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Al margen de las connotaciones mediáticas de las elecciones nacionales del 20 de octubre de este año y toda la controversia que se vive cada día en nuestro país por las actividades de los candidatos, las encuestas de opinión y los ataques hasta personales entre tiendas políticas, muchas veces se olvida analizar un elemento que debería ser central en la decisión informada de cualquier ciudadano o ciudadana antes de la emisión de su voto: las propuestas electorales.

En esta oportunidad nos interesa conocer y analizar qué nos plantean los partidos políticos con respecto a la justicia. Creemos relevante hacer este ejercicio, pues sabemos que la justicia en Bolivia se encuentra en una crisis estructural de larga data. A pesar de los esfuerzos realizados, poco se ha avanzado mediante medidas coyunturales y de corto plazo que no responden a una reforma integral.

Los datos son alarmantes y fueron dados a conocer por diversos organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y las mismas entidades gubernamentales.

Un diagnóstico elaborado por la OACNUDH y el Centro de Investigaciones Sociales, dependiente de la Vicepresidencia del Estado en 2017, señaló que la cobertura del Órgano Judicial llega al 48,08 por ciento de los 342 municipios del país. La cobertura del Ministerio Público solamente llega al 41 por ciento y la Cobertura del Servicio Plurinacional de Defensa Pública llega al 29 por ciento de estos municipios.

Y por datos del Consejo de la Magistratura se conoce que existen 1.105 jueces en la jurisdicción ordinaria. Las causas en materia penal se encuentran distribuidas en los 291 juzgados a nivel de ciudades capitales y provincias, siendo necesario señalar que en provincias y asientos periurbanos los juzgados son mixtos. Esto significa que conocen también otras materias, aspectos que nos muestran la carencia de cobertura en todo el territorio del país y uno de los motivos de mayor retardación de justicia.

Hasta la gestión 2018 se conocía que el 68,13 por ciento de la población carcelaria en Bolivia se encuentra en situación de prisión preventiva. Así, el país ocupa el cuarto lugar en relación a los países miembros de la Organización de Estados Americanos en el uso de esta medida, justo después de Paraguay, Haití y Uruguay.

Pese a las medidas adoptadas para reducir el hacinamiento carcelario, en los 17 años de vigencia plena del sistema acusatorio en Bolivia, la población carcelaria incrementó en un 244 por ciento (13.582 personas). No obstante, las capacidades de albergue no han incrementado en igual proporción.

En ese mismo sentido, podríamos referirnos al tema presupuestario. Una revisión del Presupuesto General del Estado nos permite señalar que este ronda, para la gestión 2019, la suma de Bs 286.277.622.492. De este monto, el presupuesto asignado al sector justicia (Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, SEPDEP, SEPDAVI, Escuela de Jueces del Estado y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional)  es de Bs 1.405.983.583, que en porcentaje representa el 0,49 por ciento del total.

Este monto destinado al sector de la justicia es por demás austero en relación a otros rubros y gastos realizados principalmente por el Gobierno central. Evidentemente, afecta en primera instancia a la independencia del Órgano Judicial y su adecuado funcionamiento y, por otro, impide el desarrollo de cualquier reforma integral.

Otro elemento a ser tomado en cuenta es que en Bolivia actualmente se cuenta con 1.105 jueces ordinarios. De estos, cerca del 80 por ciento ostenta la calidad de transitorios o provisionales, aspecto que afecta a su gestión y nuevamente a su actuar independiente e imparcial.

Son estos aspectos fundamentalmente los que debieron ser observados por los partidos políticos para plantear sus propuestas electorales. Sin embargo, observamos que en el aspecto por ejemplo de la independencia, si bien la mayoría refiere la necesidad de una transformación, incluido el partido gobernante, todos realizan más una declaración de principios. Ninguna de las fuerzas políticas refiere acciones concretas para garantizar este vital aspecto para el funcionamiento de cualquier órgano judicial.

Quizá una de las propuestas más revolucionarias se encuentra en el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que refiere la entrega total de la administración de justicia a mecanismos populares, encontrándose los jueces y fiscales solamente con competencia para delitos relacionados al Estado.

En cuanto a la institucionalidad y la carrera en el sistema de justicia (Judicial y Fiscal), se constituye en uno de los elementos en que más desarrollo han realizado los diferentes partidos, excepto por el Movimiento al Socialismo (MAS) y Bolivia Dice No (BDN), que solamente hacen una referencia a la selección de autoridades que se realizaría bajo criterios de transparencia y meritocracia.

Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) plantean claramente la eliminación de la elección popular de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.  El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN BOL), la Unión Cívica Solidaridad (UCS), MTS,  Partido Demócrata Cristiano y Frente para la Victoria (FPV) no hacen ese ofrecimiento, pero recurren a diversos mecanismos de selección y elección, tanto para altas autoridades como para jueces ordinarios, desde la creación de una Academia de Juristas a cargo de la selección, entregar a las Asambleas Departamentales y Colegios de Abogados la preselección de postulantes y la Delegación a instancias universitarias y profesionales únicamente esa competencia y finalmente fortalecer las competencias del Consejo de la Magistratura.

