El 17 y 18 de julio próximos se celebrará en la ciudad de Bruselas la tercera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC, que reunirá a las y los líderes europeos, latinoamericanos y del Caribe con el objetivo de renovar y reforzar las relaciones entre ambas regiones, en un contexto político cargado de desafíos y dilemas para la sociedad internacional.
Luego de un receso de casi una década, la diplomacia birregional de las Cumbres ofrece una oportunidad histórica para construir una nueva agenda de diálogo al más alto nivel político. La próxima cumbre se ha convocado bajo el lema: "Renovar la asociación birregional para fortalecer la paz y el desarrollo sostenible".
En ese sentido, el Alto Representante y la Comisión Europea han propuesto una Nueva Agenda para las Relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe, que promueve una asociación estratégica más sólida, mediante un diálogo político reforzado, el estímulo del comercio y la inversión, y el fomento de sociedades más sostenibles, justas e interconectadas.
Si bien la nueva agenda euro-latinoamericana tendrá seguramente en el centro de sus preocupaciones los problemas globales del cambio climático, la acelerada transformación digital y la transición energética verde, al igual que la recuperación económica post pandemia y la invasión de Rusia sobre Ucrania, también deberá marcar un claro posicionamiento frente a la crisis de gobernabilidad democrática que viven diversos países de la región.
La nueva agenda de asociación regional deberá fundarse sobre un núcleo sustantivo común: la protección colectiva de la democracia como garantía de la vigencia del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en ambas regiones. La democracia representativa constituye un eje común para el diálogo y la cooperación política birregional. Esta es reconocida como esencial en sus respectivos mecanismos de cooperación e integración regional.
Así, los Estados miembros de la Organización de Estado Americanos (OEA), en la Asamblea General de 2001, aprobaron la Carta Democrática Interamericana, que incluye una cláusula democrática frente a las rupturas del orden constitucional en países de la región. Disposiciones similares se adoptaron también en el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones y Unasur. En el mismo sentido, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aprobó la “Declaración Especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”, definiendo que toda ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en uno de los Estados Miembros constituye un hecho grave que amerita la acción enérgica de la comunidad latinoamericana y caribeña.
Por su parte, el proyecto comunitario europeo tiene a la democracia entre sus valores fundacionales, y como directriz de su acción exterior común, tal como se tiene reconocido en los artículos 2º y 21° del Tratado de la Unión Europea. En 1991, la UE decidió aplicar la cláusula democrática a todos los países que quisieran firmar acuerdos comerciales con ella, a objeto de exigir a sus socios comerciales que respetaran los derechos humanos bajo la amenaza de que se suspendiera o rescindiera el acuerdo comercial, o de cooperación. Además, en diciembre de 2020, en la UE se aprobó un sistema de sanciones que permite sancionar a personas físicas o jurídicas, en cualquier parte del mundo, responsables de violaciones graves contra los derechos humanos, que recientemente ha sido ampliado a casos de corrupción.
Recordemos que en la Declaración de Santiago de 2013, suscrita en ocasión de la primera cumbre birregional, se subrayó: “que la corrupción puede socavar las instituciones democráticas, afectar el desarrollo económico y contribuir a la inestabilidad gubernamental”. Luego en la Declaración de Bruselas de 2015, adoptada por la Segunda Cumbre euro latinoamericana, se reafirmó que: “la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todas las personas constituyen el núcleo de nuestra Asociación Estratégica”, así como de manera especial de suscribió “el compromiso de luchar contra la impunidad, en particular respecto de los delitos más graves cometidos contra el Derecho internacional, en especial los contemplados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
Bajo este marco de instrumentos y compromisos internacionales, llega la región a esta tercera cita con los jefes de Estado europeos, con regresiones democráticas en varios de sus países. La región llega a la mesa con el desmantelamiento democrático en Nicaragua, con graves crímenes de lesa humanidad impunes; con el régimen de Maduro investigado por la Corte Penal Internacional, que además cierra las posibilidad de unas elecciones limpias para salir de la larga crisis en la que Venezuela se encuentra entrampada. Tenemos también los casos de El Salvador, con un régimen de excepción extendido más allá de su constitución, que ha significado la institucionalización de un sistema represivo, o el caso de Guatemala, donde las redes de corrupción han capturado al Estado, y llevan al país hacia una deriva autoritaria, con decenas de jueces y fiscales en el exilio. El espacio cívico en varios países de la región se va estrechando; cada vez más se registran casos de persecución política y los órganos judiciales pierden su independencia.
En ese sentido, la nueva agenda que la Unión Europea ha puesto en discusión “...la cooperación en materia de justicia y seguridad para hacer frente a los retos comunes que plantea la delincuencia organizada transnacional”. También resalta la importancia de “intensificar la cooperación en materia de derechos humanos, incluida la no discriminación y la igualdad de género, y aboga por una protección más destacada de los defensores de los derechos humanos y los periodistas”. Se propone avanzar en esfuerzos conjuntos para promover la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza.
Ha llegado el momento de que los países democráticos de ambas regiones pongan en la mesa de discusión una vigorosa cláusula democrática, que incorpore los temas de la nueva agenda internacional de la gobernabilidad democrática, y vincule su cumplimiento y respeto, con las posibilidades de participar y beneficiarse de este marco de cooperación birregional.
Ramiro Orias Arredondo es abogado, Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Las opiniones del autor son de índole personal y no comprometen a las instituciones a las que pertenece.
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