La semana pasada se informó que por primera vez la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia utilizó el voto electrónico, luego de que en la sesión se aprobó por fin su utilización en ese espacio legislativo. De 100 diputados presentes, 79 aprobaron la propuesta y 18 la rechazaron, y luego trataron una resolución camaral con esta misma modalidad.
Es realmente poco comprensible que 18 asambleístas hayan rechazado su uso. Seguramente se trata de quienes no creen en la transparencia de los órganos del Estado; no desean ser fiscalizados por el control social o simplemente no quieren adaptarse a nuevas tecnologías, quizá nunca lo sabremos, habría que consultarles.
Nuestra casi cada vez más inexistente oposición política se quejaba de que los resultados de la votación electrónica se mostraban de manera general, que el voto debería ser mucho más detallado con nombre y apellido del asambleísta, así como su bancada.
Lo anterior es muy cierto, en otros órganos legislativos de la región y del mundo se cuenta con esa información e incluso se la trasmite en línea, justamente para que la ciudadanía que no puede constituirse físicamente en el mismo espacio, pueda hacer seguimiento de las votaciones y, más importante aún, fiscalizar a los asambleístas, mas tratándose de diputados uninominales que se entiende (por lo menos teóricamente), que están cumpliendo funciones legislativas no por el partido, sino por quienes votaron por ellos o ellas.
Y lo anterior permite conocer en profundidad al representante nacional que muchas veces se esconde detrás del voto secreto, que debería ir siendo la excepción. Podemos recordar muchos sucesos en la aprobación de normas o incluso acontecimientos de censura de ministros, donde aparecieron los votos comprados o tránsfugas, pero que son difíciles de detectar públicamente justamente por cierta cobardía en hacer una votación nominal y abierta. Esos trapitos sucios que se dan muy seguido en la política partidario-legislativa y que se tiene la oportunidad de ir limitando a partir de este tipo de votación electrónica.
Si bien la modalidad es un pequeño avance en la transparencia legislativa, todavía falta mucho camino por recorrer. Un estudio de 2020 sobre varias asambleas legislativas o congresos de países latinoamericanos mostraba que nuestro órgano legislativo es uno de los últimos en la región en varios aspectos, encontrándose con una calificación de 25,9% sobre 100 de una media regional de 39,6%, lo que muestra que casi todas se aplazan, exceptuando los congresos chileno y costarricense.
La investigación asegura que la transparencia legislativa boliviana es deficitaria, en primera instancia por brechas en materia normativa interna, ya que no existe regulación sobre acceso a la información pública, ni una dependencia congresal que supervise y controle el ejercicio de ese derecho. Tampoco se han preocupado los legisladores de la participación ciudadana, empezando por la dificultad de ingresar a sus dependencias; participar de los debates; ejercer de manera fácil la iniciativa legislativa ciudadana. También se observa que la ALP no cuenta con adecuadas políticas de conflicto de intereses, declaración de patrimonio e información completa de los legisladores.
Por otra parte, la ALP tiene una pésima calificación, en lo que respecta a la gestión legislativa, empezando por la inasistencia de muchos legisladores a sus labores habituales; la carencia de informes sobre sus actividades; los viajes a sus regiones para cumplir su “semana regional” de la que la ciudadanía desconoce la agenda a cumplir, parecería que se constituye en su semana de visita a la familia y nada más o de sólo actividad político-partidaria y no de servicio a la sociedad. No se debe olvidar que esos gastos se pagan con los impuestos de las y los bolivianos.
Un punto realmente relevante es la agenda diaria, tanto de senadores/as como de diputados/as: ¿Cuánto trabajan realmente?, ¿cuánto dejan en sus equipos técnicos?, ¿qué hacen en sus comisiones? Esto obviamente tiene relación con la agenda legislativa. Seguramente si empezamos a escarbar en la misma, quizá no nos sorprenda con que su labor mayoritaria se circunscribe a aprobar leyes declarativas o resoluciones camarales sin importancia, simbólicas, ahora que está de moda declarar el “día de algo” de importancia nacional o cualquier platito de comida o danza como de alta relevancia; nadie critica que esto tiene cierta importancia, pero qué con los temas trascendentales para el país y poblaciones importantes. Existen varias sentencias constitucionales que recomiendan a la ALP acciones concretas que siguen durmiendo en los estantes de esa repartición, designaciones que no se logran, la elección judicial que se ha torpedeado por todo lado.
En esa misma línea, siempre está en observación el tiempo de labor de la Asamblea. Según el artículo 153.2 de la Constitución Política del Estado, este ente tiene dos recesos de 15 días al año, algo inexplicable y que no está presente en ningún otro órgano del Estado y que tendría que modificarse.
En cuanto a la participación ciudadana, si bien hay información constante en las páginas web y otros medios, todavía se extraña planes de acción de parlamento abierto, datos abiertos para su utilización por parte de la ciudadanía (un ejemplo pequeño de esto es que los proyectos de ley publicados y en tratamiento se encuentran en un formato no manejable para su uso). Otra gran crítica se presenta en la falta de difusión de la posibilidad de presentar iniciativas legislativas ciudadanas y las trabas que tienen las mismas en su manejo dentro de la Asamblea. No sabemos cuántas han llegado a cristalizarse y son actualmente leyes del Estado.
Está en camino a realizarse un nuevo estudio regional sobre transparencia legislativa. Esperemos que nuestra Asamblea haya mejorado y muestre más apertura para el juego democrático y respeto por la ciudadanía a la que se debe; aunque si a los ejemplos de sus acciones nos remitimos, quizá no haya mucho que aplaudir.
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