La mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado el Reglamento de Preselección de Candidatos y Candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura 2023. Al parecer, en contramano de lo señalado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los Jueces y Abogados, Diego García Sayán, que en su Informe final, luego de su visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia en febrero de 2022, le recomendó al gobierno: “Acercar la justicia a la gente alejando el poder político de los procesos de selección y designación judicial”. Al final, la decisión política ha sido perpetuar el status quo, y mantener el control político de la calificación de méritos que manda la Constitución para este proceso.
Recordemos que el Relator García Sayán también exploró algunas posibilidades para mejorar los procesos de selección y nombramiento de las altas cortes. En relación al sistema de elección de las autoridades máximas del Órgano Judicial, mediante sufragio universal y directo, en la valoración crítica, el Relator Especial concluyó de manera categórica: “...dicho sistema está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas” y señaló en su Informe que este sistema “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos…”.
El Relator García Sayán identificó como problemático “al proceso de preselección de candidatos conducido y decidido por un órgano político, la Asamblea Legislativa Plurinacional”, donde la sociedad civil no tiene participación. El Relator además reiteró la preocupación sobre el hecho de que varios postulantes llegaron a la última fase del proceso de preselección con calificaciones muy bajas.
El Relator Especial también ha insistido en la prevalencia de criterios y procedimientos de designación vinculados a la calidad y mérito profesional, y al compromiso con los valores del Estado de derecho, de conformidad con los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, concluyendo: “Si bien no existe un modelo universal de procesos de selección y designación, es esencial que en estos procesos no sean los criterios ni las consideraciones de índole político los que prevalezcan”, y subrayó: “Cuanto más alejado esté el poder político de los procesos de selección y designación, mejor”.
El Relator finalmente, luego de analizar diversas propuestas, recomendó al Estado: mejorar los mecanismos de selección y designación con procedimientos más participativos y plurales; fortaleciendo la fase de la preselección, sobre los que votaría la Asamblea Legislativa Plurinacional, con propuestas generadas en un espacio pluralista y participativo. Agregó que este espacio, por su composición plural y rigor procesal, podría preparar una lista corta con un orden de prelación. La Asamblea, en principio, se atendría al orden de prelación planteado salvo que existiesen razones y motivos de fondo fundados para no hacerlo.
El Reglamento es más de lo mismo. Se mantienen los espacios de veeduría de la sociedad civil, que ya existían, y se comprometen a invitar como observadores del proceso a representantes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque se plantea como una innovación una instancia de apoyo técnico integrada por representantes de la academia, colegios profesionales, prensa y organizaciones indígenas, se deja claro que su rol es exclusivamente de mero acompañamiento, prohibiéndoles emitir su opinión públicamente, lo que además de ser una restricción indebida a la libertad de expresión en una cuestión de alto interés público, sus funciones quedan limitadas a un rol secundario que ni siquiera se les encomienda, como apoyo técnico, por ejemplo la elaboración de las preguntas y exámenes de conocimiento a los postulantes, que se reserva como atribución exclusiva de las comisiones legislativas. Serán testigos mudos de una tercera elección judicial fallida.
Las dos experiencias pasadas, las elecciones judiciales de 2011 y 2017, mostraron el fracaso de los legisladores en su misión de calificar y seleccionar a los candidatos más idóneos para estos cargos. Nuevamente se ha eludido el desafío sobre cómo se puede contener la decisión política en la selección de las más altas autoridades de la justicia boliviana. Para las y los ciudadanos de Bolivia, sólo queda una opción: apoyar y adherirse activamente a la campaña de recolección de firmas para la convocatoria del referéndum por iniciativa popular que permita la reforma constitucional de este procedimiento, estableciendo una instancia plural, técnica e independiente para la preselección de postulantes, uno de los ejes de la propuesta que busca una transformación estructural y de largo plazo del sistema de justicia.
Los actores políticos no han respondido con madurez a este reto. Es el momento de la gente, para que mediante la reforma constitucional parcial por iniciativa ciudadana sea protagonista de este cambio que el país espera.
Ramiro Orias es abogado, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Las opiniones del autor son de índole personal y no comprometen a las instituciones a las que pertenece.
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