Por Eloisa Larrea//
Hablar sólo de la huella de carbono digital significa mantener invisibilizadas las relaciones de desigualdad que se esconden entre tecnología y medio ambiente, y entre quienes explotan los recursos y quienes sufren los impactos de esa explotación.
Cuando nos referimos a la relación entre medio ambiente, tecnologías digitales y derechos humanos, la información más disponible sobre el tema es acerca de la huella de carbono digital, que son todas las emisiones de gases del efecto invernadero producidas por utilizar tecnologías de la información y comunicación (TIC). Se estima que actualmente las TIC emiten entre un 2 y un 4% de los gases de efecto invernadero. Además, entre el 60 y el 80% de esta huella proviene de los terminales (móviles, ordenadores, TV, etc.).
Éste es un tema relevante cuando empezamos a pensar cómo enfrentar los efectos del cambio climático, pero en la era digital, el impacto de las tecnologías va más allá de esta huella. Tenemos que investigar y poner el foco en otros puntos de igual importancia.
Para el desarrollo tecnológico se necesita la explotación intensiva de recursos naturales, entre ellos la minera. Los dispositivos que utilizamos están hechos a base de minerales. Sólo nuestros celulares contienen 75 elementos, de los cuales 62 son metales. Eso significa que para la elaboración de un celular se necesitan tres cuartas partes del total de elementos de la tabla periódica.
La explotación minera tiene un alto impacto en la flora y la fauna, en la destrucción de la corteza terrestre y en la salud de las comunidades, pueblos y todas las personas que se encuentran en las cercanías de las minas y consumen el agua contaminada por ellas. La relación va más allá de la huella de carbono, implica también una relación de desigualdad entre quienes aportan los recursos y viven los impactos de una explotación sin tregua de la minería, quienes producen y aprovechan de las tecnologías. Entonces, ¿sólo vamos a hablar de la huella de carbono digital? Si hablamos de derecho a un ambiente saludable y derechos digitales tenemos que considerar estas otras consecuencias.
Para empezar a pensarlo, necesitamos escuchar las voces de quienes están más cerca de estas explotaciones, que generalmente son comunidades o pueblos indígenas, cuyos reclamos se suelen invisibilizar o dejar en un segundo plano con respecto al interés económico de la explotación de recursos naturales. Apenas se cuenta con datos e información sobre los impactos que logran filtrarse, a cuentagotas, en la agenda mediática. Un ejemplo de ello son los impactos del mercurio en el agua. En Bolivia tenemos ríos con mercurio, dañando el medio ambiente y la salud de las personas, generando graves discapacidades y siendo en ocasiones letales para las niñas, niños y mujeres embarazadas. Sabemos que el oro es materia base para la industria tecnológica y que, por su extracción, los ríos se están llenando de mercurio, pero no sabemos en qué medida está siendo exportado para el desarrollo tecnológico. Poder contar con datos, información desde la localidades afectadas y posibles soluciones permitiría garantizar no sólo el derecho a la soberanía de la información, sino que se podría evaluar la situación de cada lugar con los impactos reales y movimientos sociales mejor organizados.
Si vamos a plantear una relación positiva entre tecnología y medio ambiente, debe ser para hacer mediciones de los impactos, monitoreo periódico de la contaminación y desarrollo de capacidades para las comunidades locales.
Necesitamos abordar y comprender en toda su complejidad el daño al medio ambiente y su relación con la tecnología y podemos hacerlo siempre y cuando dejemos la miopía de lado y comencemos a ampliar nuestra mirada para, de una vez por todas, dar una solución real sin que ello signifique frenar el avance tecnológico y limitar el ejercicio de los derechos digitales.
La Dirección de Guardiana da la bienvenida a la Fundación InternetBolivia.org. que desde hoy publicará una columna de opinión cada 15 días. Esta fundación explica que se trata de una organización que busca aportar a la inclusión digital, el uso crítico de la tecnología desde una perspectiva de derechos humanos y el desarrollo sostenible en Bolivia a través de acciones de investigación, diálogo y promoción de políticas públicas. La columna de hoy la escribe Eloisa Larrea, investigadora y analista de proyectos de Fundación InternetBolivia.org.
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