Esta mañana desayuné leyendo la noticia de los ocho embarazos de niñas registrados en Challapata recientemente. Quise encontrar un poco más de información al respecto y lo que estaba disponible fue muy limitado. Sin embargo, una noticia me llevó a otra y esa a otra más y en pocos minutos descubrí que en los últimos meses, por lo menos había habido en Bolivia, cada mes, un caso de embarazo infantil, muchas de las veces producto de una violación.
El embarazo infantil tiene serias consecuencias relacionadas con la salud física y psicológica, la educación y el proyecto de vida de las niñas y adolescentes. Está claro que los cuerpos de las niñas menores de 15 años, que están en pleno desarrollo, no tienen la capacidad para soportar un embarazo. Los riesgos más comunes de los embarazos adolescentes incluyen complicaciones prenatales, bajo peso al nacer e inclusive la muerte. Como el caso de la niña de 13 años, que a fines de julio de este año, en el hospital maternológico de Cochabamba, entró en estado de coma después de dar a luz a su bebé muerto.
Por otro lado, la maternidad y el embarazo implican grandes cambios a nivel psicológico para los cuales las niñas y adolescentes no están preparadas. Las niñas en edad escolar que quedan embarazadas, suelen sufrir discriminación, abusos y malos tratos de parte de sus compañeras, compañeros y profesores de colegio, sobre todo en el área rural y las comunidades más pequeñas, por lo que terminan abandonando sus estudios y muchas veces también su proyecto de vida. También, de acuerdo al Estudio sobre el embarazo en la adolescencia realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 2016, se evidencia una actitud de auto discriminación de parte de las adolescentes por el miedo a ser rechazadas por su familia, en la escuela o los centros de salud.
En muchos casos estos embarazos son producto de violaciones o abusos sexuales. De manera alarmante, algunas veces, estas situaciones suelen ser encubiertas por el mismo entorno familiar y social en favor del agresor que puede ser el padre, un pariente, una persona de confianza o un desconocido.
Es el caso de la menor de 13 años de Oruro que se registró hace cinco días, la que fue violada por el esposo de su hermana y aunque toda la familia estaba en pleno conocimiento de ello, ninguno de sus miembros denunció al agresor. El agravante de esta situación es que, de mantener el vínculo con el abusador, es muy probable que las niñas continúen en una situación de abuso y vulneración, y puedan quedar embarazadas nuevamente.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo de Chuquisaca inició una investigación contra la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Monteagudo que tuvo conocimiento del caso de una niña de 12 años que llevaba un embarazo de 35 semanas y no hizo la denuncia respectiva ante el Ministerio Público para brindarle la seguridad y acompañamiento correspondiente a la niña.
A escasos días de la celebración del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que se celebra este próximo 26 de septiembre, vemos con tristeza e indignación que estos casos no son aislados y Bolivia, de acuerdo al Estado de Población Mundial del UNFPA, se encuentra entre los países con la mayor tasa de natalidad en mujeres de 15 a 19 años en la región, 116 por cada 1.000, cuando el promedio regional de partos adolescentes es de 77 por cada 1.000.
Sin duda, queda un trabajo enorme por hacer en este ámbito y me gustaría finalizar citando una de las recomendaciones más relevantes del Estudio sobre el embarazo en la adolescencia realizado por UNFPA 2016, para que sea tomado en cuenta por las instituciones responsables de proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que las niñas sigan siendo niñas y no madres: “Deben socializarse y establecerse mecanismos de cumplimiento de la 'Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia', la Ley 548 'Código Niño, Niña y Adolescente', la Ley 342 'de la Juventud' y la Ley 475 'de prestaciones de servicios de salud', para asegurar el acceso a métodos anticonceptivos, servicios de salud con calidad y calidez, a vivir una vida libre de violencia, a una educación sexual integral y a la participación de los y las adolescentes en la construcción de políticas, planes y programas locales para la prevención del embarazo en la adolescencia”.
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