Tambores de guerra comienzan a redoblar. Los anuncios de un paro nacional impulsado por cívicos y partidos políticos de oposición, más actores con capacidad de movilización como los gremiales, dan pie a una suma de demandas que complejiza aún más la gestión de las confrontaciones latentes y manifiestas. Tal parece que la bola de nieve de los conflictos comienza a rodar, ojalá no en su dimensión destructiva que tensiona nuestra frágil gobernabilidad.
Un conflicto de tensión permanente tiene que ver con la relación del Estado con los pueblos indígenas (los 38 reconocidos por nuestra Constitución). Hoy, pueblos de tierras bajas están en apronte, con la marcha que partió del Beni el pasado 25 de agosto, pero que se inició hace más de tres décadas cuando llegaron a La Paz para reclamar su reconocimiento pleno y una genuina atención estatal.
Las posiciones por el momento se muestran atrincheradas, con un discurso que niega al otro en su legitimidad, incluyendo a dirigentes y autoridades azuzados por intereses particulares/privados (aquí no quepa la ingenuidad); así como parece todavía una opción lejana la necesaria predisposición y voluntad de las partes por gestionar el conflicto de forma constructiva.
Por eso, desde una perspectiva proventiva, concepto acuñado por Jhon W. Burton y que la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona define como “la necesidad de dotarnos de los recursos y estrategias para lidiar con el conflicto de manera constructiva, sin necesidad de llegar a crisis violentas”, se requiere impulsar distintas estrategias encaminadas a promover el reconocimiento mutuo, crear medidas de confianza, facilitar la comunicación no violenta e inspirar acciones de cooperación. En este marco considero importante abordar la problemática desde la dimensión cultural, que al igual que la política y su voluntad, se constituye en una parte nodal en este tipo de conflictos. Veamos.
Muchos de los más emblemáticos conflictos en Latinoamérica son socio-ambientales, en los que el componente cultural es gravitante para una gestión constructiva del conflicto. En este marco destaca la incompatibilidad de visiones de desarrollo de las partes enfrentadas —unas depredadoras y cortoplacistas, frente a otras de conservación basada en el convivencia y respeto mutuo entre ser humano, especies y espacio territorial— que responden a lógicas y dinámicas predominantes de poderes especialmente privados con lógica depredadora y de enriquecimiento inmediato sin una visión sostenible y menos transformadora.
Giselle Huamani, en “Mecanismo mediación intercultural”, afirma con certeza que la dimensión cultural implica reconocer los símbolos, valores, lógicas, percepciones, comportamientos y maneras distintas de ver y entender la vida para comprender al otro, tomando consciencia de sus cosmovisiones, y hacer el esfuerzo por Integrarlos en uno mismo, descubriendo en su sentido y aportes más profundos. Así, resulta necesario abordar los conflictos teniendo en cuenta una definición de cultura, ya que esto permitirá adecuar los métodos y las técnicas a los contextos y a la cultura de los actores.
En este sentido, puntualizan que se deben tomar en cuenta elementos como: (i) Los conflictos que involucran a los pueblos indígenas u originarios tienen como contexto la discriminación y exclusión histórica. El análisis y comprensión del conflicto deben incluir este contexto histórico. (ii) las percepciones que tienen los actores pueden ser compartidas colectivamente, reforzadas o cambiadas a partir de la intervención de otros actores y eventos; (iii) las percepciones e interpretaciones de un actor sobre el problema son tan válidas como las percepciones e interpretaciones de los otros actores.
La transformación de cualquier conflicto social donde están involucrados pueblos indígenas plantea la necesidad de construir un adecuado diálogo intercultural entre el Estado y las comunidades afectadas y así llegar a acuerdos duraderos, restablecer la confianza y canalizar la energía social de los conflictos, parafraseando a Johan Galtung, hacia escenarios constructivos y generativos.
En este marco, la perspectiva intercultural debe ser aplicada para poder “comprender y transformar los conflictos socioambientales donde están involucrados pueblos o comunidades”. Richard E. Rubenstein, autor y profesor universitario de resolución de conflictos y asuntos públicos en la Universidad George Mason, sugiere en casos de conflicto altamente complejos tomar en cuenta que “las partes necesitan prever y evaluar una amplia variedad de medidas sistémicas alternativas capaces de satisfacer sus intereses y necesidades a largo plazo”.
“Los resolvedores de conflicto”, así los denomina Rubenstein a los mediadores sociales, deberían evitar intervenir activamente como terceras partes hasta que sus análisis no hayan “identificado a los principales grupos en lucha, cuya participación será indispensable para la creación de un nuevo sistema de consenso(s)”.
En el caso de abordar conflictos relacionados con la explotación de la Madre Tierra, la afectación directa a pueblos indígenas y la contraposición de visiones de desarrollo (conflictos complejos que tienden a extrapolar las posiciones, intereses y necesidades), se requiere ver los conflictos que nos rodean no sólo desde un lado, o el otro, si no desde una más amplia perspectiva: la de la comunidad que lo circunda. Willliam Ury precisamente propone asumir el Tercer Lado, tarea que implica: entender los diferentes lados del conflicto, promover un proceso de negociación cooperativa, para así apoyar una solución sabia: una que de manera justa atienda las necesidades esenciales de las partes y de la comunidad.
En conflictos donde la dimensión cultural es predominante, Richard E. Rubenstein señala un elemento clave para el análisis y la gestión de conflictos que contribuya a la interculturalidad: los denominados “grupos de interés” que deben ser identificados y perfilados “sólo después de que un periodo de lucha determine la forma del nuevo sistema consensual”, en consecuencia, se requiere no adelantar criterios y más bien asumir una postura de asombro permanente lo menos subjetiva posible, para —como afirma el autor—“estar libre para presionar con fuerza con el objeto de lograr el acuerdo entre las partes, la resolución de conflicto busca la base de un nuevo consenso entre todas las opciones posibles, sin presionar a las partes a alcanzar un acuerdo”.
Pero al mismo tiempo, los obstáculos, distancias y tensiones debilitan nuestra capacidad de construir coaliciones y acuerdos suficientemente capaces de integrar la diversidad con base en una propuesta superadora de modelo de desarrollo, como es la propuesta de “personas sanas en planeta sano”.
En este marco asumimos los lentes que nos permiten ver los derechos con un enfoque diferencial que permite construir diálogos transformadores y no “diálogos que perpetúan el presente”, que mantienen el estado de las cosas casi intacto en detrimento especial de quienes no detentan poder positivo, como es el caso en su mayoría de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.
Un diálogo posible/necesario también tiene que ser consciente de las asimetrías estructurales y de la necesidad de dar poder y voz a grupos sociales más vulnerables y tiene que enfatizar en el involucramiento de voluntades de tomadores de decisión (públicos y privados) y en consensos transformadores que “renueven el contrato social”, como proceso para avanzar progresivamente hacia un proceso generativo y de escalamiento transformador, que visibilice las distintas voces y permita tener más sabiduría y avanzar en lógicas de cooperación expandida.
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