Frente a la crisis que actualmente vive el país, más de 30 organizaciones, redes, colectivos de la sociedad civil y activistas de derechos humanos emitieron un pronunciamiento.
En él manifiestan su preocupación por los hechos de violencia suscitados en varias ciudades del país y demandan la adopción de medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y la pronta adopción de medidas para una salida democrática a la crisis.
Las instituciones manifestaron que el derecho a la manifestación pacífica es expresión de una democracia saludable, puesto que ha desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de los derechos humanos y las conquistas alcanzadas, razón por la cual, goza de especial protección en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En este sentido, se adhieren al llamado que han hecho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, reiterando al Estado que el uso de la fuerza durante las manifestaciones debe aplicarse en circunstancias excepcionales y conforme a leyes vigentes que comprendan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Cuestionan, asimismo, el debilitamiento de valores democráticos, debido a la intolerancia, la ausencia de una cultura de paz y los discursos que incitan a la violencia desde sectores oficialistas y oposición, mismos que de manera directa o indirecta han llevado a la confrontación entre ciudadanas y ciudadanos con consecuencias en la integridad de varias personas, alertando sobre el impacto que tienen los mensajes que están utilizando en la exacerbación de los ánimos y la generación de un ambiente violento donde se reavivan posturas racistas, machistas y homofóbicas.
En esta línea, el pronunciamiento contiene una serie de demandas que incluyen exigir al Estado la otorgación de garantías para todas las personas que están ejerciendo su derecho de manifestación pacífica, con especial protección a las libertades fundamentales de expresión, opinión, reunión pacífica, libre información y participación en asuntos públicos. Demandan en este contexto, especial protección a la labor de periodistas y defensores de derechos humanos. Instaron, asimismo, a garantizar el debido proceso y el uso limitado del poder punitivo a las personas detenidas, cuyos procesos deberán cumplir con condiciones de independencia e imparcialidad.
Finalmente, convocan al Estado a promover salidas pacíficas, democráticas y consensuadas a la crisis que afronta el país.
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