La guerra interna dentro del partido de gobierno está teniendo consecuencias muy graves en un problema mucho más urgente de solución que los arrebatos del expresidente y que atañe a los intereses de miles de bolivianos y bolivianas. Nos referimos a la crisis estructural del sistema de justicia que se arrastra desde hace años.
Seguramente, el Ministro de Justicia y Transparencia está tan ocupado en lo que nuestros abuelos y abuelas llaman “ch´ampa guerra” que la cartera a su cargo no parece estar avanzando en temáticas tan relevantes como un nuevo procedimiento penal, la violencia contra la mujer y la niñez, la trata y el tráfico de personas, la aún inexistente ley de acceso a la información, una verdadera reforma penitenciaria, el pluralismo jurídico y tantos otros temas que son de su competencia en cuanto a la elaboración de políticas públicas.
La semana pasada que se recordó el Día de la Mujer Boliviana, se conoció que ya contabilizamos 74 feminicidios y que ya sobrepasamos los 40 mil casos de violencia denunciados ante las instancias correspondientes. Estas cifras molestan y lastiman, pero lo terrible es que no hay medidas efectivas para que estas vayan reduciéndose. Enviar a los posibles autores a la cárcel sin finalizar sus procesos hasta una sentencia condenatoria o agravar sus penas no es la solución, nunca lo fue ni lo será.
El Estado debe comenzar a trabajar en la prevención primaria, desde el sistema educativo; en deconstruir el sistema patriarcal, romper los estereotipos de género, otorgar mayor presupuesto a programas de prevención en los municipios, facilitar las herramientas y presupuesto a las instancias de investigación, persecución y sanción, para evitar la impunidad, en suma realmente trabajar en una política pública seria, porque seguramente el siguiente 11 de octubre de 2023 estaremos refiriéndonos nuevamente a este penoso tema y en los mismos términos.
En esa misma línea, el tema de la detención preventiva sigue siendo serio y al parecer no se vislumbra una disminución en sus cifras, dado el concepto que tienen los bolivianos y bolivianas de que esta debe siempre aplicarse aunque sea una pena anticipada, sin comprender que es una medida excepcional.
Lo anterior se observa en declaraciones generalmente de autoridades o servidores públicos sobre diversos casos. Por ejemplo, el asesor legal de la Alcaldía de El Alto refería ante la detención de la exalcaldesa Soledad Chapetón que se encontraba decepcionado porque solamente se le había dado un mes de detención preventiva, debiendo ser merecedora de 180 días. ¿Entenderá y conocerá el abogado los fines de la medida cautelar, la excepcionalidad de la perdida de libertad, los estándares internacionales de derechos humanos sobre la temática, principalmente el principio de inocencia? Al parecer no es así. Sucede como muchas otras personas que quieren ver a todas y todos detrás de la rejas porque sí.
Este problema lo sufren casi el 70 por ciento de las personas privadas de libertad que se encuentran con detención preventiva, con casos que no avanzan por todas la carencias y deficiencias del sistema de justicia. Lo paradójico es que muchas de estas personas saldrán de la cárcel y reincidirán, volviendo nuevamente en un tiempo a ser detenidas y en algunos casos por haber cometido delitos más graves que alarman a la población, convirtiéndose esto en un círculo vicioso al que no se le da fin.
Otro ejemplo de la necesidad de una reforma de justicia se plantea en el informe presentado hace días por la Defensoría de Pueblo, que ha evidenciado que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia tiene una serie de limitaciones muy serias que afectan en demasía a la investigación de los casos. Se indicaba la falta de capacitación del personal, infraestructura, equipamiento, altos niveles de estrés de sus servidores/as y hasta llama la atención que el 23 por ciento de quienes trabajan en dicha fuerza hayan informado que se hacen cargo de los gastos operativos en sus oficinas, lo que podría significar que las mujeres que acuden a los servicios de la FELCV estarían sosteniendo esa atención o ¿usted cree que el policía va a perder su sueldo?
Por otra parte, no se podrá contar con una reforma de justicia real sin operadores de justicia institucionalizados que gocen de las garantías necesarias para actuar con la independencia funcional que les otorga ser nombrados juezas y jueces titulares, sin embargo, en tanto el Consejo de la Magistratura no se ponga en orden y sus titulares tengan la idoneidad necesaria, no se podrá avanzar en una temática por demás necesaria y que ha sido objeto de informes por parte de varios organismos internacionales.
Como se observa, la necesidad de la reforma de justicia sigue patente, y aunque la esperanza sea lo último que se pierde, el panorama es oscuro y hasta frustrante, porque la sociedad sigue y seguirá requiriendo los servicios de un sistema de justicia que se cae en pedazos.
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