y el presidente no pudimos irnos hasta las 8 de la noche: un total de 15 horas en el mismo recinto, con lo que se aumentan las probabilidades de contagio. Los jurados de mesa tuvimos que firmar todas las papeletas, y como presidente tuve que estampar mi huella dactilar en todos los certificados de votación: más de 200. La secretaria y los vocales de mesa pidieron y tomaron en sus manos más de 200 carnets de identidad, y tuvimos que prestar más de 200 veces los bolígrafos asignados a la mesa para facilitar la emisión de votos. Las filas de votantes se hacinaban pronto. Al momento del escrutinio, todas las papeletas fueron desdobladas y mostradas al público una a una. Por si fuera poco, los recuentos de votos son actos públicos, realizados en los espacios mal ventilados y trajinados de las aulas escolares.
De no remitir los números de casos de la pandemia hasta septiembre, y si las elecciones mantienen el mismo patrón de reglas y procedimientos que en octubre de 2019, es muy probable que los jurados de mesa se contagien de manera irremisible; el Órgano Electoral Plurinacional deberá entonces crear condiciones absolutamente novedosas de protección de todos y cada uno de su personal permanente, contratado, y aún más, de los jurados ciudadanos.
Pero de todas maneras nos debatiremos entre el ausentismo versus la posibilidad de contagiarse. En ambos casos, peligra la calidad de la participación y de la fiabilidad de las elecciones, y aún más, el ejercicio libre del derecho al voto.
¿Qué pasará con el ausentismo de aquellos votantes o jurados de mesa, que, por pertenecer a grupos vulnerables, se atengan a su derecho de no asistir a las elecciones? Lo que puede ocurrir es un ausentismo selectivo, donde ciertos grupos sociales disminuirán su participación, y esto puede perjudicar la “legitimidad general al reducir la participación electoral”, como señalan Bicu y Wolf.
En Bolivia, además, se añade otra situación inequitativa con respecto al ejercicio del voto: el voto individualista versus el voto corporativo. Aquellos sectores de la población que, ante el dilema de votar o cuidar su salud, elijan no ir a votar ni de permitirlo a sus familias antes que exponerse a contagios, perjudicarán a aquellos partidos políticos que en otras circunstancias, se hubieran beneficiado con esos votos.
En cambio, aquellos sectores sociales que prefieran asistir a votar por sus candidatos, a veces presionados por dirigentes o sindicatos, o llevados por una especie de audacia que no mide los riesgos a la propia salud, aumentarán el volumen de votos para ciertos candidatos. ¿Y las elecciones en el extranjero? ¿Y la llegada de comisiones internacionales de observación y seguimiento electoral? Los problemas electorales se multiplican por la pandemia.
Cito otra vez a Bicu y Wolf: “La legitimidad de las elecciones puede verse afectada por restricciones injustas, impuestas a ciertos segmentos de la sociedad”. O en otras palabras: se atenta contra el derecho al voto libre, seguro y motivado. Y algo más: en elecciones en las que corren riesgos las personas, se atenta contra dos derechos fundamentales: el derecho a la salud y el derecho a la vida. Provocar un choque de derechos y echarle el bulto a la ciudadanía no es una conducción responsable de las autoridades de gobierno.
En fin, las dos posturas: los que están a favor de elecciones ya, y los que quieren postergarlas, pueden sintetizarse en las declaraciones de Omar Aguilar, senador del MAS, y de Waldo Albarracín, exrector de la UMSA, difundidas por radio Panamericana en su programa “Diálogo en Panamericana” el sábado 20 de junio. A continuación y por su interés, transcribo fragmentos significativos de sus participaciones.
Sostenía Aguilar:
“Yo quiero dirigirme a los hermanos mineros, a los de la Central Obrera: Vamos a llevar adelante las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral nos tiene que garantizar todas las medidas de bioseguridad. Entiendo que también ya se han pedido recursos extraordinarios, justamente para que todos los recintos electorales, las mesas, puedan contar con insumos, con los geles alcohol, seguramente con sprays alcohol, con los barbijos, etcétera, etcétera, para que la gente pueda ir a votar […]
Yo entiendo que la población está molesta. La población en sus casas está llena de bronca, de rabia […] Es decir, no hay moral…definitivamente. Por eso digo yo, que la población en sus casas siente bronca, y el mensaje es claro, no importa: preferimos arriesgar nuestras vidas, preferimos arriesgar nuestra salud, nos vamos a cuidar, nos vamos a ir con nuestros barbijos, nos vamos a ir con nuestro alcoholcito, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que establecer, en función de…
Ya los inscritos en cada recinto electoral, cuántos pueden votar, cada cuántos minutos puede ingresar, a su recinto electoral, a sus…mesas, para votar, y alguien ya propuso, podrían votar el día sábado las mujeres, y el día domingo los hombres; pero creo que sí se puede dar condiciones para que la población elija un nuevo presidente o una nueva presidenta, pero que tenga la capacidad y la responsabilidad de salvar vidas”.
