El artículo 23 de la Constitución Política del Estado señala en su parágrafo primero que “toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal”, a su vez el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; igualmente el artículos 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal; sin embargo, cada día vemos que la seguridad de bolivianos y bolivianas está llevada a menos. Basta ver cualquier noticiero para sentir temor, angustia y un sentimiento de injusticia; aunque también es evidente que los medios de información explotan de la peor manera esos sentimientos, desde una prensa amarillista que tiene sólo fines comerciales.
Pero es innegable que la violencia está ahí. No hay semana que no se reporte un hecho de gravedad: la semana pasada una pareja fue acribillada en el municipio de Chimoré (Chapare), dentro de su vehículo. Las imágenes mostraban una gran cantidad de orificios de proyectiles de armas de fuego y se reportaba que las víctimas fallecieron por más de 12 heridas de bala, tal película hollywoodense.
La cosa no queda ahí, a finales del mes de abril cinco sujetos encapuchados secuestraron a un joven identificado como Michael Arrázola, mientras él se encontraba en el interior de un local en el municipio de Shinahota (Chapare), en el departamento de Cochabamba, solicitando sus captores por su liberación la suma de un millón de dólares, siendo magnánimos bajaron a 400 mil; algunos días después de manera inexplicable lo dejaron abandonado en la localidad de Bulo Bulo. Lo angustiante para sus familiares fue que los secuestradores mandaron audios e incluso se conoció una llamada telefónica sostenida entre estos y el padre de la víctima, donde se sometía a este a amenazas y presión para conseguir el rescate, tal como se hacía en la Colombia de Pablo Escobar o en el México del "Chapo" Guzmán.
Otro hecho, por demás llamativo casi en la misma región, que hasta la fecha no se ha solucionado, es el de Hernán Siancas Guzmán de 42 años, quien fue secuestrado en el municipio de Yapacani, departamento de Santa Cruz, donde nuevamente los delincuentes exigieron más de un millón de dólares de rescate. En este caso, la Policía aprehendió a supuestos implicados en el hecho, dando de manera jocosa por esclarecido el hecho, empero, sin haber rescatado a la víctima. Se tiene una prueba fotográfica remitida a la familia donde se observa al señor Siancas atado, semidesnudo, siendo apuntado por un arma de fuego, realmente espantosa imagen.
Y mejor no hablamos de los autos chutos de regalo porque ahí tenemos de paso hechos de corrupción o las supuestas recaudaciones del hasta hace pocos días Ministro de Medio Ambiente y Aguas.
Estos hechos son graves, pero se están convirtiendo lamentablemente en habituales, especialmente en zonas donde el narcotráfico campea a sus anchas, y no es por hacer quedar mal a una región como equivocadamente refirió un asambleísta nacional hace un tiempo, es una realidad, pero esta misma desgraciadamente se está repitiendo en otras áreas del país.
Aunque no queremos aceptarlo, estamos viviendo una profunda crisis de seguridad ciudadana, la cual más allá de las cifras que nos quiere hacer creer el Ministro de Gobierno, se palpa en la calle. No dejamos de escuchar de algún familiar, amistad o colega de trabajo que ha padecido un hecho delictivo, el cual en general no es denunciado, por lo que pasa a integrar la denominada cifra negra de la delincuencia, de la que no hay ningún tipo de estadística gubernamental, pero sí acrecienta el temor y la zozobra en la sociedad, porque se pasa de boca en boca.
Es evidente que la inseguridad es uno de los problemas más relevantes para la ciudadanía en su conjunto porque amenaza la construcción de una sana convivencia y principalmente socava la cultura democrática, tan llevada a menos en nuestro país.
Lo anterior sólo estaría demostrando que el Estado no cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios para hacer frente al problema, pero ojo, la solución no pasa por adoptar medidas reactivas y autoritarias. Ya se ha demostrado suficientemente que aumentar las penas de los tipos delictivos, agravar la situación de los detenidos preventivos, que acrecientan el hacinamiento en las cárceles, hacer de la medida cautelar de detención la regla y no la excepción son medidas contrarias al Estado democrático de Derecho y a la larga, generan mayor inseguridad.
La seguridad no garantizada por el Estado afecta a todos los demás derechos humanos. La delincuencia común y organizada, como en los casos mencionados, nos llevan a todas y todos hacia un sentimiento de miedo, y simultáneamente la falta de confianza, la corrupción e impunidad de servidores públicos encargados de brindarnos esa seguridad contribuyen al crecimiento de la delincuencia. Incluso, como ocurre en otras latitudes como México, Colombia o Centroamérica, vamos cayendo hacia estructuras paralelas al poder del Estado, capaces de tener dominio territorial y de la fuerza. No estamos lejos, ya se habla mucho de lugares donde Policía y/o Fuerzas Armadas no tienen pisada.
Todavía estamos a tiempo. Dentro de los niveles de criminalidad que se pueden ver en los diferentes estudios regionales aún no llegamos a tener las calificaciones de otros países. Sin embargo, si no se pone un alto, puede ser tarde. No olvidemos que Bolivia se encuentra en el centro de Sudamérica y este hecho lo convierte como país en un lugar ideal para el desarrollo de la criminalidad, principalmente organizada como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata y tráfico de personas, además del lavado de dinero y activos, sumando a nuestra falta de institucionalidad, un sistema de justicia no eficiente ni eficaz, entidades corruptas, etc. Todo esto se presenta como un caldo de cultivo interesante para organizaciones nada santas. No permitamos que esto ocurra y exijamos mayor seguridad, es nuestro derecho y una obligación del Estado.
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