Uno de los pocos partidos que hace una referencia clara a la carrera dentro del Ministerio Público es BDN, planteando fortalecer su independencia, institucionalidad y renovación, evitando intromisión político-partidaria y protegiendo su estabilidad.

Como se ha observado líneas arriba, uno de los más graves problemas para lograr un adecuado acceso a la justicia es la cobertura territorial actual del sistema de justicia. Al respecto, solo algunos partidos tienen planteamientos efectivos como: la creación de unidades y complejos judiciales (PDC), la instauración de Centros Ciudadanos de Justicia en cada municipio (CC), la descentralización de los servicios de justicia de acuerdo a la organización territorial (PANBOL y UCS) y la creación de Casas de Justicia, desconcentración de jueces por población con jueces de circuito e itinerantes (BDN).

En lo referente al tema presupuestario para el sistema de justicia, se comprueba que todas las agrupaciones políticas describen la necesidad de otorgar al Sistema de Justicia los recursos necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, llama la atención que el único partido que hace una referencia al porcentaje del Presupuesto General del Estado que debería ser otorgado tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público es Bolivia Dice No, con un aproximado del 4 por ciento, con el fin de ampliar la cobertura, los recursos humanos, infraestructura, equipamiento y servicios.

De la misma manera en el tema de transparencia y control social, los partidos en su totalidad indican, como una materia pendiente, luchar contra la corrupción en el ámbito judicial; pero no plantean acciones concretas o mecanismos efectivos. Algo de excepcionalidad podemos encontrar en lo ofertado por el Frente para la Victoria (FPV), que plantea la creación de una oficina de Control de la Magistratura, para la aplicación de medidas preventivas, además de la participación de ciudadanos y organismos representativos de estos para la observación y lucha contra la corrupción.

Entre los temas que más amplitud han merecido por parte de los partidos políticos se encuentra el planteamiento de reformas penales como la creación de mecanismos de investigación y solución de conflictos penales como la Comisión contra la Impunidad y una Comisión de la Verdad de parte de CC, que se dediquen a revisar casos de connotación política y de violación de derechos humanos, detenciones ilegales y ajusticiamiento en este último tiempo o el tratamiento de delitos y contravenciones por parte de entidades territoriales con sus propias normas como plantea el MTS, la creación de juzgados de Paz, por parte de PANBOL.

Así también se proponen reformas normativas en esa materia, como la ampliación del delito de terrorismo a avasallamientos e invasiones a propiedad privada por parte de UCS o la modernización de la normativa de FPV.  Es interesante observar que la propuesta de UCS es la única que refiere el establecimiento de un sistema restaurativo y no punitivo.

En lo que amerita a la reforma penitenciaria, ya se ha visto que es uno de los problemas más serios por el elevado hacinamiento carcelario y sus efectos vulneratorios a varios derechos humanos, como la integridad, la salud, educación y rehabilitación, entre otros. En este punto, algunos partidos indican la necesidad de atender la temática mediante el fortalecimiento de la Dirección General de Régimen Penitenciario (MAS, PDC) y sus instrumentos de actuación.

Es también relevante mencionar el tratamiento que han hecho los partidos al uso de las nuevas tecnologías para el ámbito del sistema de justicia. Excepto por PANBOL, MTS y UCS, todos han visto la necesidad de la utilización de herramientas informáticas y digitales para agilizar los procesos, publicitarlos, evitar la corrupción y mora procesal.

Llama la atención que casi ningún partido ha dado mucha importancia a la utilización de medios alternativos de solución de controversias, solamente se detecta en las propuestas del PDC, MTS y BDN, mediante la potenciación del arbitraje y la conciliación.

Finalmente, extraña la falta de tratamiento de los partidos políticos de las cuestiones relativas al pluralismo jurídico y el funcionamiento de la Jurisdicción indígena originario campesina, reconocida constitucionalmente. Solamente Comunidad Ciudadana, el Movimiento Tercer Sistema y Unidad Cívica Solidaridad han propugnado su fortalecimiento y reconocimiento.

*La Dirección de Guardiana da la bienvenida a Marco A. Loayza Cossío, Licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Magíster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, con estudios de Diplomado en Derechos Humanos, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, así como Resolución de Conflictos. Se ha desempeñado como docente universitario de pregrado y posgrado en diversas universidades de nuestro país. Ejerció diversos cargos en la Defensoría del Pueblo, donde trabajó por más de 11 años. Desde el año 2017 ejerce funciones como Coordinador de Proyectos en Justicia y Derechos Humanos en la Fundación Construir.

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