El gobierno del MAS cree que aceptando 254 de las 275 recomendaciones realizadas por los diversos países miembros de la Organización de Naciones Unidas durante el Examen Periódico Universal (EPU) lo está haciendo maravillosamente, y todavía tiene la desfachatez de anunciarlo, manifestando que está comprometido con los derechos humanos. No señores y señoras, uno es creyente y practicante de todos los derechos humanos o no lo es, porque las medias tintas y la hipocresía no valen nada.
Primero porque de esas 254 aceptaciones sabemos que varias de ellas sólo son de boca para afuera: temas de violencia contra la niñez y la mujer, reforma de justicia, trata y tráfico, niñez en situación de calle, educación, salud, alimentación, vivienda y tópicos fuertes actuales como medio ambiente (quemas, mercurio, agroindustria, etc.) y derechos de pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, mucho no se hizo ni se hará. En consecuencia, el hecho de aceptar esas observaciones no es ninguna garantía de acatamiento, acciones concretas y eficientes.
Pero centrémonos en los puntos que el Estado Boliviano “anotó” en el EPU, es decir observó y mostró que no tiene siquiera el interés de avanzar con argumentos totalmente irracionales.
En primera instancia, el gobierno masista no quiere desde hace años una Ley de Acceso a la Información, según señaló en el EPU porque este derecho ya se encuentra garantizado con el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información en temas solamente ambientales y el Decreto Supremo N° 28168 de la época de Carlos Mesa, que no tiene el alcance y no cumple los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia. ¿Es tan difícil para el gobierno ser transparente? ¿Se olvida de que la información en un Estado democrático es de la sociedad? ¿Qué temas, contratos, negocios, actos gubernamentales tiene que esconder y mantener en una caja fuerte? En octubre de 2024, la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública, después de 15 años de la publicación de la Constitución Política del Estado. Luego el proyecto de ley pasó a la Cámara de Diputados, donde ya está ocho meses sin avances, ahora se tendría una explicación clara de esa tardanza dada la posición del gobierno sobre la temática. No quedará más que esperar un nuevo gobierno para que esta normativa sea promulgada.
Sabemos que los gobiernos del MAS de Morales y ahora de Arce siempre fueron enemigos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, al mejor estilo de los autócratas del socialismo del siglo XXI, siendo hasta paradójico porque muchas de sus autoridades trabajaron y apoyaron a los movimientos sociales que apalancaron al MAS durante muchos años desde ONG; pero olvidaron esto cuando estuvieron en función de gobierno. Ahora nuevamente se muestra esa cara durante el Examen Periódico Universal, no aceptando las observaciones que habían realizado cinco países (Paises Bajos, Irlanda, Polonia, Argentina y Colombia) sobre la libertad de asociación y su marco normativo restrictivo, y vulnerador de los estándares internacionales, que anteriormente también fue observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator para la Libertad de Reunión Pacífica de la ONU. Al parecer, las fundaciones, asociaciones y ONG deberán esperar otros tiempos para mejorar su situación.
Por la posición conservadora del gobierno y en parte de la misma sociedad, seguiremos teniendo en Bolivia ciudadanos de segunda categoría. La población de diferente orientación sexual y de género recibe otro revés de parte de sus gobernantes, pues en el EPU se niega a aceptar varias recomendaciones que impulsaban derechos de estos grupos humanos que sólo quieren ser aceptados y respetados como cualquier otro ser humano, como el tratamiento como feminicidio cuando se produzca el asesinato de mujeres transgénero o transexuales y el acceso al matrimonio de personas del mismo sexo, tomando en cuenta que en Bolivia ya se abrió la vía a este tipo de uniones con el caso Aruquipa-Montaño.
Además, no aceptar esas recomendaciones sobre la población LGBTIQ+ es incumplir la Opinión Consultiva 24/2027 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene carácter vinculante, así como los artÍculoS 13 IV, 256 y 410 de la misma Constitución Política del Estado que ponen los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre la misma norma constitucional, cuando los derechos son más favorables.
Otro tema que seguirá en debate en Bolivia será el del aborto. Las organizaciones de derechos humanos luchan desde hace muchos años para que sea despenalizado, pero el gobierno señala que esto no es evidente desde la Sentencia Constitucional Plurinacional No 206/2014 que admite el aborto legal únicamente en algunos casos. ¿Es tan difícil darse cuenta de que esto no es suficiente? Seguirán dándose 160 abortos clandestinos en Bolivia por día según datos de la sociedad civil, y el aborto será la tercera causal de muerte de mujeres en el país por las secuelas de procedimientos mal hechos, en lugares insalubres y sin condiciones mínimas médicas; pero no, el gobierno en el EPU señaló que esto ya está cubierto por la resolución constitucional. ¡Mentira!
El gobierno no acepta las recomendaciones sobre el trabajo de niños, niñas y adolescentes, indicando ante el EPU: “Desde la emisión de la Sentencia Constitucional 025/2017 y la posterior promulgación de la Ley 11397, se modificó los artículos sobre el trabajo de niños, niñas y adolescentes del Código Niña, Niño y Adolescente, se estableció la edad mínima de admisión al trabajo los 14 años”. En los papeles puede ser, pero en la realidad esto esta cada vez peor. Hace poco se publicó en los medios de comunicación que en La Paz más de 30 mil adolescentes habían abandonado sus estudios para trabajar dada la grave situación económica que vive el país. Según cifras del INE y la OIT, más de 700.000 niños y adolescentes estarían trabajando actualmente, el 69,34% de los niños trabajadores se encuentran en áreas rurales -situación que pasa desapercibida- y el 30,66% en áreas urbanas.
El gobierno azul dice ante el EPU: El servicio militar obligatorio está establecido en el artículo 249 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de acuerdo con la ley; la objeción de conciencia no está regulada de manera explícita en la CPE. ¡Pero qué terrible! El derecho de objeción de conciencia al servicio militar se encuentra en varios instrumentos de derechos humanos que deben ser interpretados de manera preferente por sobre el deber de prestar el servicio a las fuerzas armadas ¿Dónde queda el artículo 13 II de la Constitución que a la letra señala: “Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados”. Varias autoridades deben retornar a la universidad o hacer un pequeño diplomado en derecho constitucional al parecer.
Es triste realmente ver que las autoridades de gobierno asuman posturas de esta naturaleza y no tengan ni siquiera vergüenza de hacerlo, considerando además que en temas de derechos humanos, no hablan por ellas o por sus intereses partidarios, que siempre son oscuros, sino por los derechos nuestros, aquellos que nos pertenecen por ser inherentes a nuestra condición de seres humanos dignos.
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