En el actual contexto de polarización y confrontación política que vive el país, la reforma judicial es un tema que convoca. Tal vez constituye uno de los pocos donde hay un amplio consenso en el diagnóstico; aunque paradójicamente no existe una visión común sobre el cómo abordar este desafío. La persistencia de una crisis judicial prolongada, hoy agravada por diversas situaciones de corrupción, impunidad e injerencia política, deja el sello de una amplia insatisfacción ciudadana.
Diversos órganos internacionales independientes han llamado su atención sobre los temas más críticos que hacen al desempeño judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Grupo Internacional de Expertos Independientes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han identificado la existencia de un patrón de persecución judicial a la oposición política que se cimienta en prácticas y debilidades de larga data del sistema de justicia; en particular la falta de independencia ante la injerencia política, que no ha sido erradicada y que no contribuye a las condiciones que exige un diálogo plural y auténtico tan necesario para el proceso de reforma. Recientemente el Informe sobre Bolivia del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha reiterado esta conclusión, al igual que las observaciones finales del Relator de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, quien ha dado dos recomendaciones fundamentales: a) Acercar la justicia a la gente y b) alejar la justicia del poder político.
Una primera premisa que se debe tener en cuenta para enfrentar el proceso de reforma es que este tiene que ser un proceso de reforma democrática de la justicia. En la región hemos visto cómo ciertos regímenes han promovido reformas radicales de sus sistemas de justicia, pero en clave autoritaria, buscando perpetuar el abuso y la concentración de los poderes públicos.
En ese sentido, este proceso de reforma debe preservar su carácter democrático tanto en sus contenidos como en sus procedimientos. Así, el dilema de la sociedad boliviana es: ¿Qué reformar y cómo?
Desde la recuperación de la democracia en 1982 hasta hoy, la búsqueda de una justicia independiente ha sido uno de los mayores desafíos pendientes para la vigencia del Estado de Derecho. Se podría decir que el país ha vivido un proceso de más de tres décadas de reforma judicial.
Se ha ensayado transformar la justicia desde distintas perspectivas. En un primer momento se focalizó el esfuerzo en cambiar su diseño organizacional, luego se intentó mejorar la gestión judicial; también se ha buscado reformar sus procedimientos e incluso se han experimentado los más diversos modelos de nombramiento de sus máximas autoridades; sin embargo, se mantiene el signo del desasosiego y la desconfianza.
Se han promovido reformas procesales, nuevos códigos, nuevas instituciones, reformas legislativas inacabadas, mecanismos de acceso a la justicia. Parecería que hemos intentado todo, pero nada ha funcionado de manera satisfactoria para todas y todos.
La crisis de la justicia en Bolivia no es solamente una cuestión de organización eficiente de los recursos, tampoco se trata de alguna disfuncionalidad procesal que se pueda mejorar con equipamiento, nuevos sistemas informáticos o modernizando el despacho judicial. Lo que ocurre es que, en este tiempo, no se ha enfrentado con decisión la agenda de independencia, transparencia, probidad e integridad judicial. Sin esto cualquier iniciativa de reforma no será sostenible ni duradera a largo plazo.
Así, la reforma judicial no solo es impostergable, sino que constituye la deuda pendiente que tiene el sistema político con la democracia boliviana.
Para abordar esta encrucijada, desde una perspectiva democrática, es preciso promover cambios estructurales. Pero ¿hacia dónde ir, cuando la justicia está tan dañada? La profundidad de los cambios que se necesitan debe garantizar un escrupuloso cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos reconocidos, en especial aquellos que protegen las diversas dimensiones de la independencia judicial y debido proceso.
Desde esta perspectiva, junto a un Grupo de Juristas Independientes, hemos venido promoviendo una propuesta de transformación democrática de la justicia vía referendo popular, basada en tres ejes sustanciales de reforma parcial de la Constitución.
- Jueces independientes e imparciales, modificando el sistema de selección de postulantes a las altas Cortes y Fiscal General del Estado, hoy monopolizado por la Asamblea Legislativa, que califica y designa a los candidatos que se someten a la elección popular; sistema que -como ha señalado Diego García-Sayán en sus observaciones finales- “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no ha asegurado la idoneidad en el nombramiento de esos cargos, ni ha generado legitimidad con la votación popular”. Proponemos que una Comisión Nacional de Postulaciones, que sea integrada de manera plural por ciudadanas y ciudadanos independientes y confiables, representando una pluralidad de intereses, se encargue de elaborar, sobre la base de méritos y exámenes, ternas de las cuales la Asamblea Legislativa elija por dos tercios del total de sus miembros a las personas que asumirán esas altas funciones, decisión que será refrendada mediante un referendo popular, preservando así el derecho al voto de las y los ciudadanos.
- Justicia transparente y bien administrada, estableciendo constitucionalmente un mínimo del tres por ciento del Presupuesto General para financiar los servicios judiciales, recursos que será administrados por un nuevo Consejo de la Magistratura, fortalecido en sus capacidades de gobierno judicial y rendición de cuentas, integrado por representantes del propio sistema de justicia.
- Justicia accesible e intercultural, revalorizando la Justicia Indígena, resolviendo el carácter regresivo que ha significado la Ley de Deslinde Jurisdiccional, así como estableciendo servicios judiciales en los municipios, mediante jueces de paz para la atención más cercana a los ciudadanos, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, decimos que la reforma judicial debe ser también una reforma democrática en sus procedimientos, más democrático y participativo mediante un referéndum popular, convocado por iniciativa ciudadana conforme al artículo 411 numeral II de la Constitución vigente. Aquí es necesario articular la demanda ciudadana por una nueva justicia que viene desde diversas expresiones de la sociedad civil, ya que, al parecer, el país no cuenta hoy con las condiciones políticas necesarias que aseguren un gran acuerdo nacional para la reforma judicial sostenido en la madurez del sistema político, ni las suficientes energías que aseguren la voluntad institucional de autoforma desde la propia judicatura.
Bolivia no debe perder la oportunidad de avanzar en este desafío, ni podemos seguir postergando la necesidad de una reforma judicial para la democracia. La concreción de espacios plurales de reflexión conjunta deberán ser la ruta hacia la conformación de un mecanismo plural y participativo de gobernanza que lidere el proceso de reforma.
Ramiro Orias es abogado, Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
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