El presidente o presidenta después de elegidos salvarán vidas, quizás, ¿pero a costa de arriesgarlas en el acto mismo de su elección? Es cuando menos, una extraña manera de valorar la vida.
A su tiempo, Albarracín manifestaba:
“Nadie tenía previsto […] que íbamos a ser víctimas de una pandemia tan letal […] Y en ese sentido es esencial tomar en cuenta que deberíamos en todo momento, evitar que exista una colisión, una coincidencia cronológica entre el momento más duro, más crítico de la pandemia, y el momento de las elecciones. Esto básicamente no sólo en función de las medidas que deben tomarse, que vayan protegidos con barbijos, en fin, los líquidos necesarios para cubrirse: creo que esa es una parte complementaria.
El tema está en algo que la misma constitución consagra, respecto a la cuestión sagrada del voto. El voto tiene que ser libre. Y cuando hablamos del concepto de libertad, en función de la autonomía individual, que tiene cada persona para saber por quién tiene que votar, ese concepto de libertad, significa que debe estar exento el ciudadano común y corriente de todo factor de presión, de todo factor de presión. O sea, desde el momento en que sale de su domicilio, y acude al recinto elector y vuelve, se sienta libre.
¿Eso qué implica, estimados compatriotas? En este momento, ya la pandemia ha llegado a un momento crítico, a una situación crítica, pero además no en el sentido de que desde mañana va a empezar a bajar, sino en exactamente al revés: es decir, va a continuar subiendo, y no sabemos, porque sería una irresponsabilidad mía decir, que exactamente en septiembre sería el momento pico.
Hace un mes no nos imaginábamos que íbamos a doblar y triplicar las cifras, ¿no es cierto? […] Si necesitamos elecciones en ese sentido profundo de libertad, es obligación del órgano electoral darle esa libertad al ciudadano, y no solamente diciéndole que vaya con barbijo a votar, o que en las mesas de sufragio va a haber “alcoholcito”. Seguramente va a haber, pero ese no es el tema.
La propia Constitución Política del Estado le otorga al órgano electoral la potestad, la facultad y la obligación de garantizar este ejercicio libre del sufragio, y en este momento no hay las condiciones para esa libertad del voto; porque la gente por no morirse, por no contagiarse y posteriormente morirse, por ese temor, unos irán, otros no irán.
Probablemente la militancia de un partido, esa militancia dura, por orden imperativa del jefe, irán, arriesgando su vida; pero eso no es el tema: ya el hecho de que vayan por la fuerza, o el hecho de que no vayan por temor a morirse, está generando las condiciones para la anulabilidad de un proceso electoral.
Entonces, nosotros tenemos que garantizar, todos, que sea quien fuere el ganador, no importa qué tendencia, qué partido, que nadie ose de dudar de esa victoria, o de las derrotas de quienes no fueron favorecidos por el voto.
Entonces, el 6 de septiembre no puede ser una fecha pétrea, porque de repente nos va a rebasar a todos […] Por eso es necesario entender, las elecciones son necesarias, son imprescindibles, no podemos vivir con un gobierno transitorio todo el tiempo, no puede pasar de este año, pero lo que no podemos hacer es priorizar lo político, frente a la salud, frente a la vida”.
¿Qué se juega en las próximas elecciones? No solamente la necesidad de recuperar la estabilidad social y la institucionalidad democrática que emergerá de un nuevo gobierno elegido en las urnas: fundamentalmente se juega la legitimidad de que ese gobierno haya sido resultado del ejercicio del voto libre, autónomo e informado, sin riesgos a la salud, preservando la vida ante todo, de una ciudadanía que fue a votar sin miedos, sí, pero también sin imposiciones.
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