Los niveles de violencia se han incrementado de forma alarmante en Bolivia en estos últimos años. Casi todos los días en los medios de comunicación se difunden noticias que describen situaciones cada vez más impensables: mujeres acosadas por sus ex parejas hasta terminar descartadas en un basural o niños a los que les arrebataron la vida porque sus progenitores se sentían engañados. Estas situaciones nos llevan a pensar que no sólo se ha incrementado la cantidad de casos, sino también que la violencia se está expresando y manifestando de distinta manera y cada vez más con mayor crueldad, por ello, no podemos sólo preocuparnos, sino también ocuparnos de esta problemática en el día a día.
Con certeza podemos afirmar que todos tenemos derecho a una vida sin violencia, es decir, tenemos derecho a la paz. Históricamente, los alcances de este derecho han estado principalmente ligados al conflicto. En la antigua Roma se hablaba de la pax como el orden social y jurídico impuesto por el poder para tener una mejor convivencia. Más adelante, después de las dos guerras mundiales, la paz estuvo relacionada a la actitud de rechazo de la humanidad frente a los devastadores efectos de los conflictos bélicos. En estos tiempos, de manera muy simple, la paz puede ser entendida como la ausencia de violencia en todas sus formas: física, verbal, psicológica, sexual, cultural e incluso estructural, por ello no sólo es un derecho, sino también un deber de todas y todos.
No cabe duda que el Estado está en la obligación de garantizarnos el ejercicio de este derecho y que nosotros tenemos el deber de asumir responsabilidad para lograr espacios de convivencia respetuosos, armónicos, equitativos y libres de violencia.
En esa perspectiva, recordemos que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 10 que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz. Así también, tengamos presente que en su artículo 10, numeral 4 dispone que las y los bolivianos tenemos el deber de defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz.
Si nos ponemos a pensar en qué ha hecho el Estado para lograr el pleno ejercicio de este derecho, podemos señalar que durante estos últimos años ha ido generando una serie de normas con este propósito, que incluso lo colocan a la vanguardia en esta temática en relación a otros países de la región. Sin embargo, todas y todos nos damos cuenta de que este cuerpo normativo es sin duda insuficiente para hacerle frente a esta problemática. Entre estas normas resaltan la Ley N° 070 (Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez), norma que caracteriza a la educación como promotora de la convivencia pacífica y como el medio más eficaz para erradicar toda forma de violencia; la Ley N° 045 (Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación), disposición que tipifica acciones de racismo y otras formas de discriminación en el ámbito público y privado; la Ley N° 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), norma que establece mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia y que fundamentalmente reconoce a la violencia hacia las mujeres como una de las formas más extremas de discriminación por género y la Ley N° 243 (Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres), que garantiza a las mujeres un accionar en la política libre de violencia.
Al revisar y hacer un balance de todo este marco normativo orientado a disminuir la violencia en el país, claro está que no se ha avanzado como se pretendía, por el contrario, lo único que se ha logrado es evidenciar las grandes limitaciones y deficiencias del aparato estatal para garantizar el ejercicio pleno de este derecho, puesto que los casos de violencia se han ido incrementando así como la cantidad de víctimas y son muy pocos los casos donde se han establecido sanciones a los culpables.
Frente a esta penosa y cruda realidad, toca también preguntarnos qué hacemos cada uno de nosotros para contribuir a vivir sin violencia. No cabe duda de que en general nos preocupa, pero muchas veces nuestra preocupación por esta problemática se materializa en repetir frases como “nadie cumple las normas”, “las normas no sirven para nada”, “nuestras autoridades no tienen ni la capacidad ni la voluntad para asumir el desafío”, “en este país no hay justicia”, “es culpa del oficialismo”, “la oposición no hace nada”; otras veces nuestra preocupación es absorbida por esa amarga sensación de frustración de que todo queda en la impunidad y de no se puede hacer nada al respecto o finalmente, nuestra preocupación se desvanece frente a la idea de que la paz es una utopía que no se puede alcanzar, sin aceptar que más bien es un ideal al que no debemos renunciar.
En este último tiempo, se escuchan más y diferentes voces exigiendo que el Estado asuma su rol de garante: contamos con más grupos y colectivos ciudadanos que se movilizan y asumen acciones para visibilizar su indignación e interpelar a quienes no cumplen con sus funciones; se promueven con más frecuencia espacios de análisis y debate sobre la temática, pero todas estas iniciativas, por muy valiosas o significativas que sean, siguen siendo insuficientes.
Es ahí que surge la necesidad de asumir nuestro deber de defender, promover y contribuir al derecho a la paz y a la construcción de una cultura de paz de manera cotidiana, con acciones concretas individuales que generen, fomenten e inspiren otras iniciativas ya sean individuales o colectivas. Debemos ocuparnos de contribuir a la paz en el día a día, con acciones pequeñas pero que vayan sumando en el propósito común de construir una cultura de paz.
Democraticemos la asignación de tareas y la toma de decisiones en nuestros hogares. Eduquemos a los niños para que no pongan a otros apodos ofensivos, despectivos o que impliquen burla o discriminación por su origen u otra condición. Enseñemos a nuestros hijos que la persona que nos ayuda en el hogar está realizando un trabajo y que merece todo nuestro respeto y consideración. Evitemos reírnos de aquellos chistes machistas o mal intencionados. Toquemos bocina para evitar accidentes y no para apurar al auto que va por delante. Demos prioridad a las y los niños, adultos mayores o a las personas con discapacidad. Gestionemos conflictos de manera creativa y sin violencia. Pongamos la basura en su lugar. Mantengamos a nuestros animalitos en la casa y no en la calle. Cuidemos los bienes públicos. Seamos ordenados, respetemos la fila. En nuestros espacios de trabajo, valoremos la labor de hombres y mujeres. Alertemos y orientemos a quienes son jóvenes sobre los noviazgos violentos y las relaciones tóxicas. Desechemos la idea que por pensar diferente somos contrarios o enemigos. Respetemos las opiniones diversas, el disenso nos desafía a construir con base en la diferencia. Promovamos el respeto y el reconocimiento profundo del diferente. Practiquemos la sororidad. Estos son algunos ejemplos de acciones que podemos realizar en el día a día y existe un sinfín de ellas. Reflexionemos sobre lo que podemos hacer para disminuir la violencia.
¡Vamos, animémonos a ocuparnos de construir paz!
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La Dirección de Guardiana da la bienvenida a Carla Valcarce Torrico, quien es abogada de profesión, con experiencia en derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y cultura de paz (gestión constructiva de conflictos y disminución de violencia). Desde los primeros años de formación universitaria hasta la fecha, ha participado y dirigido proyectos y programas de desarrollo social enfocados a promover los derechos humanos y la cultura de paz. Ha sido parte de Capacitación y Derechos Ciudadanos, Defensoría del Pueblo, Apostamos por Bolivia y Fundación UNIR Bolivia. Actualmente es consultora independiente y está a cargo de la Dirección de Proyectos de la asociación Derechos en Acción.
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