Luego de que se han definido las candidaturas para las siguientes elecciones, es interesante comenzar a realizar el ejercicio de mirar las propuestas de los partidos y alianzas publicadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que debería ser una práctica obligatoria para todos y todas. Aunque sabemos que el sentir de cada ciudadana o ciudadano es lo que nos lleva a marcar la papeleta, deberíamos ir avanzando a un voto más consciente y una ciudadanía más madura en el juego democrático.
Es evidente que la atención está centrándose en la problemática económica, dada la crisis a la que nos ha llevado el modelo masista (evista–garcía linerista–arcista, etc.) y sobre la que muchos analistas habían alertado desde hace más de cinco años; pero debido a temas ideológicos, aderezados con soberbia y capricho, ahora nos tiene haciendo filas y filas para gasolina, pollo, arroz, fideo, aceite y otras tantas cosas; muy parecido a lo vivido en la UDP para aquellos y aquellas que nos acordamos de esa triste página de nuestra historia económica.
El presente análisis se centra en las propuestas sobre uno de los problemas estructurales que aqueja a nuestra patria desde su fundación y al que generalmente los partidos y alianzas políticas le han dado poca importancia desde siempre: se trata de la justicia, en esta oportunidad considerando tres elementos críticos: independencia, elecciones judiciales y reforma penal.
Como sabemos, uno de los puntos trascendentes de la justicia es su independencia, tan necesaria como un derecho y garantía de la persona de ser juzgada de manera imparcial, sin presiones de ningún tipo y de manera objetiva con estricto apego a la Constitución y la ley, algo que en nuestro país siempre ha sido una debilidad, puesto que el Órgano Judicial estuvo y está atado al poder político e intromisión de los otros órganos del Estado y no pocos poderes económicos, sectoriales y fácticos. Además, afectado desde la época republicana por un presupuesto pírrico, que no le permite una adecuada gestión territorial y funcional.
Dentro de las propuestas de las organizaciones políticas, lo dicho anteriormente no es ajeno en sus análisis y estados de situación, todas plantean reformas estructurales, excepto la Alianza la Fuerza del Pueblo, al parecer para don Jhonny no es un tema trascendental.
Es interesante que algunos frentes en carrera planteen entidades colegiadas apartadas del ámbito político-partidario que se encarguen de la reforma judicial, con diferentes denominaciones: Consejo Nacional de Justica (Alianza Popular), Comisión Nacional de Reforma Judicial (Morena) y Comisión de Reforma Judicial (PDC), pero con labores análogas. ¿Será que Andrónico Rodríguez y Eva Copa luego de tantos años en el aparato masista que cooptó todo el sistema de justicia, por fin vieron la luz de la necesidad de independencia, transparencia, meritocracia del aparato de justicia para plantear una reforma fuera del ámbito partidario?
Llama la atención que dentro de esa reforma estructural existe una serie de propuestas poco viables y sin un análisis más serio, como hacer desaparecer el Tribunal Constitucional Plurinacional (Alianza Unidad), que podría provocar una embolia a la mayoría de estudiosos del Derecho Constitucional; limitar irracionalmente sus competencias para que no sea una molestia al poder (Alianza Popular y Morena), que al parecer se centraron en la coyuntura actual. Desgraciadamente la labor de los autoprorrogados es tan funesta para el Estado Constitucional de Derecho que provocan este tipo de reacciones populistas y sin sentido.
Para la mayoría de los frentes, otro de los puntos cojos que afecta a la independencia del sistema de justicia es la falta de presupuesto adecuado, que se conoce por datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El asignado en los últimos nueve años al sector justicia ha representado en promedio el 0,48% de recursos del Tesoro General del Estado, cuando en otros países de la región está entre el 3% y 5% de su presupuesto.
En ese sentido, Alianza Unidad plantea el 1% del PIB para la justicia y APB Súmate y el MAS IPSP justamente el 3% del Presupuesto General del Estado. Realmente qué cinismo masista que durante todo su mandato desde el evismo al arcismo, mantuvo siempre el presupuesto de justicia en el promedio visto anteriormente que mantuvo controlado al órgano judicial y sus entidades dependientes.
Otra de las temáticas que los partidos y alianzas tocan está referida a la elección de magistrados, magistradas, consejeros y consejeras que, como sabemos, se introdujo en la Constitución Política del Estado de 2009 y que el masismo se encargó con mucho ahínco de tergiversar en las elecciones de 2011, 2017 y el ahora incompleto proceso de 2024, metiendo sus corruptas garras en la etapa de preselección, provocando que la ciudadanía tenga que votar pero no elegir, con efectos terribles conocidos por todos y todas.
Por lo señalado, los programas de gobierno en su mayoría abogan por eliminar de una u otra forma la elección popular de las autoridades máximas del sistema de justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional. Existen variantes, por ejemplo con Rodríguez (Alianza Popular), que plantea un sistema mixto de preselección entre sociedad civil y Asamblea Legislativa Plurinacional; el MAS IPSP, la creación de Comités de Supervisión que fiscalicen el proceso de preselección; APB Sumate, un Tribunal Seleccionador, y Morena, eliminando “filtros políticos” en la elección, que como se ve no desestiman la modalidad constitucional actual, pero dándose cuenta de que hay que dejar de lado a las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional de este proceso. Alianza Libertad y Progreso es el único que plantea que el proceso esté solamente a cargo del Consejo de la Magistratura bajo un procedimiento netamente meritocrático.
Finalmente, en lo que respecta a la reforma penal y penitenciaria, las propuestas son variopintas, aunque coinciden en la necesidad de rebajar el hacinamiento carcelario con diversas acciones como jornadas penitenciarias de descongestión (Alianza Popular), mayor aplicación de medidas sustitutivas entre las que se encuentra el uso de brazalete electrónico (APB Sumate, MAS IPSP, PDC) o leyes de amnistía e indulto. Es común también la opinión de partidos y frentes sobre la necesidad de modificar el Código Penal y Procesal Penal, aunque ninguna especifica si con el ánimo de mantener su línea garantista o sólo lo hacen con un ánimo de populismo penal. Mirando con temor la propuesta de Rodríguez de modificar la Ley 348, que tanta crítica le produjo hace un tiempo, veremos qué dice María Galindo al respecto.
Resulta hasta jocoso que todos hablan de mayor cantidad de cárceles, con lo cual se estaría ratificando su tendencia punitiva y no restaurativa de la justicia penal. Incluso existe un planteamiento de privatización de las cárceles (APB Sumate), siendo conscientes de que ésta no es la solución para la rehabilitación y reeducación de las personas privadas de libertad.
Como se observa del análisis con respecto a tres problemáticas puntuales de la crisis de la justicia, los planteamientos más o menos intentan responder coyunturalmente a la problemática estructural; pero ninguno considera la necesidad de que la reforma de la justicia sea mirada desde un ámbito de política pública de largo aliento. Como se ha venido haciendo desde siempre, las reformas son “parche” y muy posiblemente sólo retórica que no se cumplirá, pero que el papel aguanta.
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