La gobernanza de Internet se refiere a la toma de decisiones con respecto a la gestión de la infraestructura crítica de Internet, incluyendo las capas físicas; pero también se refiere a las plataformas, contenidos y últimamente a tecnologías complementarias para la digitalización. Al ser Internet una red global, en 2005 la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS) decidió crear el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) como un espacio en el que todos los años gobiernos, empresas, sociedad civil y academia discutan y planteen conjuntamente las directrices para una Internet abierta, interoperable, neutral y segura para todos.
Este año se celebró en Noruega la vigésima edición del IGF en un contexto complejo que hace temer el potencial retroceso de la gobernanza de Internet. Esto debido a que en los últimos años hubo un mayor avance de una perspectiva multilateralista que centra a los Estados como los únicos actores relevantes en la gestión de Internet. Peor aún, esta perspectiva vino acompañada con una mayor influencia de las grandes empresas tecnológicas, las cuales ejercen mayor influencia política y encuentran en estos foros obstáculos para lograr sus objetivos, pues deben rendir cuentas e incluir a otros actores en la negociación sobre la gestión de Internet. A ello se suma que vivimos un escenario geopolítico convulsionado que erosiona la arquitectua del derecho internacional y, a la par, surgen nuevas tecnologías como las IA, las cuales aceleran una carrera por el control de éstas.
Como Fundación InternetBolivia.org hemos seguido de cerca el IGF desde hace varios años, buscando representar las necesidades de países con grandes brechas digitales y sociedades altamente diversas. Este año participamos en tres sesiones relacionadas a conectividad significativa, riesgos para los derechos humanos en entornos digitales y afectación a las poblaciones más vulnerables.
Expusimos sobre las complejidades que surgen para lograr cerrar la inclusión digital, sobre todo debido al surgimiento de nuevas tecnologías, como los satélites de órbita baja, las cuales si bien están ayudando a resolver problemas de conectividad, al mismo tiempo generan cuestionamientos con respecto a la soberanía de los datos, la asignación del espectro y la seguridad nacional. Más aún, se evidencian desequilibrios de capacidad regulatoria entre los Estados y las grandes empresas detrás de estas tecnológicas, dado que estas últimas finalmente terminan imponiendo sus condiciones a los primeros. Finalmente, surgen nuevas brechas, como aquellas referidas a las capacidades de infraestructura, cómputo y procesamiento requerido por tecnologías como las IA, las cuales no se encuentran al alcance de la mayoría de los países del Sur global.
Entrando en la situación de los riesgos para la participación y el activismo, mostramos nuestra preocupación por el abuso de las tecnologías para afectar a organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y de poblaciones LGBTIQ+ en Bolivia. Así, pudimos mostrar un reciente mapeo en el cual de las organizaciones que entrevistamos, el 77% sufrió incidentes de seguridad digital y 62% experimentó violencias digitales, de éstas más del 70% relacionan estos ataques con sus actividades de defensores/as de los derechos humanos. A partir de estos resultados, hemos venido apoyando en seguridad digital entre colectivos y organizaciones, así como en promover espacios de acompañamiento y articulación para la incidencia.
Lamentablemente, lo compartido en este espacio no es una situación aislada, sino que es un patrón que se repite en varios países de América Latina. Las tecnologías digitales se han convertido en instrumentos para que gobiernos, empresas y grupos políticos extremistas abusen de diferentes maneras de los derechos y libertades de las poblaciones más vulnerables. Ante ese panorama, el fortalecimiento de coaliciones y redes globales se ha vuelto más crítico para generar respuestas y estrategias de incidencia.
Vemos que el IGF sigue siendo un espacio crítico y necesario para que organizaciones de la sociedad civil podamos representar nuestras necesidades y aportar a la gobernanza de Internet con nuestras propias perspectivas y voces. Por ello, defendemos la vigencia de un modelo de múltiples partes interesadas y que sea inclusivo y horizontal. Y nos manifestamos en contra de todo intento de restringir o hacer desaparecer estos espacios. Tejer colaboraciones locales, regionales y globales, tanto desde el Sur como del Norte global, es la vía para dar certezas en un mundo tan incierto.
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